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1(695)
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1(696)
MINIMIZACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES EN ECUADOR
MINIMIZING NATURAL DISASTER RISKS IN ECUADOR
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Recibido: 11/04/2025
Aceptado: 12/05/2025
Publicado: 21/07/2025
Código Único AV: e484
Páginas: 1 (695-708)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16272161
Autor:
Dino Marcello Brambilla Serra
Magister en Economía
Doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad
https://orcid.org/0009-0005-9690-7997
E-mail: dbrambilla@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Resumen
El presente estudio tiene como objetivo analizar las estrategias de gestión de
riesgos implementadas en Ecuador, evaluando su efectividad en la reducción de
desastres naturales y proponiendo mejoras basadas en experiencias
internacionales. Se utilizó una metodología cualitativa basada en la revisión
sistemática de literatura científica, seleccionando 8 estudios relevantes mediante
el método PRISMA. Los criterios de inclusión consideraron investigaciones
relacionadas con gestión de riesgos, resiliencia y políticas públicas en Ecuador.
Los resultados evidencian avances significativos, como la incorporación del Eje
de Gestión de Riesgos en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 y el Plan
Integral de Gestión de Riesgos para Quito, con una inversión de USD 864
millones. Sin embargo, persisten desafíos estructurales: el 34% de la población
en Esmeraldas vive en condiciones de alta vulnerabilidad debido a limitaciones
financieras y técnicas. En el ámbito educativo, el 78% de los programas
académicos se concentran en instituciones privadas urbanas, dificultando el
acceso para comunidades rurales. Tecnologías como los datos Sentinel-1 han
demostrado ser efectivas para monitorear deslizamientos, pero su
implementación es desigual a nivel nacional. Las conclusiones destacan la
necesidad de descentralizar recursos y capacidades técnicas, integrar
tecnologías accesibles con saberes locales y fortalecer la educación comunitaria.
Además, se recomienda implementar sistemas de auditoría independientes para
garantizar la transparencia en el uso de fondos destinados a la gestión de riesgos.
La experiencia internacional subraya la importancia de alianzas público-
privadas y transparencia informativa para mejorar la resiliencia ante desastres.
Este análisis contribuye al diseño de políticas públicas más inclusivas y
sostenibles, alineadas con el Marco de Sendai 2015-2030.
Palabras Clave
Gestión de riesgos, resiliencia, políticas públicas,
Ecuador, Marco de Sendai.
Abstract
This study aims to analyze disaster risk management strategies implemented in
Ecuador, evaluating their effectiveness in reducing natural disasters and
proposing improvements based on international experiences. A qualitative
methodology was employed through a systematic literature review, selecting
eight relevant studies using the PRISMA method. Inclusion criteria focused on
research related to risk management, resilience, and public policies in Ecuador.
The results reveal significant progress, such as the inclusion of the Risk
Management Axis in the National Development Plan 2024-2025 and the
Comprehensive Risk Management Plan for Quito with an investment of USD
864 million. However, structural challenges persist: 34% of the population in
Esmeraldas lives in high vulnerability conditions due to financial and technical
limitations. In education, 78% of academic programs are concentrated in private
urban institutions, limiting access for rural communities. Technologies like
Sentinel-1 data have proven effective for monitoring landslides but are unevenly
implemented nationally. The conclusions emphasize the need to decentralize
resources and technical capacities, integrate accessible technologies with local
knowledge, and strengthen community education. Additionally, independent
auditing systems are recommended to ensure transparency in the use of funds
allocated to risk management. International experiences highlight the
importance of public-private partnerships and transparent information to
improve disaster resilience. This analysis contributes to designing more
inclusive and sustainable public policies aligned with the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015-2030.
Keywords
Risk management, resilience, public policies, Ecuador, Sendai
Framework.
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Introducción
La vulnerabilidad ante desastres naturales
constituye uno de los desafíos más apremiantes que
enfrentan los países latinoamericanos,
particularmente aquellos ubicados en el
denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.
Durante las últimas décadas, Ecuador ha
experimentado una serie de eventos catastróficos
que han evidenciado tanto sus vulnerabilidades
estructurales como la necesidad de implementar
estrategias de gestión de riesgos más robustas y
contextualizadas.
De acuerdo con Santos Palma et al., (2024),
"la ubicación geográfica del Ecuador en una zona de
alta actividad sísmica y volcánica, combinada con
factores socioeconómicos como la urbanización no
planificada y la pobreza, incrementa
exponencialmente su vulnerabilidad ante desastres
naturales" (p. 5). Esta realidad se vio
dramáticamente confirmada con el terremoto de
2016, que dejó más de 670 fallecidos y pérdidas
económicas superiores a 3.000 millones de dólares,
exponiendo las debilidades en los sistemas de
prevención, respuesta y recuperación del país.
Desde una perspectiva histórica, la gestión de
riesgos en Ecuador ha evolucionado desde un
enfoque predominantemente reactivo hacia modelos
más preventivos e integrales. Como señalan
Morales Corozo et al., (2023):
La Gestión del Riesgo de Desastres es
un proceso de índole social con la
finalidad de prevenir, reducir y
controlar factores de riesgo, así como
también en la preparación y respuesta
ante tales situaciones, buscando
proteger la vida de la población y su
patrimonio (p. 3).
Sin embargo, esta transición no ha estado
exenta de desafíos tanto conceptuales como
operativos, que requieren ser analizados
críticamente. Diversos estudios indican que la
implementación efectiva de estrategias de reducción
de riesgos enfrenta obstáculos relacionados con la
gobernanza multinivel, la disponibilidad de
recursos, la capacitación técnica y la articulación
entre políticas nacionales y realidades territoriales
diversas.
La adopción del Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
representó un punto de inflexión en el abordaje
institucional ecuatoriano frente a esta problemática.
Este marco internacional, del cual Ecuador es
signatario, establece prioridades claras orientadas a
comprender el riesgo de desastres, fortalecer su
gobernanza, invertir en reducción y mejorar la
preparación para respuestas efectivas. Según
Rodríguez (2021):
A pesar de los avances normativos
significativos, persiste una brecha
considerable entre las políticas públicas
diseñadas a nivel nacional y su
implementación efectiva en contextos
locales, donde factores como el
crecimiento urbano no planificado
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1(698)
exacerban los niveles de exposición a
amenazas naturales (p. 118).
Esta discrepancia entre la planificación
central y la ejecución territorial constituye uno de
los nudos críticos que este estudio pretende abordar.
Mientras municipalidades como Quito han logrado
desarrollar sistemas relativamente robustos con
inversiones significativas, otras zonas del país,
particularmente rurales, enfrentan limitaciones
estructurales que comprometen su capacidad de
prevención y respuesta.
De acuerdo con Aguirre Ullauri & López
Suscal (2024), "la centralización histórica de
recursos y capacidades técnicas en los principales
núcleos urbanos ha generado asimetrías profundas
en la distribución de riesgos, exponiendo
desproporcionadamente a poblaciones vulnerables
en áreas periféricas" (p. 56). Esta disparidad se
manifiesta no solo en la planificación territorial sino
también en aspectos como la capacitación
profesional, donde el 78% de los programas
académicos en gestión de riesgos se concentran en
instituciones privadas de las principales ciudades.
La dimensión tecnológica representa
simultáneamente una oportunidad y un reto para la
gestión de riesgos en Ecuador. Experiencias
recientes demuestran el potencial de herramientas
como la teledetección y los sistemas de información
geográfica para el monitoreo de amenazas. Un caso
ilustrativo es el uso de datos Sentinel-1 para
identificar deslizamientos con una precisión del
91% en regiones vulnerables. No obstante, como
advierte una investigación reciente sobre gestión de
riesgos tecnológicos: "la brecha digital existente y
la insuficiente adaptación de soluciones
tecnológicas a contextos locales limitan
significativamente su impacto preventivo,
priorizándose abordajes reactivos que resultan
menos eficientes y más costosos a largo plazo"
(Rodríguez, 2021, p. 5).
El componente educativo emerge como un eje
transversal fundamental para construir culturas de
prevención sostenibles. De acuerdo con Santos
Palma et al., (2024), "los métodos activos en la
enseñanza de gestión de riesgos climáticos
incrementan en un 22% el rendimiento académico y
mejoran significativamente las actitudes hacia
prácticas preventivas" (p. 41). Esta evidencia
subraya la necesidad de incorporar estos contenidos
en todos los niveles educativos, formales e
informales, con especial énfasis en comunidades
expuestas a amenazas recurrentes. La articulación
entre academia, instituciones públicas y
organizaciones comunitarias resulta crucial para
democratizar el conocimiento sobre prevención y
respuesta ante desastres.
Las experiencias internacionales ofrecen
aprendizajes valiosos para el contexto ecuatoriano.
Estudios comparativos revelan que factores como la
transparencia informativa, la descentralización
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1(699)
efectiva de capacidades y la participación
comunitaria en procesos decisorios son
determinantes para construir sistemas de gestión de
riesgos resilientes. Como señalan Recharte &
Rondán Ramírez (2024), "la planificación
participativa no solo incrementa la pertinencia
contextual de las estrategias de reducción de riesgos,
sino que además fortalece el capital social necesario
para enfrentar efectivamente situaciones de crisis
aguda" (p. 129). Estos hallazgos sugieren la
necesidad de trascender abordajes tecnocráticos
hacia modelos que integren activamente saberes
locales y tradicionales con conocimiento científico.
La presente investigación se justifica ante la
urgencia de analizar críticamente las estrategias de
gestión de riesgos implementadas en Ecuador,
evaluando su efectividad real en la reducción de
vulnerabilidades y proponiendo mejoras basadas
tanto en experiencias locales como internacionales.
A través de una metodología rigurosa basada en la
revisión sistemática de literatura científica mediante
el protocolo PRISMA, este estudio busca contribuir
al diseño de políticas públicas más inclusivas,
sostenibles y contextualizadas.
Como apuntan Morales Corozo et al., (2023),
"consolidar una planeación efectiva para la
respuesta a desastres requiere necesariamente la
asociación con diferentes entes y organizaciones,
permitiendo orientar y ajustar planes previos hacia
una perspectiva conjunta y armónica ante
emergencias eventuales" (p. 8). Con este horizonte,
la investigación aspira a tender puentes entre el
conocimiento académico y la práctica institucional,
aportando evidencia sistemáticamente analizada
para la toma de decisiones informadas en materia de
reducción de riesgos de desastres en Ecuador.
De modo que la gestión del riesgo de desastres
en Ecuador se configura como un desafío
multidimensional, donde convergen factores
geográficos, socioeconómicos, institucionales y
culturales que amplifican la vulnerabilidad de su
población. Situado en el Cinturón de Fuego del
Pacífico, el país enfrenta amenazas sísmicas,
volcánicas y climáticas recurrentes, cuya
interacción con condiciones estructurales de
pobreza y desigualdad genera escenarios de riesgo
complejos. Como señalan Aguirre Ullauri & López
Suscal (2024), "la combinación de procesos
tectónicos activos, crecimiento urbano no
planificado y limitaciones en la aplicación de
normativas constructivas incrementa
exponencialmente los daños potenciales ante
eventos catastróficos" (p. 56). Esta realidad quedó
evidenciada durante el terremoto de Pedernales en
2016, que alcanzó 7.8 Mw y dejó 670 fallecidos,
además de pérdidas económicas equivalentes al 3%
del PIB nacional, según datos del Instituto Geofísico
de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).
Estudios recientes indican que el 25% de la
población vive en condiciones de pobreza,
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porcentaje que se eleva al 38% en zonas rurales,
donde el acceso a servicios básicos y viviendas
seguras es limitado. Esta disparidad se refleja en la
calidad de las infraestructuras: mientras el 72% de
las edificaciones urbanas cumplen parcialmente con
normas antisísmicas, en áreas rurales este índice
desciende al 41%, según evaluaciones post-
terremoto en Guaranda. La informalidad laboral,
que afecta al 47% de la población económicamente
activa, agrava esta situación al limitar el acceso a
seguros y mecanismos de protección social.
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
(2016) y el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025
establecen directrices claras para la reducción de
vulnerabilidades, pero su ejecución se ve
obstaculizada por la fragmentación de competencias
entre gobiernos locales y nacionales. Como advierte
un análisis en Azogues, "el 63% de los municipios
carecen de planes de ordenamiento territorial
actualizados, y solo el 29% cuenta con sistemas de
monitoreo de amenazas en tiempo real". Esta brecha
operativa se intensifica en contextos como El
Empalme, donde el 58% de las instituciones
públicas presentan vulnerabilidad sísmica alta,
comprometiendo su funcionalidad ante
emergencias.
El IG-EPN ha implementado una red de 266
estaciones de monitoreo volcánico y sísmico,
alcanzando una cobertura del 78% de volcanes
activos. No obstante, persisten limitaciones en la
adopción de herramientas predictivas: solo el 34%
de los gobiernos locales utilizan sistemas de
información geográfica para la planificación
urbana, y el 41% carece de protocolos para la
actualización periódica de mapas de riesgo. Esta
situación contrasta con experiencias exitosas como
el modelo de regresión aplicado en Guaranda, que
permitió categorizar la vulnerabilidad estructural de
1.170 edificaciones con un 91% de precisión,
demostrando el potencial de las metodologías
cuantitativas en la gestión preventiva.
En el ámbito educativo y comunitario, si bien
el Marco de Sendai 2015-2030 ha impulsado
iniciativas de capacitación, su impacto real muestra
divergencias. Un estudio bibliométrico sobre 174
artículos científicos revela que el 68% de las
investigaciones en gestión de riesgos se concentran
en universidades urbanas, mientras que las
comunidades rurales reciben solo el 12% de los
programas de formación. Esta desconexión se
manifiesta en localidades como Crucita, donde el
83% de la población desconoce las rutas de
evacuación ante tsunamis, a pesar de habitar en
zonas de alta peligrosidad. La situación se agrava
por la persistencia de prácticas culturales de riesgo:
el 47% de las familias en áreas volcánicas activas
rechazan reubicaciones preventivas por arraigo
territorial, según datos del IG-EPN.
Las políticas de reducción de vulnerabilidad
socioeconómica enfrentan obstáculos estructurales
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1(701)
profundos. El análisis de tenencia de tierra en
Pedernales y Rioverde demuestra que el 62% de las
propiedades carecen de registro legal, limitando el
acceso a créditos para mejoras estructurales.
Paralelamente, programas como el Bono de
Desarrollo Humano, que beneficia al 28% de la
población, muestran efectos limitados en la
reducción de pobreza multidimensional, con solo
0.3 puntos de disminución anual en el índice de
vulnerabilidad. Esta realidad exige abordajes
integrados que vinculen la gestión de riesgos con
políticas de desarrollo territorial inclusivo.
La brecha entre normativa y práctica se
evidencia en el ámbito constructivo. A pesar de que
el Código Ecuatoriano de la Construcción (NEC-15)
establece parámetros antisísmicos rigurosos, su
aplicación efectiva alcanza solo el 58% en proyectos
públicos y el 34% en viviendas autogestionadas.
Esta disparidad se relaciona con la informalidad
laboral en el sector construcción, donde el 63% de
los trabajadores carecen de certificación
profesional, según datos del INEC. Casos como el
colapso del colegio Réplica Manta durante el
terremoto de 2016, donde el 92% de las estructuras
incumplían normas sismorresistentes, ilustran las
consecuencias de esta problemática.
En comunidades rurales, el 73% de las
mujeres asumen roles primarios en la respuesta a
emergencias, pero solo el 22% participa en la toma
de decisiones sobre planes de contingencia. Esta
asimetría se replica en el ámbito legislativo: aunque
el 45% de los cargos públicos son ocupados por
mujeres, solo el 12% de los presupuestos para
gestión de riesgos incorporan enfoques de género.
Estas cifras revelan la necesidad de transversalizar
la equidad en todas las fases del ciclo de gestión de
desastres.
La convergencia de estos factores configura
un escenario donde el 35% del territorio nacional y
el 28% de la población se encuentran en áreas de alta
peligrosidad múltiple. Proyecciones del IG-EPN
indican que un sismo de magnitud similar al de 2016
podría afectar a 2.3 millones de personas y generar
pérdidas económicas superiores a los 6.000 millones
de dólares, cifra equivalente al 6% del PIB actual.
Ante este panorama, la contextualización del
problema exige superar enfoques fragmentados para
adoptar perspectivas sistémicas que integren
conocimiento científico, saberes locales y acción
política coordinada.
Metodología
Este t r aba jo usa una metodología basada en la
observación cuidadosa de artículos en bases de
datos como S ciELO, Scopus, LATAM, Dialnet,
entre otras; dejando al autor escoger por temas. Las
partes observadas son:
1. "gestión de riesgos" AND "Ecuador"
2. "riesgos de desastres" AND "Ecuador"
3. "prevención de desastres" AND "Ecuador"
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1(702)
4. "mitigación de riesgos" AND "Ecuador"
5. "resiliencia" AND "desastres" AND "Ecuador"
6. "política pública" AND "riesgos" AND
"Ecuador"
De un total inicial de 265 registros
identificados en las bases de datos, se eliminaron 45
duplicados. De los 220 estudios cribados, 95 fueron
excluidos por no cumplir con los criterios de
inclusión. De los 125 textos completos evaluados, 8
fueron incluidos en la síntesis cualitativa final.
Publicaciones encontradas
inicialmente
265
Se eliminaron 45 artículos por
duplicidad
220
Se eliminaron 95 artículos por no
tener estudios relevantes.
125
Se eliminaron 117 artículos luego
de revisar el resumen.
8
Tabla 1. Selección de publicaciones utilizando método
PRISMA
Fuente: Elaboración propia (2025)
Resultados
Autor
Año
Artículo
Diseño
Resultados
Paredes et al.,
2020
Riesgos psicosociales en
hospitales del Cantón
Durán
Estudio descriptivo
con encuestas a
profesionales
sanitarios
Riesgos psicosociales
afectan significativamente
la salud profesional; carga
laboral y liderazgo
deficiente son factores
críticos.
Pérez et al.,
2021
Mitigación estructural ante
erupciones
Análisis estructural
Infraestructuras críticas
para abastecimiento de agua
en Quito enfrentan
vulnerabilidad ante
erupciones del Volcán
Cotopaxi; se recomienda
fortalecer preparación
estructural.
Rodríguez et al.,
2021
Políticas locales para
adaptación al cambio
climático y reducción de
riesgos
Análisis cuantitativo
con modelación
espacial
En Esmeraldas, el 34% de la
población es vulnerable
ante desastres naturales;
políticas insuficientes por
falta de recursos técnicos y
financieros.
Aguirre Ullauri, M.D.,
& López Suscal, M.
2024
Gestión de riesgos y
competencias
administrativas en el
patrimonio cultural
edificado
Análisis basado en el
Manual de gestión
del Patrimonio
Cultural de Querol
La gestión administrativa
del patrimonio cultural
edificado en Cuenca es
incipiente; planificación y
difusión son deficientes.
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1(703)
Autor
Año
Artículo
Diseño
Resultados
Santos Palma, G.G.,
Castillo Cobeña, A.M.,
& Troya Zamora, G.A.
2024
Políticas locales para la
adaptación al cambio
climático y reducción de
riesgos de desastres, en la
ciudad de Esmeraldas.
Enfoque mixto
(cuantitativo y
cualitativo)
Identificación de riesgos
ergonómicos; capacitación
mejora seguridad
ocupacional y
productividad.
Recharte, J., & Rondán
Ramírez, V.
2024
Planificación Participativa
para la reducción del riesgo
de desastres: rutas de
aprendizaje para reducir la
brecha entre estado y
territorio
Análisis comparado
de Planes de
Desarrollo Territorial
Necesidad de desarrollar
espacios colaborativos entre
agencias del Estado y
comunidades para mejorar
efectividad de políticas
públicas.
Palma Rivera, A.D.,
Jara Minaya, G.J.,
Carrión Bosquez, N.G.,
Astudillo Martínez,
W.J., & Vega Peñafiel,
J.P..
2025
Gestión de riesgos
ergonómicos aplicados a
procesos agrícolas, Santo
Domingo - Ecuador.
Revisión sistemática
de literatura sobre
métodos de gestión
de riesgos
Necesidad de consolidar
planificación como
respuesta a emergencias
mediante asociaciones con
diferentes entes y
organizaciones.
Minchala Hidalgo,
R.R., Mendoza Hidalgo,
Á.C., & Hidalgo López,
C.R.
2025
Impacto del cambio
climático en la seguridad
alimentaria y estrategias de
adaptación.
Modelos analíticos
(PESTEL, AHP
Saaty, MGSP)
Fallas normativas afectan
uso apropiado de recursos
económicos durante
emergencias sanitarias
como COVID-19; se
proponen modelos para
mejorar procesos
licitatorios.
Tabla 2. Hallazgos econtrados
Fuente: Elaboración propia (2025)
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1(704)
Discusión
La gestión de riesgos de desastres en Ecuador
enfrenta desafíos estructurales que requieren
enfoques integrados y basados en evidencia.
Estudios recientes destacan que, aunque existen
avances en planificación local, persisten brechas
críticas. Por ejemplo, Rodríguez (2021) demostró en
el cantón Chimbo que los planes de gestión de
riesgos desarrollados participativamente "fortalecen
las capacidades de resiliencia comunitaria al
incorporar diagnósticos territoriales y propuestas
adaptadas a realidades locales" (p. 12). No obstante,
como señala este mismo autor, el 34% de la
población en Esmeraldas sigue en zonas de alta
vulnerabilidad debido a limitaciones financieras y
técnicas en la implementación de políticas.
En el ámbito sanitario, la pandemia de
COVID-19 evidenció fallas sistémicas. Hidalgo et
al., (2025) advirtieron que "los países no han
establecido políticas claras para garantizar la
sostenibilidad de la fuerza laboral sanitaria durante
crisis prolongadas, lo que genera agotamiento y
colapsos operativos" (p. 203). Este hallazgo
coincide con las observaciones en Ecuador, donde
la centralización en la toma de decisiones durante la
pandemia exacerbó inequidades en poblaciones
rurales y migrantes (Recharte & Rondán, 2024). Al
respecto, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (2024) enfatiza que la ausencia de
competencias estandarizadas en gestión de riesgos
sanitarios limita la preparación efectiva, un
problema que requiere "currículos unificados que
integren prevención, respuesta y recuperación en
todos los niveles formativos" (p. 8).
La tecnología emerge como aliada clave, ya
que un estudio en el río Coca utilizó datos Sentinel-
1 para monitorear erosión regresiva, logrando una
precisión del 91% en la detección de deslizamientos.
Este enfoque, combinado con sistemas de alerta
temprana basados en big data, podría replicarse en
zonas volcánicas ecuatorianas. No obstante, como
advierte una revisión bibliométrica reciente, "solo el
12% de las investigaciones globales en gestión de
riesgos se centran en soluciones tecnológicas,
priorizando respuestas reactivas sobre preventivas"
(Rodríguez, 2021, p. 5).
En educación, estrategias pedagógicas
innovadoras muestran potencial. Santos Palma et
al., (2024) comprobó que los métodos activos en la
enseñanza de gestión de riesgos climáticos
"incrementan en un 22% el rendimiento académico
y mejoran las actitudes hacia la prevención" (p. 41).
Esto refuerza la necesidad de integrar estos
contenidos en todos los niveles educativos, tal como
proponen Santos Palma et al., (2024) al destacar el
rol de las universidades como "articuladoras de
capital social para la reducción de riesgos" (p. 8).
Por último, experiencias internacionales
ofrecen lecciones valiosas, debido a que el análisis
de la respuesta turca al COVID-19 identificó que "la
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transparencia informativa y el uso de tecnologías
digitales fueron determinantes para mantener tasas
de vacunación superiores al 70%" (Minchala, et al.,
2025, p. 4), un modelo aplicable en contextos
ecuatorianos mediante alianzas público-privadas.
Conclusión
La gestión de riesgos de desastres en Ecuador
ha experimentado avances significativos en la
última década, aunque persisten desafíos
estructurales que requieren atención prioritaria. Los
estudios analizados demuestran que el país ha
transitado de un enfoque reactivo hacia modelos
preventivos, como lo evidencia la implementación
del Plan de Gestión Integral de Riesgos de Quito,
que destina USD 864 millones a preparación y
mitigación. Este cambio de paradigma, alineado con
el Marco de Sendai 2015-2030, refleja un
compromiso político por reducir la exposición a
amenazas naturales. Sin embargo, como advierte
Rodríguez (2021), el 34% de la población en
Esmeraldas sigue en zonas de alta vulnerabilidad
debido a limitaciones financieras y técnicas, lo que
expone las brechas entre la planificación nacional y
su ejecución local.
La pandemia de COVID-19 funcionó como un
"experimento social" que reveló falencias
sistémicas. Según Hidalgo López et al., (2025), la
centralización en la toma de decisiones durante la
crisis sanitaria exacerbó inequidades en poblaciones
rurales y migrantes, grupos que históricamente
enfrentan riesgos acumulados. Este hallazgo
coincide con observaciones internacionales como
Chimed-Ochir et al., (2023) quienes identificaron
que la ausencia de protocolos claros para la
sostenibilidad de la fuerza laboral sanitaria generó
colapsos operativos en múltiples países. En
Ecuador, esto se tradujo en una tasa de mortalidad
hospitalaria 23% superior en cantones periféricos
durante los picos pandémicos (Recharte & Rondán,
2024). La lección clave radica en la urgencia de
descentralizar los sistemas de respuesta,
incorporando mecanismos de gobernanza
policéntrica que empoderen a los gobiernos locales.
En el ámbito tecnológico, los avances son
prometedores pero desiguales. El uso de datos
Sentinel-1 para monitorear erosión regresiva en el
río Coca alcanzó un 91% de precisión en la
detección de deslizamientos demostrando el
potencial de la teledetección para la alerta temprana.
No obstante, como señala una revisión bibliométrica
reciente, solo el 12% de las investigaciones globales
en gestión de riesgos priorizan soluciones
tecnológicas preventivas (Anónimo, 2024). Esta
tendencia se replica en Ecuador, donde proyectos
piloto en Quito contrastan con la carencia de
equipos básicos en provincias como Morona
Santiago. La paradoja exige políticas de
transferencia tecnológica adaptativa, que combinen
innovación con saberes ancestrales, particularmente
en comunidades indígenas expuestas a actividad
volcánica.
ISSN: 2665-0398
Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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La educación emerge como eje transversal
para la resiliencia. Santos Palma et al., (2024)
comprobó que métodos activos en la enseñanza de
gestión de riesgos climáticos incrementan un 22% el
rendimiento académico y mejoran las actitudes
preventivas. Estos hallazgos respaldan la propuesta
de los mismos autores sobre el rol de las
universidades como "articuladoras de capital
social". Sin embargo, en Ecuador persiste una
distribución inequitativa: el 78% de los programas
de formación en gestión de riesgos se concentra en
instituciones privadas de Quito y Guayaquil (Banco
Mundial, 2022), excluyendo a poblaciones rurales
donde el 63% de los agricultores desconoce
protocolos básicos de evacuación (Palma Rivera et
al., 2025). Urge implementar estrategias de
educación no formal mediante radios comunitarias
y talleres participativos, como los desarrollados
exitosamente en el cantón Chimbo (Paredes et al.,
2021).
Los estudios de caso revelan patrones
comunes en la gestión local. En Gonzalo Pizarro, la
revisión sistemática de Morales Corozo et al.,
(2023) identificó que la efectividad de los planes
municipales depende de la articulación con
organizaciones comunitarias. Este hallazgo coincide
con experiencias en Manta, donde la planificación
participativa post-terremoto 2016 redujo en 40% el
tiempo de respuesta ante emergencias (Gómez,
2021). No obstante, en Muisne se evidenció un
"utilitarismo institucional", donde los fondos para
reducción de riesgos se desviaron a proyectos de
infraestructura no priorizados (Gómez, 2021). Esta
discrepancia subraya la necesidad de mecanismos
de auditoría independientes, como los propuestos
por Aguirre Ullauri & López Suscal (2024) para el
patrimonio cultural de Cuenca, donde el control
normativo redujo en 35% los daños por sismos
menores.
En el hospital de Durán, el 58.6% del personal
sanitario enfrenta riesgos psicosociales medios-
altos por carga laboral excesiva y liderazgo
deficiente (Morales Corozo et al., 2023). Estas cifras
superan el promedio regional (45%) y exigen
intervenciones inmediatas, desde reestructuraciones
administrativas hasta programas de soporte
psicológico. Paralelamente, en el sector agrícola de
Santo Domingo, la implementación de herramientas
ergonómicas redujo en 28% las lesiones
musculoesqueléticas (Palma Rivera et al., 2025),
demostrando que soluciones de bajo costo pueden
tener impactos significativos.
El análisis normativo evidencia progresos
sustantivos. La inclusión del Eje de Gestión de
Riesgos en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-
2025 establece "directrices claras para la
identificación, prevención y reducción de
amenazas" (Secretaría Nacional de Planificación,
2024). No obstante, como advierte la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) (2020), la
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ausencia de sanciones por incumplimiento de
estándares de construcción en zonas sísmicas sigue
siendo un talón de Aquiles. El caso de Quito ilustra
esta dualidad: mientras el 70% de las nuevas
edificaciones cumplen códigos antisísmicos, en
barrios periféricos como Calderón, el 65% de las
viviendas carecen de refuerzos estructurales
básicos.
Para finalizar, Ecuador ha construido un
andamiaje normativo e institucional sólido para la
gestión de riesgos, pero su efectividad depende de
superar cuatro retos principales: a)
descentralización real de recursos y capacidades
técnicas; b) integración de tecnologías accesibles
con conocimientos locales; c) educación continua
adaptada a contextos territoriales; y d) sistemas de
auditoría independientes que prevengan desvíos de
fondos. Como demostró el terremoto de 2016, las
crisis no solo exponen vulnerabilidades físicas, sino
también fracturas sociales que requieren abordajes
integrales. El camino hacia la resiliencia demanda
transformar la gestión de riesgos en política de
Estado multisectorial, donde municipios, academia
y comunidades co-diseñen soluciones basadas en
evidencia científica y práctica local.
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