ISSN: XXXX-XXXX
Volumen: xx, Número: xx, Año: 2020
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Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
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1(268)
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Tipo de Publicación: Artículo Científico
Recibido: 30/01/2025
Aceptado: 20/03/2025
Publicado: 02/05/2025
Código Único AV: e443
Páginas: 1 (267-290)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15324232
Autor:
Rosa Marleny Angeles Ñiquen
Abogada
Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal
Doctorando en Derecho
https://orcid.org/0000-0001-5875-1382
E-mail: rangelesn@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad Cesar Vallejo
País: República del Perú
Resumen
El objetivo de este estudio fue identificar y analizar la mejor evidencia
científica sobre el Lawfare, como afectación al debido proceso e
igualdad jurídica, examinando investigaciones realizadas en los últimos
5 años a nivel mundial, especialmente en América Latina, a través de
bases de datos como Scopus, Scielo, Latindex y Wos. En la metodología
se revisaron términos relacionados como Lawfare, igualdad jurídica,
debido proceso y política, descartando artículos no gratuitos o
irrelevantes. Los resultados revelaron que el Lawfare se utiliza para
deslegitimar a adversarios políticos, erosionar la democracia y
consolidar agendas neoliberales en América Latina. Se identificaron
patrones comunes, como la instrumentalización del sistema judicial, el
debilitamiento de las instituciones democráticas y la persecución de
líderes progresistas mediante acusaciones ambiguas amplificadas por
los medios. Se concluyó que el Lawfare vulnera derechos
fundamentales, debilita la confianza en las instituciones judiciales y
amplifica la polarización política, afectando el debido proceso y la
igualdad legal de los actores políticos. Para combatir este fenómeno, es
crucial fortalecer la autonomía judicial, garantizar la transparencia en
los procesos legales y fomentar la formación en derecho, permitiendo
distinguir entre procesos legítimos y el abuso del derecho.
Palabras Clave
Lawfare, debido proceso, igualdad jurídica y
política.
Abstract
The objective of this study was to identify and analyze the best scientific
evidence on Lawfare, as an impact on due process and legal equality,
examining research carried out in the last 5 years worldwide, especially
in Latin America, through databases such as Scopus, Scielo, Latindex
and Wos. In the methodology, related terms such as Lawfare, legal
equality, due process and policy were reviewed, discarding non-free or
irrelevant articles. The results revealed that Lawfare is used to
delegitimize political adversaries, erode democracy and consolidate
neoliberal agendas in Latin America. Common patterns were identified,
such as the instrumentalization of the judicial system, the weakening of
democratic institutions and the persecution of progressive leaders
through ambiguous accusations amplified by the media. It was
concluded that Lawfare violates fundamental rights, weakens trust in
judicial institutions and amplifies political polarization, affecting due
process and legal equality of political actors. To combat this
phenomenon, it is crucial to strengthen judicial autonomy, guarantee
transparency in legal processes and promote training in law, allowing
us to distinguish between legitimate processes and abuse of law.
Keywords
Lawfare, due process, legal equality and policy.
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1(270)
Introducción
En los últimos tiempos la política se ha visto
influenciada con decisiones judiciales, este
fenómeno no es ajeno en nuestro país. El Lawfare,
es una guerra jurídica, que utiliza al derecho penal
como una herramienta para bloquear o provocar el
rechazo popular contra un adversario político. En ese
sentido, en el continente asiático, China considera, el
Lawfare como una guerra legal de alcance
transnacional, caracterizada por conflictos donde se
busca establecer reglas o estándares, controlar al
adversario mediante la ley o emplearla como
herramienta para limitarlo (West y Insisa, 2024).
De igual forma, en el continente europeo,
España advierte que en los delitos de terrorismo se
emplean como herramientas judiciales para
desgastar al adversario político (Vivancos, 2020).
Asimismo, en EE. UU, se advierte que la cultura de
los derechos humanos, establecida como un estándar
universal con la Declaración de 1948, ha perdido
relevancia frente a dinámicas actuales como el
Lawfare, la influencia de redes sociales y la
impunidad estatal, influenciados por intereses
económicos, tecnológicos y políticos (Nina, 2022).
Por otro lado, en América Latina, el Lawfare
es empleado para perseguir enemigos políticos,
desestabilizar gobiernos y consolidar agendas
neoliberales; el sistema judicial y mediático se
articulan para legitimar esta práctica (Romano,
2021). Asimismo, la complejidad del Lawfare
plantea la posibilidad de responder a sus abusos
mediante la criminalización de esta práctica, ya que,
el uso indebido del sistema de justicia penal tiene
consecuencias irreversibles, una persona absuelta
tras ser encarcelada no puede recuperar el tiempo
perdido ni reparar el daño emocional o físico sufrido;
este impacto trasciende al individuo, afectando a
toda la sociedad y debilitando la confianza en las
instituciones (Vegh, 2023).
De igual forma, en Perú, tras las elecciones
presidenciales de 2021 como un momento clave en
la historia, se ve reflejada una crisis sociosanitaria,
cuestionamientos al sistema político, y una marcada
polarización entre el modelo neoliberal y propuestas
reformistas (Mendoza & Goite, 2020). Conllevando,
en el 2022 a la judicialización de la política en el
marco del Lawfare, afectando significativamente el
principio de presunción de inocencia, poniendo en
riesgo la independencia del sistema judicial
(Gonzales, 2024). En ese sentido el Lawfare provoca
consecuencias legales y lesiona los derechos de los
individuos que gestionan un Estado (Luque, et al.,
2020).
En cuanto, al debido proceso penal constituye
un conjunto integral de principios, derechos y
garantías fundamentales consagrados en la
Constitución, los tratados internacionales y la
legislación procesal penal, tanto en la normativa
penal ordinaria como en las leyes especiales. Su
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1(271)
objetivo es garantizar un marco de seguridad jurídica
que regule las actuaciones investigativas y
procesales del Estado o de los acusadores,
asegurando la protección de los derechos del
imputado frente al poder punitivo (Sandoval, 2022).
Ante ello, cabe señalar que el debido proceso es la
principal garantía de la dignidad humana en el
aspecto jurídico (Ruiz, 2023).
Por otro lado, la igualdad ante la ley es el
derecho que garantiza que todas las personas reciban
la misma protección por parte de la ley, evitando
cualquier tipo de trato desigual o discriminatorio que
pueda resultar injusto (Piñas et al., 2019). De este
modo, es necesario identificar cuándo una autoridad
toma en cuenta características que no deberían
influir o, por el contrario, omite aquellas que
deberían ser relevantes según la Constitución
(Arriagada et al., 2023).
Por lo expuesto, esta investigación se realiza
con el objetivo académico de analizar y reflexionar
sobre el impacto del Lawfare como afectación al
debido proceso e igualdad jurídica. De esta manera,
contribuir a la tesis sobre sus efectos negativos en la
legitimidad de las instituciones democráticas e
independientes enfatizando su uso en coartar la
participación política y debilitar a actores contrarios
a intereses hegemónicos. Es decir que, a lo largo de
nuestra historia republicana, la política y los
liderazgos han transformado al Estado en un
organismo desvinculado de la soberanía,
subordinado al poder financiero y a actores de poder
no institucionales (Manrique, 2019).
En ese mismo contexto, la relevancia reside en
la necesidad de identificar patrones comunes en el
uso del Lawfare y su impacto en el debido proceso e
igualdad jurídica; dado que, los entes de justicia
deben mantenerse autónomos e imparciales sin
interferir en la política, impidiendo que el proceso
penal se convierta en un instrumento para
deslegitimar figuras políticas. Además, la
justificación práctica de este estudio se basa en que,
a partir de los hallazgos, se plantea la necesidad de
respetar los derechos de los líderes progresistas en la
política y construir un sistema judicial equitativo y
no instrumentalizado.
Metodología
En relación con la metodología se efectuó un
estudio y revisión sistemática de 50 artículos
científicos, relacionados al tema, con la búsqueda de
información en revistas indexadas gratuitas a nivel
de mundial, en los repositorios digitales de Scopus,
Scielo, Latindex y Wos en un período de publicación
no mayor a cinco años. Del mismo modo, se realizó
procedimientos metodológicos, estructurándolos de
forma organizada y sistemática a lo largo del proceso
de investigación; con una metodología, diseño y
enfoque, orientados a la búsqueda de la verdad y
garantizando su reproducibilidad (Auris et al., 2022).
El diseño y el sitio del estudio
La investigación fue de tipo cualitativa a
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1(272)
través de una revisión sistemática de artículos
científicos de alcance mundial, con especial énfasis
en América Latina, para ello, se utilizó una matriz
analítica cuya información contenía: nombre del
autor o autores, año, título, fuente, contexto del
estudio, indexación, DOI y referencias. Asimismo,
la producción de datos se efectuó en el periodo de
noviembre – diciembre de 2024.
Criterios de elegibilidad
Tipos de participantes: se manejaron
estudios relacionados con el tema de investigación
utilizándose para ello las categorías seleccionadas
por la autora, dejando fuera las investigaciones que
no estén vinculadas con el tema en estudio o que no
tengan notoriedad jurídica y/o social. El objetivo fue
investigar los conocimientos que existen sobre el
Lawfare como afectación al debido proceso e
igualdad jurídica para actores de la política. Tipos de
resultados: Se optaron por estudios relacionados al
tema y variable, así como el impacto de estos.
Búsqueda de estudios
Se efectúo una búsqueda de investigaciones
en las bases de datos Scopus, Scielo, Latindex y Wos
de preferencia en idioma español, teniendo en cuenta
para la búsqueda las categorías: Lawfare, debido
proceso, igualdad jurídica y política; todo ello en el
periodo comprendido desde el año 2019 al año 2024,
en países de Asia, Europa y América Latina.
Selección de estudios
Se utilizó las investigaciones que cumplían
con los criterios de calidad, ejecutando una búsqueda
exhaustiva de los mejores estudios en los
repositorios disponibles con una debida filtración, y,
una primera selección basada en los títulos, resumen
e introducción de cada hallazgo, posteriormente se
realizó el análisis completo de los estudios
selecciones para consolidar los resultados del tema
de investigación y finalmente los aportes ayudaron a
fortalecer la discusión y conclusiones del tema;
consecuentemente, se efectuó una debida
transparencia y ética, evidenciando el resultado a
través de la Figura 1 del Diagrama de flujo PRISMA
y del Gráfico 1, Porcentaje y cantidad de artículos
por revista.
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TEMA:
LAWFARE COMO AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO E
IGUALDAD JURÍDICA PARA ACTORES DE LA POLÍTICA
LATINOAMERICANA: REVISION SISTEMATICA
BUSQUEDA DE LITERATURA CIENTIFICA
Se realizó una búsqueda de investigaciones en las bases de datos Scopus, Scielo, Latindex y Wos,
abarcando el período de 2019 a 2024, a nivel global, con un enfoque particular en América Latina.
Inicialmente, se analizaron los títulos y resúmenes, sin limitar el idioma.
Artículos eliminados: filtrados en
base al tema y resumen (n=17)
Latindex:6; Scielo:7; Scopus: 4
Artículos excluidos por
duplicidad (n=02)
Scopus: 01; Latindex: 01
Artículos evaluados por elegibilidad
(n=31)
Latindex:15; Scielo:8; Scopus: 6;
Wos:2
Revisión artículos no elegibles
(n=11)
Latindex: 6; Scielo:1; Scopus: 3,
Wos:1
Total, de artículos incluidos en la
revisión sistemática (n= 20)
Resultados de la búsqueda (n=50)
Ø Latindex: 22 artículos
Ø Scielo: 15 artículos
Ø Scopus: 11 artículos
Ø Wos: 02 artículos
Figura 1. Diagrama de flujo (PRISMA) de selección de artículos
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Gráfico 1. Porcentaje y cantidad de artículos por revista
Los 20 artículos científicos seleccionados se
distribuyeron según la base de datos de la siguiente
manera: Latindex predominando con el 45% (9
artículos), Scielo con el 35% (7 artículos), Scopus
con el 15% (3 artículos) y, por último, Wos con el
5% (1 artículo).
Igualmente, respecto a las localizaciones
geográficas de los artículos científicos escogidos, 17
corresponden a países de América Latina y 3
corresponden al continente europeo y asiático. La
suma total de 20 artículos de acuerdo con el país
pertinente se especifica en la Figura 2.
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Figura 2. Mapa que ilustra la ubicación de artículos científicos seleccionados
Resultados
Las estrategias de búsqueda dieron 50
referencias. Durante el proceso de selección, se
eliminaron 17 referencias que no cumplían con los
criterios de inclusión tras revisar el título y el
resumen, y, tras revisar se encontraron 2 referencias
duplicadas (primer paso).
Las 31 referencias seleccionadas fueron
leídas para confirmar la elegibilidad (segundo paso).
La revisión de las 31 referencias de texto completo
seleccionadas resultó en la exclusión de 11 estudios
que no cumplían con los criterios de inclusión.
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1(276)
Tabla 1. Consolidado 20 artículos clasificados, periodo 2019-2024
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Tabla 1 (Continuación). Consolidado 20 artículos
clasificados, periodo 2019-2024
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Tabla 1 (Continuación). Consolidado 20 artículos
clasificados, periodo 2019-2024
Fuente: Elaboración propia (2024)
Los resultados de los 20 estudios restantes
relacionados al tema se presentan a continuación de
manera descriptiva y concisa:
El primer artículo, presentado por Estrada
(2019), concierne a un artículo efectuado en
Naciones Unidas; trataba sobre la importancia del
principio de igualdad ante la ley en el derecho
internacional y los derechos humanos, destacando su
conexión con la no discriminación y su desarrollo
histórico desde el derecho internacional clásico hasta
su consolidación en el siglo XX con instrumentos
como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Se analizaron tratados clave, como la
Convención Internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial, así como
desafíos actuales, como las desigualdades que
afectan la dignidad humana de todas las personas en
situación de vulnerabilidad. Asimismo, se abogó por
una interpretación inclusiva que incorpore medidas
redistributivas y acciones afirmativas para garantizar
una protección equitativa para todos.
El segundo artículo, presentado por Alfaro, et
al., (2020), concierne a una investigación efectuada
en Ecuador; el artículo identificó cinco elementos
clave para garantizar un debido proceso penal:
capacidad funcional, legitimación, procedibilidad,
jurisdicción y competencia. Estos presupuestos están
vinculados a principios como la legalidad, igualdad
y presunción de inocencia, esenciales para una
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1(279)
justicia transparente e imparcial. Los autores
destacaron que el cumplimiento de estos elementos
fortalece la confianza pública en el sistema judicial
y contribuye a un derecho penal más democrático y
humano.
El tercer artículo, elaborado por Luque, et al.,
(2020), efectuó un estudio original llevado a cabo en
Ecuador; examinó el levantamiento indígena de
2019 explorando cómo el Lawfare se utilizó para
criminalizar las protestas, destacando la importancia
del pluralismo jurídico en la defensa de los derechos
colectivos.
El cuarto estudio, presentado por León (2020),
realizó una investigación en América Latina (Brasil-
Ecuador); sobre el Lawfare como una estrategia que
utilizó el sistema judicial y los medios para perseguir
y deslegitimar a políticos progresistas en América
Latina, descrito como una "guerra no convencional",
empleando la ley para restaurar el neoliberalismo,
moldear el poder estatal y debilitar gobiernos de
izquierda. Casos en Ecuador y Brasil evidenciaron
cómo estas tácticas desinstitucionalizan el Estado y
manipulan la opinión pública.
La quinta investigación, presentada por
Blajean & Delgado (2021), estudio original
histórico-hermenéutico. Analizaron el Lawfare en
Argentina, definido como una estrategia para
perseguir y neutralizar opositores políticos mediante
el uso desvirtuado de la ley. Se destacó la
colaboración entre sectores del poder judicial y
medios de comunicación, que amplificaron
narrativas basadas en denuncias ambiguas. Casos
como el de Cristina Fernández de Kirchner
ejemplifican cómo esta práctica mina la legitimidad
judicial y debilita la democracia.
El sexto artículo, presentado por Fonseca &
Miró (2022), el texto examinó cómo Rusia y China
instrumentalizaron el derecho y el ámbito de la
información para alcanzar objetivos estratégicos en
relaciones internacionales. Abordaron tres enfoques
principales: el Lawfare occidental, que usa el
derecho como arma para debilitar al adversario; la
doctrina rusa de maskirovka, basada en la
desinformación para ocultar intenciones
geopolíticas; y el enfoque chino de falu zhan, que
manipuló el derecho internacional para controlar al
adversario y justificar acciones estratégicas.
Mientras en Occidente el debate fue defensivo y
emergente, Rusia y China ya implementaron estas
prácticas como herramientas clave en su estrategia
geopolítica.
El séptimo artículo, expuesto por Sierra-
Zamora & Castaño-Bedoya (2022), alusivo a una
investigación ejecutada en Colombia; a través del
método deductivo utilizando la técnica descriptivo-
correlacional. Exploraron las características de las
guerras híbridas, irrestrictas y jurídicas, destacando
el Lawfare como un elemento central en los
conflictos modernos. Argumentaron que el Lawfare
es utilizado para deslegitimar adversarios políticos y
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militares mediante la manipulación de sistemas
legales.
El octavo estudio, presentado por Smulovitz
(2022), examinó la evolución del Lawfare en
América Latina desde 2016, señalando cómo el
término combina la ley con objetivos de guerra
política; se analizaron casos emblemáticos de
expresidentes acusados de corrupción,
argumentando que el Lawfare reflejo una creciente
desconfianza en las instituciones judiciales y un
contexto de alta polarización política.
El noveno artículo, elaborado por Garay &
Simison (2023), abordaron los desafíos enfrentados
en Argentina por el gobierno de Alberto Fernández
en el 2022, donde los procesos judiciales por
corrupción y las denuncias de una batalla legal del
gobierno contra el poder judicial incrementaron
divisiones en la población, aumentando la crisis
económica, social y judicial. Además, analizó cómo
el oficialismo utilizó el concepto de Lawfare para
denunciar una persecución contra Cristina
Fernández de Kirchner, lo cual intensificó la
polarización política.
El décimo artículo, ofrecido por Benítez, et al.,
(2023), concerniente a un estudio original con un
enfoque de análisis y comparación, efectuado en
América Latina; abordaron el impacto del Lawfare
en la democracia constitucional en América Latina,
analizando casos de líderes políticos como Lula da
Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo
Petro. Destacando la instrumentalización del
derecho para fines políticos y la necesidad de
fortalecer las instituciones judiciales para proteger la
democracia.
El undécimo apartado, elaborado por Barros &
De Albuquerque (2023), relacionado a una
investigación original llevada a cabo en Brasil;
exploraron los conceptos de Lawfare y
Schadenfreude y su impacto en el ámbito jurídico. El
Lawfare, uso indebido de la ley con fines políticos,
económicos o militares, como estrategia para
deslegitimar o incapacitar a adversarios se
ejemplifica en la Operación Lava Jato en Brasil. El
Schadenfreude, placer ante el sufrimiento ajeno,
influye negativamente en decisiones judiciales,
socavando la imparcialidad.
El duodécimo artículo, presentado por Laise
(2023), analizó el concepto de Lawfare como un
mito político defectuoso en Brasil y Argentina,
utilizado para denunciar persecuciones judiciales
contra líderes progresistas mediante la
instrumentalización del sistema judicial y los medios
de comunicación, con el propósito de debilitarlos
políticamente en favor de intereses hegemónicos.
Sin embargo, critica la ambigüedad y falencias
teóricas del término, al no diferenciar claramente
entre persecución política y legítima acción judicial.
Propuso un enfoque crítico que garantice el respeto
a las garantías procesales básicas y evite umbrales
diferenciados según el perfil político del acusado.
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1(281)
El decimotercer artículo, presentado por Ruiz
(2023), examinó el debido proceso en el Perú como
un derecho fundamental y principal garantía
constitucional. Su origen se remonta al derecho
romano, evolucionando a través de sistemas como el
anglosajón hasta su formalización en la Constitución
peruana de 1993 (art. 139). Este derecho-principio
asegura legalidad y equidad en los procedimientos,
limitando las arbitrariedades del Estado y
protegiendo la dignidad humana en un Estado
democrático. Se estructuró en dimensiones formales
(juez natural, motivación de resoluciones, derecho
de defensa) y sustantivas (razonabilidad y
proporcionalidad). Además, se analizaron
problemáticas en su aplicación judicial y
administrativa, subrayando su rol clave en la tutela
de derechos ciudadanos.
El decimocuarto estudio, presentado por Sáenz
(2023), analizó cómo los sistemas judiciales en
América Latina se han instrumentalizado
políticamente. El Lawfare persigue líderes
progresistas mediante acusaciones débiles y
violaciones al debido proceso, mientras que el
populismo punitivo utiliza políticas de “mano dura”
para criminalizar a sectores vulnerables. Ambos
fenómenos configuraron el “momento punitivista”,
donde el sistema judicial refuerza la exclusión, la
represión y el autoritarismo bajo una fachada legal.
El decimoquinto artículo, presentado por
Tammi (2023), efectuó una investigación en Siria;
analizó cómo el “Lawfare”, o uso estratégico del
derecho internacional, afecta la seguridad
humanitaria en conflictos como el de Siria,
exponiendo cómo la manipulación de principios
legales permitió justificar ataques, dificultar la ayuda
humanitaria y aumentar los riesgos para trabajadores
humanitarios, exacerbando la violencia y la
impunidad.
El decimosexto artículo, presentado por
García (2024), analizó la evolución de la democracia
en Perú desde 2001 hasta el fallido autogolpe de
Pedro Castillo en 2022. El autor identificó una
creciente inestabilidad política, marcada por la
fragmentación del sistema de partidos, la falta de
institucionalidad y el diseño del presidencialismo
peruano, que combina elementos parlamentarios.
Estas características generaron tensiones entre el
Ejecutivo y el Legislativo, frecuentes cambios de
gobierno y el uso recurrente de mociones de censura
y vacancia presidencial. A pesar de estos desafíos, el
sistema democrático demostró cierta resiliencia,
aunque persisten riesgos estructurales que amenazan
su sostenibilidad.
La decimoséptima investigación, mostrada por
Luque & Rojas (2024), está relacionada a un estudio
original efectuado en Ecuador; bajo el análisis
normativo histórico y estudio legal de las sentencias.
Examinaron el caso de Jorge Glas en Ecuador,
destacando cómo el uso del habeas corpus expuso
inconsistencias legales y una posible politización de
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la justicia, reflejando la práctica del Lawfare en el
contexto ecuatoriano.
El decimoctavo estudio, desarrollado por
Márquez (2024), examinó el conflicto de baja
intensidad en México, analizando cómo el Lawfare
fue empleado para criminalizar opositores políticos
en un contexto de militarización de la seguridad
pública y presencia del narcotráfico.
El decimonoveno estudio, expuesto por Páez
(2024), está referido a una investigación efectuada
con enfoque metodológico basado en la revisión
documental. Analizó la relación entre el Lawfare y
el derecho penal en América Latina, centrándose en
casos como Lava Jato en Brasil y el caso “Sobornos”
en Ecuador. Destacó el impacto de esta práctica en
la polarización política y el debilitamiento de la
confianza en las instituciones democráticas.
El vigésimo estudio, presentado por Schwartz
(2024), examinó las elecciones de 2023 en
Guatemala, donde Bernardo Arévalo, del
Movimiento Semilla, ganó la presidencia
enfrentando tácticas de Lawfare y criminalización de
opositores. Aunque inicialmente fueron diseñadas
para consolidar el autoritarismo, las elecciones
marcaron un punto democrático gracias a la
movilización indígena, juvenil y el apoyo
internacional. Destacó que los intentos de perturbar
el proceso electoral por actores judiciales y políticos
corruptos fueron contrarrestados por la oposición.
Discusión
La revisión de los artículos seleccionados
sobre el Lawfare en el mundo, en especial en
América Latina ofrece un panorama diverso sobre
cómo esta estrategia se aplica y afecta diferentes
contextos sociopolíticos. En términos generales, la
mayoría de los estudios coinciden en que el Lawfare
es una estrategia que utiliza la ley como herramienta
para perseguir o deslegitimar adversarios políticos.
especialmente a aquellos que representan
alternativas progresistas o críticas al statu quo. Este
fenómeno no solo pone en peligro la estabilidad
democrática, sino que también afecta la confianza en
las instituciones judiciales y en el sistema político en
su conjunto. A continuación, se examinan las
principales coincidencias y discrepancias relevantes
entre los investigadores.
En este sentido, Luque et al., (2020), León
(2020), Blajean y Delgado (2021) y Páez (2024)
coinciden en que el Lawfare se manifiesta
principalmente en el ámbito judicial, donde se
emplean procesos legales para criminalizar protestas
sociales, disidencias políticas y gobiernos
progresistas. Un ejemplo claro de esta práctica se
observa en el levantamiento indígena en Ecuador
(Luque et al., 2020), donde el uso de la ley para
criminalizar las protestas y deslegitimar las
demandas sociales fue evidente. Este patrón que
también se repite en Brasil y Argentina, donde las
acusaciones de Lawfare fueron empleadas para
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neutralizar a líderes políticos como Cristina
Fernández de Kirchner y Luis Inácio Lula da Silva
(León, 2020; Blajean & Delgado, 2021). De igual
forma, Páez (2024) expone cómo el Lawfare en
Brasil, a través de la Operación Lava Jato,
intensificó las fracturas ideológicas entre quienes
apoyaban al partido de los trabajadores y aquellos
que lo percibían como un símbolo de corrupción, no
sólo deslegitima a los opositores políticos, sino que
alimentó un proceso de polarización política que
sigue afectando a ese país.
Además, estos estudios destacan la estrecha
relación entre Lawfare y polarización política, una
tendencia que se observa particularmente en
América Latina, donde los sistemas judiciales se
convierten en una extensión de la lucha política, algo
que fue ampliamente documentado por Smulovitz
(2022), Sáenz (2023) y Garay & Simison (2023).
Estos autores coinciden en argumentar que el
Lawfare se ha convertido en un elemento clave de lo
que algunos denominan el “momento punitivista”,
donde el sistema judicial se utiliza para excluir,
perseguir y castigar a líderes políticos y sectores
sociales que representan una amenaza al poder
establecido.
Por su parte, Benítez et al., (2023) y Luque &
Rojas (2024) coinciden en señalar cómo el Lawfare
representa una amenaza significativa para los
derechos fundamentales y la estabilidad democrática
en América Latina. Ambos estudios destacan que
esta práctica socava la confianza en las instituciones
y polariza aún más a las sociedades afectadas. Sin
embargo, mientras que Benítez et al., (2023) adoptan
un enfoque más estructural, enfocándose en las
deficiencias normativas y las irregularidades
judiciales que permiten que el Lawfare prospere,
Luque & Rojas (2024) se centran en el análisis de un
caso específico, el de Jorge Glas en Ecuador, como
un ejemplo concreto de cómo el habeas corpus puede
convertirse en una herramienta de resistencia frente
a estas dinámicas.
Esta diferencia en el nivel de análisis refleja
enfoques complementarios: uno teórico y
comparativo frente a otro empírico y contextual.
Además, mientras Benítez et al., (2023) critican la
insuficiencia de los sistemas de frenos y contrapesos
como un factor clave en la perpetuación del Lawfare,
y Luque & Rojas (2024) enfatizan las implicaciones
del uso mediático y político del sistema judicial en
casos específicos, alertando sobre cómo estas
prácticas pueden reforzar narrativas polarizantes y
erosionar la percepción de imparcialidad de las
instituciones judiciales.
Del mismo modo, Smulovitz (2022), resalta
cómo esta estrategia alimenta la desconfianza en las
instituciones judiciales, coincidiendo con Sáenz
(2023) quien argumenta que el uso de acusaciones
débiles y el abuso del debido proceso, afectan la
justicia y equidad, situaciones comunes en este
contexto, lo que contribuye a la desestabilización de
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las democracias latinoamericanas. Garay & Simison
(2023) también agregan que, además de la
persecución de líderes políticos, esta práctica
refuerza la polarización social, dividiendo a la
población, así como a los actores políticos y
judiciales en bloques de enemigos irreconciliables.
Otro aspecto clave, es la función primordial
que desempeñan los medios de comunicación en la
amplificación del Lawfare. Blajean & Delgado
(2021) señalan que, en Argentina, los medios de
comunicación actuaron como un vehículo para
justificar las acusaciones contra Cristina Fernández
de Kirchner, contribuyendo a la creación de una
narrativa que justificaba la persecución judicial
contra ella. De manera similar, Barros y De
Albuquerque (2023) evidencian cómo los medios en
Brasil, durante la Operación Lava Jato, ayudaron a
consolidar una narrativa que no solo buscaba
deslegitimar a líderes progresistas como Lula Da
Silva, sino que también reforzaba prejuicios sociales
y culturales, como el Schadenfreude, alimentando la
idea de que los opositores políticos merecían el
sufrimiento que enfrentaban debido a sus acciones
previas.
Este fenómeno, como explican ambos autores,
tiene un impacto profundo en la opinión pública, ya
que se nutre de emociones adversas hacia los
individuos perseguidos, generando un clima de
hostilidad hacia los líderes progresistas y
fomentando una visión polarizada de la realidad
política.
De igual manera, Sierra-Zamora y Castaño-
Bedoya (2022) y Márquez (2024), coinciden en su
enfoque sobre el Lawfare como un mecanismo
utilizado para deslegitimar a los adversarios
políticos mediante la manipulación de sistemas
legales. Sin embargo, abordan este fenómeno en
contextos diferentes, lo que genera algunas
diferencias en sus enfoques. Mientras que Sierra-
Zamora & Castaño-Bedoya (2022) se centran en el
contexto de las guerras híbridas en Colombia, donde
el Lawfare se inserta en un conflicto armado s
amplio que incluye actores políticos, guerrilleros y
paramilitares, destacando la guerra jurídica como
una extensión de la violencia. Por su parte Márquez,
analiza la situación en México, donde el Lawfare se
emplea para criminalizar opositores políticos en un
contexto de militarización de la seguridad pública y
narcotráfico, lo que cambia las dinámicas de su
utilización en comparación con el contexto
colombiano.
Sin embargo, no todos los estudios coinciden
en todos los aspectos del fenómeno del Lawfare. Por
ejemplo, mientras que la mayoría de los estudios
coinciden en que el Lawfare es una herramienta para
socavar la democracia y las instituciones judiciales,
algunos estudios adoptan una postura más crítica
sobre la utilización del término en ciertos contextos.
Laise (2023), en su investigación sobre Brasil y
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Argentina, argumenta que el concepto de Lawfare ha
sido utilizado de manera ambigua y, en algunos
casos, ha sido un pretexto para denunciar
persecuciones judiciales legítimas contra figuras
políticas de izquierda. Laise (2023) por su parte
critica la falta de claridad en la definición de
Lawfare, señalando que no siempre se distingue
entre la persecución política legítima y las acciones
judiciales que son parte de un proceso democrático.
En este sentido, cuestiona la validez de utilizar
el término Lawfare para describir todo acto de
persecución judicial que pueda estar vinculado a
intereses políticos, sin un análisis más profundo de
la situación jurídica y política que rodea a cada caso.
Esta postura contrasta con la visión de otros autores,
como León (2020), que defiende una interpretación
más estricta de Lawfare como un fenómeno diseñado
para deslegitimar y destruir a actores políticos a
través de la manipulación del sistema judicial.
Otro aspecto que presenta algunas diferencias
en la literatura sobre el Lawfare es el alcance de su
influencia en las relaciones internacionales y en
contextos fuera de América Latina. En este sentido,
los estudios de Fonseca & Miró (2022) y Tammi
(2023) amplían el análisis del Lawfare a nivel global.
Fonseca & Miró (2022) exploran cómo potencias
internacionales como Rusia y China han adoptado el
Lawfare como una herramienta de estrategia
geopolítica, manipulando el derecho internacional
para alcanzar objetivos políticos y económicos.
Según estos autores, el Lawfare se ha convertido en
una pieza central de las relaciones internacionales,
donde la manipulación de principios legales, como
la desinformación (en el caso de Rusia) y el control
del derecho internacional (en el caso de China), se
utiliza para debilitar a los adversarios y justificar
acciones políticas. Por otro lado, Tammi (2023)
examina el uso del derecho internacional en Siria,
donde el Lawfare se emplea para justificar ataques
militares y dificultar la ayuda humanitaria,
exacerbando la violencia y la impunidad en el
conflicto. Estos estudios amplían la comprensión del
Lawfare más allá del contexto latinoamericano,
sugiriendo que este fenómeno tiene un alcance
global y se utiliza de manera estratégica en la arena
internacional.
A pesar de estas diferencias, algunos estudios
sobre el Lawfare coinciden en que la sociedad civil
desempeña un rol esencial en la resistencia a esta
estrategia. Schwartz (2024) destaca cómo, a pesar de
los intentos de manipulación judicial en Guatemala
durante las elecciones de 2023, la movilización
indígena y juvenil, junto con el apoyo internacional,
logró contrarrestar las tácticas de Lawfare y
garantizar una victoria democrática. En este
contexto, García (2024) coincide también en señalar
que, en el caso peruano, a pesar de la creciente
inestabilidad política y el uso instrumental del
sistema judicial, los movimientos sociales y la
movilización ciudadana han logrado frenar ciertos
intentos de manipulación judicial y han demostrado
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que es posible resistir el autoritarismo y la
instrumentalización del derecho. Estos casos ilustran
que, a pesar de los desafíos, la sociedad civil puede
desempeñar un papel crucial en la protección de la
democracia y los derechos fundamentales frente a la
amenaza del Lawfare.
Por otro lado, el Lawfare plantea serias
amenazas a derechos fundamentales como el debido
proceso y la equidad jurídica frente a la ley.
Coincidiendo Ruiz (2023) y Alfaro et al., (2020) por
su parte Ruiz (2023), subrayó cómo en el Perú el
debido proceso, es reconocido constitucionalmente,
esencialmente para limitar abusos y garantizar la
dignidad humana. Asimismo, Alfaro et al., (2020)
complementan este análisis al identificar cinco
elementos clave que garantizan una justicia
transparente e imparcial: capacidad funcional,
legitimación, procedibilidad, jurisdicción y
competencia.
De igual manera, Estrada (2019) destacó que
el principio de igualdad jurídica, establecido en
acuerdos internacionales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, es un pilar
esencial para garantizar la justicia y prevenir la
discriminación. Sin embargo, el Lawfare socava este
principio al instrumentalizar el derecho en favor de
intereses políticos y económicos, generando
desigualdades estructurales que afectan
especialmente a grupos vulnerables.
Conclusiones
El fenómeno del Lawfare se ha consolidado
como una estrategia transnacional de conflicto
político que afecta profundamente los sistemas
judiciales, la democracia y los derechos
fundamentales en diversas regiones del mundo. En
Asia, Europa, China, Rusia y otros actores
internacionales lo emplean como una herramienta
para avanzar en sus objetivos estratégicos.
Esta práctica no solo socava la credibilidad
de los sistemas judiciales, sino que también afecta el
principio del debido proceso y la equidad jurídica,
elementos que son fundamentales para asegurar la
equidad, la justicia y la salvaguarda de los derechos
humanos. Además, el Lawfare se convierte en un
medio para consolidar agendas neoliberales o
intereses hegemónicos, transformando la política en
un juego de poder donde las reglas del derecho se
aplican de manera selectiva y manipulativa,
marginando a actores progresistas y desfavoreciendo
a aquellos que se oponen a las estructuras de poder
establecidas.
En América Latina, el uso del derecho como
una herramienta para perseguir a opositores políticos
y desestabilizar gobiernos, ha sido un rasgo común
en países como Brasil, Ecuador, Argentina y Perú.
El Lawfare, al ser ejecutado a través de la
manipulación del sistema de justicia y la
colaboración con los medios informativos, genera
una distorsión del proceso judicial, va en contra de
los fundamentos de la justicia y la equidad a nivel
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mundial, debilitando la fe de la población en las
entidades democráticas y en el Estado de Derecho.
En el contexto peruano, el Lawfare se ha
manifestado de manera particularmente aguda tras
las elecciones presidenciales de 2021, con un clima
de polarización política y la judicialización de la
política, lo que ha afectado gravemente la
presunción de inocencia y la independencia del
sistema judicial. La crisis económica, social y
política ha acompañado estos procesos, y las
disputas entre los poderes del Estado, han puesto en
evidencia cómo el uso indebido del derecho puede
tener consecuencias profundas en el bienestar
colectivo, al destruir la confianza en las instituciones
y debilitar las bases del Estado democrático.
El impacto del Lawfare también se ve
reflejado en la afectación del derecho al debido
proceso penal, que es un conjunto de garantías
fundamentales consagradas en la Constitución y los
acuerdos internacionales, y cuyo objetivo es
asegurar que los individuos imputados de un delito
sean tratados de forma justa y equitativa en el marco
de un juicio. Este principio es clave para asegurar
que el poder del Estado no sea utilizado de manera
arbitraria o injusta contra los ciudadanos,
garantizando que el derecho penal no se transforme
en un medio para la represión política.
Se concluye, que el Lawfare, tiene efectos
destructivos en la democracia, y debe ser rechazado
enérgicamente, siendo de urgente necesidad
fortalecer la independencia judicial y los principios
del debido proceso e igualdad jurídica en los
sistemas legales para actores de la política. Esto
incluye implementar reformas organizadas para
garantizar la imparcialidad de las instituciones
judiciales y promover mecanismos de control
ciudadano que limiten la captura política y
económica de estas, en concordancia con los
principios de legalidad y transparencia con estricto
respeto a los derechos esenciales de todos los
individuos, independientemente de su afiliación
política. Además, es esencial educar a la ciudadanía
y fomentar el pensamiento crítico para contrarrestar
narrativas polarizantes promovidas por los medios
de comunicación.
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Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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