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1(783)
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Recibido: 11/04/2025
Aceptado: 12/05/2025
Publicado: 25/07/2025
Código Único AV: e487
Páginas: 1 (781-803)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16421523
Autores:
Jorge Arturo Rodríguez Mendoza
Maestro en Gestión Pública
https://orcid.org/0000-0001-6571-9153
E-mail: jarodriguezmer@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Robert Julio Contreras Rivera
Doctor en Ingeniería Industrial
Doctor en Administración
Maestro en Administración de Negocios
Maestro en Ingeniería Industrial
Ingeniero Industrial
https://orcid.org/0000-0003-3188-3662
E-mail: rcontrerasr@ucv.edu.pe
Afiliación: Universidad Cesar Vallejo
País: República del Perú
Resumen
La violencia de género, considerada una problemática estructural, afecta
de manera crítica a las mujeres en las regiones de selva debido a las
complejas condiciones sociales, culturales y geográficas que dificultan
la implementación efectiva de políticas públicas. Este estudio analizó, a
través de una revisión sistemática utilizando el método PRISMA, cómo
las políticas públicas contra la violencia de género resultan insuficientes
al no considerar el contexto específico de regiones de selva. Para la
revisión se consultaron las bases de datos Scopus y SciELO, empleando
términos descriptivos, palabras clave y operadores booleanos, lo que
permitió identificar 190 estudios, seleccionando 25 provenientes de 13
países, incluidos Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, España,
México, Venezuela, Chile, Perú, Suiza, Kenia, Canadá y Reino Unido.
Los resultados revelaron que las políticas públicas actuales no abordan
de manera adecuada las formas de opresión diferenciadas que
experimentan mujeres indígenas o en situación de extrema pobreza,
reduciendo así su efectividad en contextos con características únicas
como las regiones de selva.
Palabras Clave
Derechos humanos, Derechos de las mujeres, Políticas
públicas, Violencia doméstica, Violencia de género
Abstract
The violence, considered a structural problem, critically affects women
in jungle regions due to the complex women in the jungle regions due
to the complex social, cultural and geographic conditions and
geographic conditions that hinder the effective implementation of
public policies. effective implementation of public policies. This study
analyzed, through a systematic review using the PRISMA method, the
systematic review using the PRISMA method, how public policies
against gender-based violence are violence are insufficient because they
do not consider the specific context of jungle regions. specific context
of jungle regions. For the review, the following databases were
consulted databases Scopus and SciELO were consulted, using
descriptive terms, keywords and Boolean Boolean operators, which
made it possible to identify 190 studies, selecting 25 from 13 countries,
including Ecuador, Ecuador and Peru. from 13 countries, including
Ecuador, Brazil, Argentina, Colombia, Spain, Mexico, Venezuela,
Chile, Peru, Switzerland, Kenya, Canada and the United Kingdom. The
The results revealed that current public policies do not adequately
address forms of differentiated adequately address the differentiated
forms of oppression experienced by women who are women experience,
thus reducing their effectiveness in contexts with unique characteristics,
such as unique contexts such as jungle regions.
Keywords
Human rights, Women's rights, public policies, Domestic
violence, Gender violence
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Introducción
La violencia que las mujeres enfrentan en el
contexto de su género es una problemática que se
considera estructural y que tiene implicaciones en
todas las esferas de la sociedad. A nivel global, se
estima que una de cada tres mujeres ha padecido
violencia física o sexual algún momento de su vida
(Ramírez et al., 2023). Este fenómeno aparte de ser
considerado un crimen contra la humanidad,
perpetúa desigualdades sociales, limita el desarrollo
económico e impacta la salud general de las
víctimas (Vázquez et al., 2023). En el caso de
Latinoamérica, se presentan dentro de la violencia
de género factores como la desigualdad económica
y la construcción del patriarcado cultural y la
fractura del sistema justicia (Ávila, 2023).
El discurso de odio misógino se define como
cualquier forma de comunicación que incite odio,
hostilidad o aversión hacia las mujeres simplemente
por ser mujeres. Esto incluye expresiones,
fotografías, películas y otros materiales que violan,
denigran, cuestionan, menosprecian o provocan
agresión contra las mujeres. Dicho discurso es una
colección de estereotipos negativos que sirven para
perpetuar la desigualdad de género y la violencia
contra las mujeres (Battista & Molano, 2023).
En el Perú la situación tiende a ser
preocupante de manera particular por las altas tasas
de violencia hacia las mujeres en las regiones de
selva, donde las condiciones sociales, culturales y
geográficas dificultan la adopción y efectividad de
las acciones de políticas públicas. Estas áreas se
caracterizan por altos índices de pobreza, recelo por
la lengua y dispersa población, los cuales en
conjunto crean un panorama que se vuelve
complicado para prevenir, atender y sancionar casos
de violencia hacia las mujeres (Defensoría del
Pueblo, 2019). Las mujeres indígenas, que son un
grupo considerable en estas regiones, son parte de
una discriminación interseccional lo que aumenta el
riesgo que tienen por la dificultad de acceso a la
justicia y otros servicios básicos que se vuelve más
complicado (Varea, 2020).
La violencia de género no es un fenómeno
aislado, sino que es el resultado de desigualdades
estructurales que son constituidas por el poder
patriarcal. Otros estudios han indicado que estos
feminicidios y cualquier otra violencia sistemática
son consecuencias de normas culturales y sociales
que deshumanizan y subyugan a las mujeres (Durán
et al., 2022). En los casos de las regiones
amazónicas, esas normas culturales siempre son
empalmadas a las condiciones geográficas y
económicas, lo que favorece a que la violencia se
llegue a apreciar como normal (Burgueño &
Sánchez, 2023).
Se han tomado iniciativas destinadas a la
violencia doméstica en su esfera, tales como las de
información y prevención y, además, acciones de
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1(785)
protección a las mujeres violentadas. Sin embargo,
tales acciones muestran una visión reducida de la
violencia al omitir la violencia estructural que
emana de las relaciones de poder desiguales
(Stanziola & Araúz, 2023). A pesar de los intentos
del Estado peruano y de organismos internacionales
en combatir este flagelo, las estadísticas demuestran
un progreso limitado. Durante 2023, se registraron
199.991 casos de violencia de género gestionados
por las instalaciones del Ministerio de Salud, lo que
representa un aumento del 11% en comparación con
el año anterior (Ministerio de Salud, MINSA, 2023).
Este aumento plantea interrogantes sobre el éxito de
las políticas que se han implementado y la necesidad
de evaluar sistemáticamente su formulación,
implementación y los resultados alcanzados.
Desde una perspectiva global (García, 2023) y
(Chadambuka & Essue, 2024) señalan en sus
estudios recientes que las políticas orientadas a
erradicar la violencia de género deben ser
interseccionales e interculturales. Esto significa
considerar las diferentes formas en que las mujeres
están sujetas a la violencia dependiendo de su raza,
etnia, estatus socioeconómico y áreas geográficas.
En Brasil, por ejemplo, la Ley María da Penha ha
marcado un punto de inflexión al trasladar el tema
de la violencia doméstica de lo privado a lo público,
aunque su implementación a nivel comunitario
enfrenta algunos desafíos (Lacerda & De Moraes,
2022). Igualmente, en Ecuador, las mujeres
indígenas tienen restricciones específicas que
requieren esferas de operación que se adapten a sus
circunstancias socioculturales (Varea, 2020).
Siendo la violencia de género un problema
estructural que afecta a millones de mujeres en todo
el mundo es relevante analizar en el contexto
particular de las regiones selváticas, donde se
presentan aspectos sociales, culturales y geográficas
que complican aún más la efectividad de las
políticas públicas. Este artículo aborda las lagunas
en las políticas actuales, ya que no tienen en cuenta
estos aspectos, lo que refuerza la necesidad de ser
contextualizado al implementar la normativa.
La importancia radica en la perspectiva de la
violencia de género en el área de la selva, ámbito
geográfico que tiene peculiaridades que integran las
características geo culturales y sociales que
complican la aplicación de medidas apropiadas.
Esta evaluación es especialmente importante ya que
ofrece una visión crítica sobre cómo se han
formulado y ajustado ciertas medidas, destinadas a
prevenir la violencia de género, en un área donde el
acceso a la justicia y a los servicios de apoyo es a
menudo limitado. Al enfocarse el estudio en una
región desfavorecida, ayuda a comprender las
barreras y las condiciones que podrían estar
obstaculizando el avance de las políticas actuales.
Además, aborda la cuestión de determinar la
verdadera efectividad de tales políticas, con tasas de
violencia que no disminuyen a los niveles esperados
e incluso aumentan en algunos casos. De esta
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1(786)
manera, el estudio proporciona información crítica
que puede ser utilizada para refinar intervenciones
con el fin de hacerlas culturalmente apropiadas y
adaptativas a los entornos específicos, como el de la
selva.
El impacto de esta investigación radica
principalmente en su potencial para enriquecer la
evaluación de situaciones en el contexto del diseño
y ejecución de más políticas públicas
correspondientes. Al visibilizar las áreas críticas y
para proponer estrategias de mejora, este estudio no
sólo beneficia a las víctimas de violencia de género,
sino que también refuerza el marco de justicia social
y hace más equitativa y segura a la sociedad en las
regiones de selva del Perú.
La adopción de medidas gubernamentales
para luchar y acabar con la violencia de género, es
de suma importancia por razones que abarcan desde
dimensiones sociales, económicas, de salud pública
y de derechos humanos; al ser la violencia de género
una representación grave en contra de los derechos
humanos, implementar políticas públicas es crucial
para garantizar que las agraviadas puedan vivir
libres de violencia y discriminación; estas políticas
aseguran el acatamiento de los compromisos
internacionales de derechos humanos que muchos
países han suscrito, como la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).
Por consiguiente, como propósito de este
estudio, se planteó la interrogante: ¿cómo es que las
políticas públicas contra la violencia de género
resultan insuficientes al no considerar el contexto
específico de regiones de selva? El objetivo de la
revisión sistemática es verificar en la literatura,
cómo afecta la implementación de políticas públicas
para enfrentar a la violencia de género sin considerar
el contexto cultural, social y estructural específico
en regiones de selva, un entorno que posee
características únicas que requieren enfoques
específicos. Este análisis no solo intenta establecer
las limitaciones y obstáculos existentes, sino
también recomendar formas prácticas en las que la
respuesta del estado puede mejorarse para que las
políticas que se están implementando sean efectivas.
La seguridad ciudadana se ocupa de las
actividades destinadas a preservar a los sujetos en
los espacios públicos, al menos al nivel de la
comunidad, de ciertos peligros a los que todos
tienen derecho, como es la vida, bienestar físico y
posesiones, que se presentan en forma de un crimen
que interrumpe de manera abrupta y adversa las
actividades diarias de la población en general
(Marchand, 2024). Es imposible evaluar de manera
dicotómica una deficiencia en la política. Las
políticas pueden fallar incluso si lo hacen bien en
algunos aspectos importantes. Si no logran sus
objetivos, si hay una gran resistencia y/o el apoyo es
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débil (Mc.Conell, 2016, citado por (Barros et al.,
2023).
Hortal (2023) indica que la incapacidad de
situar normativas legales dentro de contextos como
la ausencia de enfoques que consideren las culturas
y estructuras sociales de la región también resultan
perjudiciales. Adoptar medidas en contra de la
violencia es importante y, aunque estas suelen ser
necesarias, con frecuencia no proporcionan una
respuesta adecuada a las principales fuentes del
problema, lo que enfatiza la necesidad de soluciones
sensibles al contexto (Suxberger & Suxberger,
2023). La importancia de investigar estos casos
radica en el potencial de ayudar a la sociedad a
desarticular los esquemas de violencia (Rubira de
Santacruz et al., 2023).
Las agresiones que sufren las mujeres por su
situación, es un fenómeno que afecta a millones de
mujeres en el mundo. Aunque muchos gobiernos y
la sociedad civil han hecho esfuerzos para acabar
con dicha cultura de violencia, ésta aún se ve
predominada por patrones normativos, asimetrías en
las relaciones de poder, y contextos de interacción
que sustentan la opresión de uno de los géneros
(Rocha et al., 2024). En específico, las mujeres en
las zonas de selva enfrentan particularidades que
versan sobre la efectividad de políticas públicas que
no siempre se enmarcan en las particularidades
culturales, sociales y geográficas de los entornos en
los que se desarrollan.
A nivel internacional, muchos hombres y
mujeres que experimentan violencia de género no
denuncian los delitos debido a su desconfianza en el
sistema de justicia y falta de conocimiento sobre los
recursos legales y protecciones que tienen
disponibles (Rockowitz et al., 2024). Este escenario
socava la capacidad del sistema de justicia para
penalizar a los perpetradores y abordar el problema
de manera efectiva sin medidas fragmentarias.
Además, la victimización secundaria que algunas de
estas mujeres sufren durante el proceso judicial
multiplica los efectos de la violencia, pero sirve para
arraigar las relaciones de poder desequilibrados
existentes y disminuir la confianza en las
instituciones (Heward et al., 2024).
Irradiando al impacto de los movimientos
feministas a nivel social y la iniciación de acciones
específicas destinadas a hacer frente a la violencia
contra las mujeres, es necesario crear una asociación
efectiva con fuertes interrelaciones entre la sociedad
y el Estado para abogar por transformaciones
positivas en la protección de los derechos de las
mujeres y la eliminación de la violencia (Ventura et
al., 2023).
En este contexto, las políticas públicas son
relevantes en la lucha contra la violencia basada en
el género, no obstante, la efectividad de estas
políticas está condicionada por su diseño, las
técnicas de implementación y la evaluación que
deben atender a las necesidades reales de las
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comunidades golpeadas (Ojwala et al., 2024).
Existen factores profundamente estructurales que
provocan la violencia de género, tales como la poca
o ninguna educación en la comprensión del dolor y
su posible tratamiento, el odio o discriminación
hacia las mujeres, la violación de normas o
estándares legales y profesionales, la falta de ética
de los funcionarios, la renuencia a buscar
intervenciones médicas oportunas y adecuadas, y la
ausencia o falta de consentimiento informado (Pérez
et al., 2023).
La violencia se presenta especialmente en
entonos cuya seguridad es aparente y se evidencian
con mayor frecuencia en el hogar, lo que retrata la
violencia en su carácter omnipresente. Así, el hogar
se construye como un espacio seguro en muchos
aspectos, pero también puede ser donde se ve la
realidad de la violencia de género (Nunbogu et al.,
2023). El análisis de la violencia sexual y de género
desde una perspectiva política resalta la gravedad
del problema, así como las experiencias de las
personas afectadas. Esto puede permitir que muchas
personas en la sociedad estén más sensibilizadas y
que se tomen medidas para prevenir y responder a
dicha violencia o a cualquier ocurrencia futura
(Bromfield et al., 2024).
La mujer sufre en el marco del matrimonio, así
como en el ámbito de la sociedad, una situación de
dominación y de subordinación (Estermann &
Debia, 2023). De acuerdo con la evidencia, tenemos
mujeres viviendo en entornos patriarcales que son
más propensas a ser explotadas, sometiéndose a un
proceso de objetivación en su detrimento (Castán,
2023). La restricción en el uso de derechos proviene
de la violencia estructural que una persona enfrenta
en diversas situaciones. Esta forma se abre paso a
través de toda la matriz social por la postura
indulgente hacia quienes la practican o cuando se
alientan sus diversas manifestaciones y la
impunidad absoluta cuando se reportan (Gómez &
Mata, 2023).
Recientes estudios muestran que la violencia
de género no sólo causa daños al bienestar físico o
psíquico a nivel individual, sino que también tiene
consecuencias sociales en el entorno familiar y en la
comunidad afectando los derechos humanos de las
personas y el acceso a la justicia (Courtois et al.,
2024). Esta situación se hace aún peor en regiones
muy alejadas como las zonas selváticas, donde las
mujeres son más vulnerables a causa de las
desigualdades estructurales y la escasez de recursos.
Metodología
La metodología PRISMA ha resultado ser una
herramienta esencial en la realización de revisiones
sistemáticas y metaanálisis, ya que asegura
efectividad, replicabilidad, claridad y precisión.
Primero y, ante todo, una revisión sistemática o un
metaanálisis debe tener una pregunta de
investigación específica, que luego definirá el
desarrollo de una revisión particular. El primer paso
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1(789)
para llevar a cabo la revisión es formular una
definición exacta y clara de la pregunta de
investigación. Luego, es necesario continuar con la
búsqueda y selección de estudios relevantes.
Para efectuar una investigación exhaustiva, se
debe identificar y seleccionar los estudios
pertinentes; evaluar la calidad y realizar la
extracción de datos. En el informe final, es
fundamental explicar los resultados de manera clara
y comprensible, detalladamente, de acuerdo con las
pautas establecidas por PRISMA.
El método PRISMA mejora la calidad de la
investigación al minimizar sesgos y mejorar el
proceso de toma de decisiones basado en evidencia.
Al adherirse a las pautas de PRISMA, los
investigadores proporcionan garantías sobre la
validez, confiabilidad y credibilidad de sus
revisiones sistemáticas; PRISMA fue creado para
ayudar a los investigadores a asegurarse de que sus
revisiones sean exhaustivas y que los hallazgos sean
replicables y dignos de confianza. Consiste en un
diagrama de flujo de cuatro fases y una lista de
verificación de 27 ítems para ayudar en la selección
e inclusión de estudios.
Con relación al proceso realizado en la
búsqueda y análisis de los artículos científicos, se
definen los siguientes criterios de inclusión: en
primer lugar, se incluirán los artículos científicos
que mencionen el tema de políticas públicas
relacionadas con la violencia de género. En segundo
lugar, se procederá a considerar aquellos artículos
que han sido publicados en inglés o en español. En
tercer lugar, se determinarán artículos que traten
específicamente el tema de violencia de género y se
desarrollen en áreas de selva. En cuarto lugar, se
utilizarán principalmente artículos disponibles en
las bases de datos Scopus y SciELO. Finalmente, se
tomarán en consideración los artículos publicados
entre enero de 2021 y 2024.
En cuanto a las fuentes que deben ser
desestimadas, se contemplaron las siguientes: a)
artículos de investigación, ensayos, capítulos de
libros o comunicaciones escritas, análisis
documentales, exámenes exhaustivos,
publicaciones y presentaciones; b) documentos que
no son accesibles libremente; c) informes que tratan
exclusivamente sobre el análisis de la violencia de
género o política pública, pero no ambos.
Investigación que se lleva a cabo en países
diferentes al donde existen políticas públicas sobre
la violencia de género, y también la publicación de
artículos científicos en idiomas diferentes al inglés
o español.
La selección de estudios se llevó a cabo en
cuatro fases, siguiendo el diagrama de flujo
PRISMA: Identificación: Hasta el 20 de noviembre
de 2024 se realizó la búsqueda inicial en Scopus
obteniendo 120 artículos y en SciELO 80 artículos;
Cribado: se eliminaron duplicados y según los
criterios de selección, verificando que estos sean
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1(790)
útiles para el objetivo de la investigación, quedando
80 artículos únicos; Elegibilidad: se revisaron los
resúmenes y títulos de los 80 artículos, utilizando
los criterios de inclusión y exclusión. 50 artículos
fueron seleccionados para revisarse completamente;
Inclusión: finalmente, se revisaron en detalle los
textos completos de los 50 artículos, seleccionando
35 estudios que cumplieron con las pautas para ser
incluidos en el análisis.
En esta fase de selección se utilizaron textos
específicos que figuraban en las bases de datos de
investigación Scopus y SciELO a las cuales se les
utilizó como las fuentes de información. Asimismo,
con el propósito de asegurar una cobertura que
complemente lo ya existente, se van a incorporar
datos de otras fuentes que puedan contribuir al
aumento de información.
Para mejorar la búsqueda, se utilizó una
combinación de operadores booleanos OR, AND y
NOT, junto con una combinación de descriptores y
palabras clave. Los términos buscados incluyeron
las categorías de políticas públicas que estaban en
relación con temas de violencia de género. La
estrategia de búsqueda de documentos en español
fue así: ((“políticas públicas”) OR (“violencia de
género”)) AND ((efectividad de las políticas”) OR
(“violencia contra mujeres”)) NOT (violencia OR
violencias). Además, el proceso de búsqueda en
inglés se aplicó la siguiente fórmula: (((public
policies”) OR (“gender-based violence”)) AND
((policy effectiveness”) OR (“violence against
women”)) NOT (violence).
Durante el desarrollo de la investigación es de
vital importancia llevar a cabo un registro metódico
de los datos iniciales que se toman y las fuentes
seleccionadas en un formulario donde se detalle la
información recopilada. Se registró detalladamente
aspectos tales como: el año de publicación, la
nacionalidad, el título del documento, el nombre de
la revista, los objetivos de la investigación y las
técnicas utilizadas.
Para la selección de los artículos se
establecieron como criterios de inclusión, estudios
publicados entre 2020 a 2025, artículos revisados
por pares, estudios que evaluaron la efectividad de
políticas públicas contra la violencia de género,
artículos disponibles en inglés y español; en cuanto
a los criterios de exclusión, no se ha considerado
artículos no revisados por pares, publicaciones
anteriores a 2020, monografías.
Desarrollo y discusión
La distribución de los artículos en diferentes
bases de datos se puede apreciar en la Tabla 1.
Según Scopus aparecen un total de 120 artículos,
mientras que SciELO cuenta con 80. Cabe destacar
que, de los artículos inicialmente identificados,
todos carecían de clasificación.
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1(791)
Base de datos
Cantidad
Scopus
SciELO
110
80
Total
190
Tabla 1. Búsqueda preliminar
Posteriormente, se llevó a cabo una
evaluación que definió los artículos científicos,
conforme a los criterios de inclusión y exclusión. En
la etapa de selección, cada artículo se examina para
establecer si cumple con los estándares de calidad
requeridos para la investigación particular. En la
fase de integración, se eligen los documentos que
serán sometidos a un examen completo de la
literatura (Ver figura l).
A partir de la primera consulta, 70 artículos
fueron eliminados a través de los filtros y criterios
utilizados. De igual forma, se eliminaron 25
artículos que estaban en duplicado y 37 fueron
eliminados al revisar los títulos y los resúmenes. Así
mismo, 14 trabajos se excluyeron por no disponer
de acceso libre; fueron eliminados 20 artículos de
texto completo que fueron excluidos por no cumplir con
los criterios de elegibilidad; se agregó 1 artículo
recuperado de otra base de datos, quedándonos con
25 artículos completos para su revisión (Ver Tabla
2).
En lo que respecta a la procedencia de los
artículos científicos seleccionados, de la parte del
plan se originaron en Ecuador, Brasil, Argentina,
Colombia, España, México, Venezuela, Chile, Perú,
Suiza, Kenia, Canadá y Reino Unido. En cuanto a la
data de los artículos, fueron publicados 2 en 2020, 6
en 2021, 5 en 2022, en 2023 fueron publicadas 8, y
2024 nos encontramos con 4.
Figura 1: Flujograma PRIMA
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1(792)
N.º
Autor, año y país
Enfoque
Diseño
Resultados
1
Fonseca y San
Sebastián (2021)
Ecuador.
Cuantitativo
No experimental
El estudio ha identificado significativas
disparidades entre los cantones, así como una
distribución geoespacial destacada, especialmente
en la región amazónica del país.
2
Vera, Leonardo
(2021) Ecuador
Cualitativo
No experimental
Es importante que las políticas públicas que
protegen a mujeres, niños y adultos mayores sean
conocidas en la sociedad, ya que se basan en
pronunciamientos gubernamentales recogidos en
leyes, programas y planes que trazan diferentes
políticas.
3
Lacerda & de
Moraes (2022)
Brasil
Cualitativo
No experimental
La aprobación de la Ley María da Penha ha
contribuido al avance del abordaje de las agresiones
contra las mujeres en las políticas gubernamentales,
al trasladar a la esfera pública aspectos que
previamente se consideraban privados.
4
García (2023)
Argentina
Cualitativa
No experimental
Es necesario adoptar una perspectiva feminista
interseccional e intercultural para abordar desafíos
y áreas de mejora, como la coordinación
intersectorial e interjurisdiccional y las disparidades
que impactan a las mujeres.
5
García et al.,
(2021) Colombia
Cualitativa
No experimental
La desigualdad de género es evidente tanto en el
sector público como en el privado, siendo crucial
integrar otras perspectivas que ayuden en la
transformación de la violencia contra las mujeres,
además de reconocer e intervenir en los elementos
de riesgo.
6
Varea (2020)
Ecuador
Cualitativa
No experimental
La diferencia de índices de mujeres agredidas es
mayor entre las mujeres indígenas que entre las
mujeres mestizas, con 10 casos por cada 6,
respectivamente.
7
González (2024)
Brasil
Cualitativo
No experimental
La adhesión al Protocolo Facultativo de la CEDAW
supone la aprobación de una ley completa que
proteja contra la violencia de género dirigida a las
mujeres, abordando sus componentes estructurales
y diversas formas de expresión.
8
Ruiz (2021)
España
Cualitativo
No experimental
La desigualdad y el problema de las agresiones
hacia las mujeres, en particular el abuso, continúan
siendo un problema persistente, aunque ha habido
una disminución en el promedio anual, el índice de
mujeres que han sido asesinadas y han sufrido
abusos por violencia de género se mantiene elevado
y constante a lo largo del tiempo.
9
Galán et al., (2022)
México
Cuantitativo
No experimental
Es fundamental establecer normativas, sistemas y
estrategias que fomenten la equidad entre los
géneros, detecten y enfrenten obstáculos, y definan
quiénes son los encargados de llevar a cabo estas
medidas.
10
Quiroz et al.,
(2023) Venezuela
Cuantitativa
No experimental
Para la implementación de políticas públicas con
visión de género, es necesario realizar un estudio
donde permita señalar y describir el problema o la
situación que requiere análisis y transformación en
su modelo, prestando atención a las diferencias
entre las mujeres y los hombres, con más profunda
comprensión de los factores causales que conducen
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Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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1(793)
a desigualdades y considerar si es viable o no
abordar las causas, dirigirse a poblaciones
marginadas o remotas, como comunidades rurales o
grupos indígenas.
11
Stanziola y Araúz
(2023) Chile
Cuantitativo
No experimental
Las personas consultadas manifestaron inquietud
acerca del ámbito económico, abordando temas
como el sistema de amparo social, la obtención de
asistencia financiera, la situación del empleo y la
reactivación económica, convencidas que no existe
políticas con visión de género.
12
Muñoz et al.,
(2024) Perú
Cualitativa
No experimental
Promover programas de educación de género y
concienciación para cambiar las percepciones
negativas que se tienen sobre las mujeres y la
masculinidad, debiendo contar con la participación
de la comunidad, políticos y medios.
13
Schaaf & Khosla
(2021) Suiza
Cuantitativa
No experimental
Una mayor sensibilización sobre el problema puede
haber producido un incremento en la cantidad de
acciones e incluso ello tornaba más compleja la
comprensión sobre las tasas de violencia que eran
informadas.
14
Muuo et al., (2020)
Kenia
Cuantitativo
No experimental
Es digno de mencionar los programas que fomentan
la igualdad de género a través del avance económico
y social de las mujeres, así como aquellas iniciativas
que incluyen enfoques participativos en su
implementación.
15
Férez (2023)
Ecuador
Cualitativa
No experimental
La violencia de género se agrava aún más por la
falta de implementación del Estado en políticas,
instrumentos y estrategias que previenen y eliminan
toda forma de violencia contra la mujer, así como la
violencia cultural inducida en algunos de los casos
y el combate al fenómeno de la impunidad.
16
Chadambuka
(2024) Canadá
Cuantitativa
No experimental
Es esencial integrar la interseccionalidad y
considerar las múltiples disparidades en las
políticas, sobre todo en aquellas dirigidas a
individuos impactados por la violencia de género,
ya sea en ámbitos privados o públicos. Estas
políticas muestran principalmente las diferencias
interseccionales.
17
Pérez et al., (2023)
España
Cuantitativa
No experimental
Al ser responsabilidad de las entidades
gubernamentales mejorar las condiciones de vida de
los ciudadanos en las regiones más alejadas,
requiere la puesta en marcha de medidas enfocadas
para cubrir las necesidades de las zonas rurales y en
disminuir la disparidad de género mediante
inclusión laboral equitativa de mujeres.
18
Rabello (2023)
Brasil
Cuantitativa
No experimental
La formación de actitudes hacia las políticas de
violencia de género afecta los procesos de equidad.
La falta de equidad en los procesos legales puede
tener un impacto en las decisiones de intervención
de los testigos, así como socavar la evaluación de
los esfuerzos gubernamentales.
19
Rockowitz (2021)
Reino Unido
Cuantitativa
No experimental
En el contexto particular de este de África, el
acompañamiento a víctimas de violencia de
agresiones se ve obstaculizada por la falta de
políticas bien delineadas y por la aplicación
ineficaz. La garantía de la existencia de marcos
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1(794)
legales sólidos y su aplicación es crucial para las
regiones de selva.
20
Guaita et al.,
(2023) España
Cuantitativa
No experimental
Respecto a la zona de África Oriental, la situación
se complica más aún por la pobre formulación de
políticas y ausencia de acciones concretas para
atender a mujeres sobrevivientes de violencia de
género, venganza legal y social. Para no quedar
expuestos a riesgos que pueden vulnerar sus
derechos, es fundamental contar con marcos
jurídicos que avalen su salvaguardia.
21
Desouza et al.,
(2023) Brasil
Cuantitativa
No experimental
Factores socioeconómicos y demográficos afectan a
las mujeres de minorías étnicas o religiosas, las que
enfrentan múltiples desventajas sociales que las
hacen más vulnerables a la violencia, situación
evidente en áreas con falta de recursos públicos para
la protección de derechos, como los municipios con
bajos índices de desarrollo en la región amazónica.
22
Sivarajasingam et
al., (2022) Reino
Unido
Cuantitativa
No experimental
Un cambio en el clima social para promover la
denuncia de la violencia solo es posible a través de
intervenciones continuas, multifacéticas y basadas
en la comunidad que tengan como objetivo a
personas de todas las edades y entornos. Estos
esfuerzos buscan desafiar el estigma que rodea al
problema y hacerlo visible en el espacio público.
23
Serra et al., (2022)
España
Cuantitativa
No experimental
Muchas víctimas no denuncian los delitos debido a
factores como la dependencia económica, la
vergüenza, las creencias culturales y el miedo;
existe discrepancia en la percepción de delitos entre
lo que las víctimas consideran un delito y lo que las
agencias policiales registran como tal, lo que
impide comprender los factores que podrían inhibir
la violencia y mejorar las intervenciones de las
autoridades; la violencia de género no denunciada
reduce la probabilidad de que el delincuente sea
finalmente condenado.
24
Marianne (2024)
México
Mixto
No experimental
La interseccionalidad no solo permite identificar la
mistura de raza y género en el contexto de violencia
hacia las mujeres de color, sino que podría ser útil
para abordar la tensión entre las reclamaciones de
múltiples identidades y la persistente necesidad de
la política grupal, vital al permitir analizar cómo
ciertas políticas y prácticas afectan a grupos de
manera diferente en relación con sus
vulnerabilidades, marginaciones y exclusiones.
25
Pizarro (2022)
Argentina
Cualitativa
No experimental
Es necesario que se realice estudios de género para
identificar y explicar la situación y características
de la población y la intervención objetivo, considere
las 'diferencias de género' y, a un nivel más
profundo, examine las causas de dichas diferencias
y la posibilidad de abordarlas.
Tabla 2. Artículos que fueron incorporados en la revisión sistemática
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Según el análisis realizado por Fonseca & San
Sebastián (2021), existen enormes discrepancias en
la implementación de políticas públicas entre
cantones de Ecuador, con una distribución
geoespacial que es especialmente mala para la
región amazónica. Esta situación exige que la
asignación de recursos y medidas sea más justa. A
su vez, Vera (2020) enfatiza que es crucial resaltar
la necesidad de una difusión amplia y promoción
general dentro de la sociedad ecuatoriana de las
medidas gubernamentales destinadas a proteger a
las mujeres, niños y ancianos víctimas de
agresiones, con el fin de aumentar la efectividad.
Una mayor sensibilización sobre el problema
puede haber producido un incremento en la cantidad
de acciones e incluso ello tornaba más compleja la
comprensión sobre las tasas de violencia que eran
informadas (Schaaf & Khosla, 2021). Michau y sus
colaboradores, citados por Muuo et al., (2020)
sostienen que esta ayuda es creíblemente necesaria
en un contexto humanitario. En este último se ponen
de relieve los programas que fomentan la equidad de
género a través del fortalecimiento económico y
social de las mujeres y la programación que utiliza
métodos participativos.
En Brasil, la promulgación de la Ley María da
Penha fue un paso importante no solo en la
ampliación de la discusión sobre la violencia contra
las mujeres desde el ámbito privado hasta el público,
sino que también indicó unas alteraciones y
transformación fundamental en la respuesta del
estado a este problema (Lacerda & De Moraes,
2022). La aprobación del Protocolo Facultativo de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) ha favorecido la instauración de la
legislación sobre el trato de la mujer en sus aspectos
más extremos (González, 2024). Sin embargo,
queda como reto aún por acometer la inclusión de
actores no gubernamentales.
La investigación realizada en Ecuador
muestra realidades sorprendentes en ciertos
sectores; tanto es así que Varea (2020) establece que
las mujeres indígenas enfrentan varias formas de
desigualdad, como la oportunidad limitada de
acceder a la educación superior y una carga de
trabajo excesiva; por lo tanto, es preciso articular e
implementar políticas públicas que sean
culturalmente más apropiadas e inclusivas para dar
solución a esta problemática. En el contexto
particular de África, la defensa de las mujeres
víctimas de agresiones se ve obstaculizada por la
falta de políticas bien delineadas y por la aplicación
ineficaz. La garantía de la existencia de marcos
legales sólidos y su aplicación es crucial para las
regiones de selva (Rockowitz et al., 2021).
Las mujeres que pertenecen a comunidades
indígenas y afrodescendientes tienden a tener
múltiples desigualdades sociales por su condición
de tal, acallando sus voces hasta tal punto que se les
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dificulta el acceso a la justicia; por alguna razón,
independientemente de su situación social y
cultural, especialmente en lo que respeta al
matrimonio temprano, la maternidad, la educación y
las oportunidades de empleo (Quiroz et al., 2023).
Las agresiones contra la mujer en Nigeria, así
como países con contextos sociales similares de
selva, puede abordarse con mayor eficacia mediante
campañas de prevención que, en su fase inicial,
eviten su aparición en vez de utilizar posteriormente
que impidan su reiteración. Entre las medidas
primarias, se pueden mencionar: la elevación de la
conciencia sobre los asuntos de género y ya
existentes leyes y legislaciones, violencia de género;
participación comunitaria sobre la perspectiva de
género; introducción y sistematización de políticas
de género transformadas en programas en desarrollo
y en ejecución; y orden de las mujeres.
De este modo, cuando se actúa con planos de
prevención primaria, se comprometen
significativamente las posibilidades de que la
violencia de género acciones llegue a ocurrir, y por
lo tanto se evitan complementarias que sean de
carácter penal o policial (Okonofua et al., 2024).
De acuerdo a lo expresado por Férez (2023),
la inefectividad de los sistemas y leyes y estrategias
en su aplicación favorece que se perpetúe las
agresiones hacia las mujeres, niñas y adolescentes,
todo esto contribuye a esa horrible realidad que
afecta a las mujeres. Como si lo anterior no
alcanzara a agravar la situación, no existen
sanciones adecuadas y pertinentes, así como se
necesita imperiosamente la enseñanza de valores
desde la infancia. Esta situación es evidente en áreas
con falta de recursos públicos para la protección de
derechos, como los municipios con bajos índices de
desarrollo en la región amazónica. Estas áreas
suelen estar lejos de los centros urbanos y carecen
de instalaciones y servicios destinados a apoyar a las
mujeres, situación que faciliten el incremento de
violencia contra las mujeres en tales áreas (DeSouza
et al., 2023).
Según García (2023), en Argentina, la
adopción de un feminismo intersectorial con una
perspectiva intercultural es crucial para abordar
problemas como las desigualdades sociales o la
fragmentación intersectorial. En Canadá,
(Chadambuka & Essue, 2024) refuerza esta idea al
resaltar la prevalencia de desigualdades
intersectoriales en las políticas públicas, lo que
exige un diseño que tenga en cuenta diferentes
formas de opresión.
Hay otro aspecto que necesita clarificación:
para que haya visión de género en la formulación de
políticas gubernamentales, es necesario que se
realice análisis que identifiquen y expliquen la
situación y características de la población y la
intervención objetivo, considere las 'diferencias de
género' y, a un nivel más profundo, examine las
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causas de dichas diferencias y la posibilidad de
abordarlas (Pizarro, 2021).
En el caso en que se mantiene en un rol
dominante, entonces la violencia y las estructuras
que establecen y normalizan son siempre un
problema. Promover programas de educación de
género y concienciación para cambiar las
percepciones negativas que se tienen sobre las
mujeres y la masculinidad. En esta campaña, es
crucial el concurso de políticos y medios, papás de
muchos hogares, educadores (Muñoz et al., 2024).
Considerando que es un problema social, hay que
abordarlo desde diversas aristas.
Las administraciones públicas y las empresas
tienen la responsabilidad social de participar
activamente en zonas menos pobladas del país. Esto
implica la implementación de políticas para acortar
la brecha de género al facilitar la integración laboral
de las mujeres en igualdad de condiciones que los
hombres (Pérez et al., 2023). La interseccionalidad
no solo permite ubicar el reconocimiento de la
diversidad de raza y el género en el contexto de
violencia hacia las mujeres de color, sino que
posiblemente podría ser útil en un sentido más
amplio para abordar principalmente la tensión entre
las reclamaciones de múltiples identidades y la
persistente. necesidad de la política grupal, ya que
es vital porque permite analizar cómo ciertas
políticas y prácticas afectan a varios grupos de
manera diferente en relación con sus
vulnerabilidades, marginaciones y exclusiones
(Marchand, 2024).
Un cambio en el clima social para promover
la denuncia de la violencia solo es posible a través
de intervenciones continuas, multifacéticas y
basadas en la comunidad que tengan como objetivo
a personas de todas las edades y entornos. Estos
esfuerzos buscan desafiar el estigma que rodea al
problema y hacerlo visible en el espacio público
(Sivarajasingam et al., 2022).
Ruiz (2021) coincide en que, no obstante que
las cifras estadísticas dan cuenta de un decremento
en los medios anuales de accidentes, la agresividad
misma se mantiene en elevadas y constantes por lo
mediado de tiempo. Es necesario aplicar una visión
de género en la gestión de la justicia para enfrentar
desafíos como el narcotráfico, la privación de
recursos y la exclusión social, que intensifican la
violencia inherente.
Según Galán et al., (2022), para combatir las
oposiciones culturales y estructurales, es necesario
aplicar políticas e instrumentos que promuevan la
reciprocidad y la equidad entre sexos. La dimensión
económica de las políticas públicas es enfatizada
por Stanziola & Araúz (2023), quienes afirman que
las medidas sensibles al género no solo son
inadecuadas, sino también tardías en su
implementación, mientras que el desconocimiento
de los agentes responsables sobre cómo llevarlas a
cabo provoca retrasos en los intentos de avanzar.
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Pérez et al., (2023) de España amplían esta
perspectiva, argumentando que tanto las empresas
como las administraciones públicas deben
involucrarse de manera más activa para mejorar las
condiciones en las zonas rurales y reducir la brecha
de género en el mercado laboral (Serra et al., 2022).
A pesar del progreso en el reconocimiento del
problema y la adopción de políticas públicas
específicas, siguen existiendo importantes desafíos
(Lacerda & De Moraes, 2022). La ausencia de una
coordinación intersectorial e interjurisdiccional
efectiva, junto con la omisión de un enfoque
interseccional, destacando como áreas clave a
mejorar (García et al., 2021). En esta perspectiva, la
difusión de valores y la educación inicial son claves
para construir cambios culturales de manera más
eficaz.
La formación de actitudes hacia las políticas
de violencia de género afecta los procesos de
equidad. La falta de equidad en los procesos legales
puede tener un impacto en las decisiones de
intervención de los testigos, así como socavar la
evaluación de los esfuerzos gubernamentales
(Rabello, 2023). La efectividad de las políticas
dirigidas a desafiar la violencia de género se
relaciona con las leyes que se encuentran y son
aplicadas.
Respecto a la zona de África Oriental, la
situación se complica más aún por la pobre
formulación de políticas y ausencia de acciones
concretas para facilitar a las mujeres que han
padecido agresiones. Para no quedar expuestos a
riesgos que pueden vulnerar sus derechos, es
fundamental contar con marcos jurídicos que avalen
su salvaguardia (Guaita et al., 2023).
Conclusiones
A pesar de las mejoras normativas que se ha
implementado en relación con el reconocimiento y
la supresión de la violencia de género como un
fenómeno sociológicamente manifiesto, dicho
reconocimiento y mitigación ofrecen variadas
fuentes de problemas, particularmente en regiones
geográficas con características peculiares, como la
exuberante amazonia peruana, donde las extremas
desigualdades estructurales, las carencias arraigadas
y los retrasos en las colaboraciones intersectoriales
obstaculizan severamente el objetivo de adopción
de políticas diseñadas para restringir y eliminar la
violencia de género.
Las mujeres que residen en zonas rurales y
aisladas, especialmente en regiones de selva, están
en una situación desventajosa, ya que les resulta
muy complicado ejercer derechos, por ejemplo,
acceder a la justicia y a la salud y servicios que
normalmente se atienden en el ámbito urbano. Todo
esto, en cierto modo, lo que hace es profundizar la
constante vulneración que sufren las víctimas y hace
mucho más difícil que se logre el respeto por parte
de las autoridades de los derechos humanos
fundamentales de las mujeres.
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Las políticas públicas actuales no toman
adecuadamente en cuenta la variabilidad de la
opresión sufrida por las mujeres, incluidas las
mujeres indígenas o las mujeres que viven en
extrema pobreza, lo que reduce la efectividad de
esas políticas. La información proporcionada sobre
la educación de las mujeres revela la ausencia de
programas o iniciativas, tanto para mujeres jóvenes
como para mujeres mayores, que aborden los inicios
del sexismo, como los estereotipos de género
violentos y las creencias sobre los roles de género.
Las deficiencias estructurales en el sistema de
justicia, incluida la constante revictimización de las
personas afectadas y la ausencia de medidas de
sanción realmente efectivas, contribuyen a la
consolidación de la violencia y representan una
barrera seria que desanima a las víctimas a
emprender acciones legales en su búsqueda de
justicia; es necesario idear e implementar
mecanismos de seguimiento y evaluación en áreas
más desfavorecidas, como las selvas de Perú, para
garantizar un mejor cumplimiento de las normas
existentes, asegurar una mayor equidad entre los
géneros en todos los ámbitos y permitir que estas
cumplan medidas con las tradiciones. de las
poblaciones nativas y rurales que allí viven.
De igual forma, se deben ejecutar de manera
adecuada, programas no solo educativos, sino
integrales cuyo objetivo primordial sea la
promoción activa de la equidad entre los géneros y
contribuir a la eliminación gradual de los
estereotipos de género que han estado arraigados en
nuestra sociedad a lo largo de los tiempos,
especialmente involucrando a niños, niñas y sus
padres en el proceso educativo, de manera activa. Es
necesario promover la cooperación y coordinación
de las agencias gubernamentales, organizaciones de
la sociedad civil y organismos internacionales para
fortalecer la respuesta integral al problema de las
agresiones contra las mujeres, así como asegurar
que el presupuesto asignado a las agencias de
aplicación sea adecuado.
Conflictos De Intereses
El autor afirma que no hay intereses en
conflicto en relación con la publicación del artículo
científico anterior.
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Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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