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DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ, UN ANÁLISIS
COMPARADO CON LOS PAÍSES DE COLOMBIA Y CHILE
CRIMES AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION IN PERU, A COMPARATIVE ANALYSIS
WITH THE COUNTRIES OF COLOMBIA AND CHILE
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Recibido: 22/04/2025
Aceptado: 23/05/2025
Publicado: 07/08/2025
Código Único AV: e498
Páginas: 1 (690-979)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16762082
Autores:
Evelyn Milagros Risco Murillo
Abogada
Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal
https://orcid.org/0009-0000-6622-534X
E-mail: erisco@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad Cesar Vallejo
País: Republica del Perú
Joselin Herrera García
Derecho
Maestría en Ciencia Criminalística
https://orcid.org/0000-0003-2672-3330
E-mail: jherrerag16@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad Cesar Vallejo
País: Republica del Perú
Resumen
El artículo tubo el objetivo de analizar los delitos contra la administración
pública en el Perú, comparándolos con los sistemas penales de Colombia y
Chile, con el fin de identificar las semejanzas y diferencias en la tipificación de
estos delitos, así como las problemáticas en su aplicación, y evaluar el rol de las
políticas públicas en la prevención y sanción de dichos delitos en los tres países.
En cuanto a la metodología, el estudio es un artículo de revisión sistemática, fue
desarrollado bajo el enfoque cualitativo, con una metodología de análisis
documental donde se utilizaron fuentes primarias como; artículos, libros y
legislación de diversos, indexados bases de datos Scopus, SciELO y bases de
datos de acceso abierto. Los resultados resaltan que existen desafíos comunes
en la aplicación de estas normas, como la impunidad, la ineficiencia judicial y
la falta de recursos. Al examinar la problemática se identifica, que en el Perú
predominan mecanismos de transparencia cuestionados en su efectividad,
mientras que en Colombia y Chile han implementado estrategias más integrales
y colaborativas. Se concluye los delitos más comunes entre los tres países son
la corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, cohecho y
peculado, en el Perú, se sanciona con el uso de la pena accesoria de
inhabilitación en la administración pública, que se impone en forma adicional a
la pena privativa de libertad. En Colombia de acuerdo a la ley 599 en su artículo
325 B sanciona el delito de corrupción. Sin embargo, el sistema penal es
debilitados por duplicidad de funciones jurisdiccionales como la justicia militar
y los tribunales ordinarios. En Chile, existe un tribunal especializado en casos
de corrupción, que tiene una mayor capacidad de concentración de esfuerzos en
el juzgamiento de estos casos complejos. No obstante, tiene desafíos en cuanto
a su autonomía judicial.
Palabras Clave
Delitos de corrupción, análisis comparado, administración de
justicia, aplicación de la ley, derecho administrativo
Abstract
The objective of the article is to analyze crimes against public administration in
Peru, comparing them with the criminal systems of Colombia and Chile, in order
to identify the similarities and differences in the classification of these crimes,
as well as the problems in their application, and to evaluate the role of public
policies in the prevention and punishment of these crimes in the three countries.
In terms of methodology, the study is a systematic review article, developed
under a qualitative approach, with a documentary analysis methodology using
primary sources such as articles, books and legislation from various indexed
databases such as Scopus, SciELO and open access databases. The results
highlight that there are common challenges in the application of these norms,
such as impunity, judicial inefficiency and lack of resources. And when
examining the problems, it is identified that in Peru, transparency mechanisms
are predominant and their effectiveness is questioned, while in Colombia and
Chile they have implemented more comprehensive and collaborative strategies.
It is concluded that the most common crimes in the three countries are
corruption, embezzlement, influence peddling, bribery and embezzlement,
which in Peru is punished with the use of the accessory penalty of
disqualification from public administration, which is imposed in addition to the
penalty of imprisonment. In Colombia, according to Law 599, Article 325 B
punishes the crime of corruption. However, the criminal system is weakened by
the duplication of jurisdictional functions such as military justice and ordinary
courts. In Chile, there is a court specialized in corruption cases, which has a
greater capacity to concentrate efforts in the prosecution of these complex cases.
However, it has challenges in terms of its judicial autonomy.
Keywords
Corruption offenses, comparative analysis, administration of justice,
law enforcement, administrative law
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Introducción
Los delitos contra la administración pública
constituyen una problemática de relevancia en los
sistemas jurídicos de América Latina, afectando la
integridad y eficiencia de las instituciones
gubernamentales. En el contexto peruano, estos
delitos han adquirido particular importancia debido
a su impacto en la confianza ciudadana y en el
desarrollo socioeconómico del país (Martínez,
2023). Este artículo se propone realizar un análisis
comparado de los delitos contra la administración
pública en el Perú, Colombia y Chile, con el fin de
identificar tanto las similitudes como las diferencias
en sus tipologías penales, las problemáticas en su
aplicación y las políticas públicas implementadas
para combatirlos.
En primer lugar, es esencial entender las
definiciones y clasificaciones que cada país otorga a
estos delitos. Mientras que el Perú clasifica estos
actos principalmente bajo el marco de la corrupción
administrativa y el abuso de autoridad estipuladas
en el Decreto Supremo 092, 2017 (Congreso de la
Republica del Perú, 2017 y Gobierno del Perú,
2020), Colombia y Chile presentan estructuras
normativas que, aunque similares en esencia,
difieren en su enfoque y alcance (Cárcamo, 2023,
Cordero, 2020 y Ruiz-Rico, 2019). Estas diferencias
legislativas reflejan las particularidades culturales y
socioeconómicas de cada nación, así como su
compromiso en la lucha contra la corrupción.
En el Perú, estos delitos incluyen una variedad
de conductas ilícitas que afectan el correcto
funcionamiento de la administración pública, desde
la malversación de fondos hasta el tráfico de
influencias, pasando por el cohecho y el abuso de
autoridad. En este contexto, resulta pertinente
realizar un análisis comparado con los sistemas
jurídicos de Colombia y Chile, dos países con los
cuales el Perú comparte diversas características
sociales, políticas y jurídicas, pero que a su vez han
desarrollado respuestas particulares ante los delitos
contra la administración pública. Si bien existen
importantes semejanzas en los tipos penales de estos
tres países, también se pueden identificar
diferencias en la tipificación y el enfoque para la
prevención y sanción de estos delitos.
Asimismo, la aplicación efectiva de las
normas penales enfrenta desafíos comunes en
diversos países, tales como la impunidad, la
ineficiencia judicial y la falta de recursos adecuados
para la investigación y persecución de estos delitos
(Ruiz & Gómez, 2023). Estos obstáculos no solo
dificultan la implementación de sanciones efectivas,
sino que también perpetúan la desconfianza pública
hacia las instituciones encargadas de la
administración pública.
Por otro lado, se discutirá el rol de las políticas
públicas en la prevención de la corrupción y la
mejora de la eficiencia en la administración pública,
destacando las políticas implementadas en cada uno
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de los países mencionados. En el Perú, se han
implementado mecanismos de control interno y
transparencia, aunque su efectividad ha sido
cuestionada debido a la persistencia de prácticas
corruptas (Zavaleta, 2023). En contraste, Colombia
ha adoptado estrategias más integrales que incluyen
reformas institucionales y campañas de
concientización, mientras que Chile ha enfatizado la
colaboración internacional y el fortalecimiento de
organismos de control (Ayala-García et al., 2022;
Pliscoff & Lagos, 2021 y Olásolo & Galain, 2022).
Este estudio se basa en el marco de las teorías
del derecho penal y de la administración pública,
particularmente aquellas relacionadas con el estudio
de la corrupción, el abuso del poder y los delitos
cometidos en el contexto estatal. La teoría del
derecho penal retributivo, que busca sancionar las
conductas ilícitas a través de penas que respondan
proporcionalmente al daño causado a la sociedad,
encuentra una aplicación directa en el análisis de los
delitos contra la administración pública (Ferrajoli,
2000; Roxin & Greco, 1997). Este enfoque teórico
es esencial para comprender el papel de la
legislación penal en la lucha contra la corrupción y
la manera en que los sistemas penales de diferentes
países responden ante estos crímenes.
Además, el estudio de la administración
pública y las políticas públicas es fundamental para
contextualizar los delitos contra la administración
pública dentro de una estructura estatal que, aunque
legislada, enfrenta dinámicas internas complejas
que permiten la persistencia de estos delitos
(Rosenbloom et al., 2021). En el marco teórico de la
gobernanza, se entiende que la transparencia, la
rendición de cuentas y el fortalecimiento
institucional son factores clave para prevenir la
corrupción, lo que subraya la importancia de una
adecuada aplicación de las leyes (Valencia et al.,
2020). El presente artículo se inserta dentro de esta
corriente teórica, al intentar identificar no solo las
características normativas de los delitos contra la
administración pública en Perú, Colombia y Chile,
sino también las implicancias de las políticas
públicas en la prevención de estos delitos y su
relación con las instituciones encargadas de su
fiscalización.
Los delitos contra la administración pública
representan una de las principales amenazas para la
confianza de la ciudadanía en el sistema político y
económico de un país (Florián-Tacanga et al.,
2023). La corrupción erosiona las instituciones
democráticas y fomenta la desconfianza entre los
ciudadanos, lo que, a su vez, afecta negativamente
la participación social y el desarrollo económico
(Wealt, 2015). Este artículo responde a una
necesidad crítica de entender cómo los sistemas
legales de tres países latinoamericanos —Perú,
Colombia y Chile— enfrentan este problema de
manera diferenciada y cómo las políticas públicas
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contribuyen, o en algunos casos, perpetúan, la
impunidad y la falta de transparencia.
Cabe señalar que, la falta de efectividad en la
lucha contra la corrupción genera un círculo vicioso
donde la percepción de impunidad y la desconfianza
en las instituciones públicas se incrementan, lo que
puede llevar al debilitamiento del tejido social
(Trejo, 2021). Este fenómeno no solo afecta a los
ciudadanos directamente involucrados en actos de
corrupción, sino también a toda la sociedad, que ve
cómo los recursos públicos son malgastados y cómo
se perpetúa la desigualdad y la injusticia. Por tanto,
este artículo es relevante para evidenciar las
falencias en la legislación y las políticas públicas,
así como para sugerir mejoras que beneficien a la
sociedad en su conjunto, reforzando la confianza en
el Estado de derecho y en la eficacia de las políticas
públicas de lucha contra la corrupción.
Además, el artículo permite a los operadores
jurídicos, legisladores y responsables de políticas
públicas contar con una visión más clara de los
marcos normativos en cada país, las diferencias en
las tipificaciones penales, las características de la
impunidad y la relación con las políticas
anticorrupción. La identificación de estas
diferencias y semejanzas no solo aporta al
conocimiento académico sobre el derecho penal
comparado, sino que también tiene una
aplicabilidad directa en la mejora de las leyes y las
estrategias preventivas en los países analizados. Las
conclusiones y recomendaciones derivadas de este
estudio podrán ser útiles para ajustar las políticas
públicas y proponer reformas legales que
contribuyan a una mayor transparencia y rendición
de cuentas en el sector público.
Por otro lado, la discusión sobre el papel de
las políticas públicas y su interacción con la
legislación penal resulta crucial para entender cómo
los gobiernos pueden diseñar e implementar
estrategias efectivas para prevenir la corrupción. A
través de una revisión crítica de las medidas
adoptadas en cada país, este artículo busca
contribuir a la mejora de la gestión pública y
fortalecer las instituciones encargadas de velar por
la integridad del sector público (Acosta-Dávila et
al., 2024).
El objetivo general de este estudio fue:
Analizar los delitos contra la administración pública
en el Perú, comparándolos con los sistemas penales
de Colombia y Chile, con el fin de identificar las
semejanzas y diferencias en la tipificación de estos
delitos, así como las problemáticas en su aplicación,
y evaluar el rol de las políticas públicas en la
prevención y sanción de dichos delitos en los tres
países.
Y lo objetivos específicos: OE1. Comparar los
sistemas penales relacionados con los delitos contra
la administración pública en el Perú, Colombia y
Chile. OE2. Analizar los tipos penales más
relevantes relacionados con los delitos contra la
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administración pública en el Perú, Colombia y
Chile, identificando las principales semejanzas y
diferencias en su definición y tratamiento legal en
cada país. OE3. Identificar la problemática en la
aplicación de los tipos penales relacionados con los
delitos contra la administración pública en el Perú,
Colombia y Chile. OE4. Describir la eficacia de las
políticas públicas implementadas en Perú,
Colombia y Chile para prevenir y sancionar los
delitos contra la administración pública,
identificando los desafíos comunes y proponiendo
posibles mejoras en la gestión pública para
fortalecer el combate contra la corrupción.
Desarrollo
Metodología
El artículo de revisión sistemática fue
desarrollado bajo el enfoque cualitativo, con una
metodología de análisis documental donde se
utilizaron fuentes primarias como; artículos, libros
y legislación de diversos, indexados bases de datos
Scopus, SciELO y bases de datos de acceso abierto.
Estrategias de búsqueda
En Scopus se aplicó el siguiente criterio de
búsqueda, dando un total de 15881 documentos
encontrados de manera inicial donde incluían
documentos en español e inglés siendo este la
estrategia utilizada: (TÍTULO (corrupción) O
TÍTULO (responsabilidad Y de Y funcionarios Y
públicos) OR TÍTULO (comparación Y
internacional Y de Y corrupción) OR TÍTULO
(sistema Y legal Y anticorrupción) OR TÍTULO
(responsabilidad Y de Y público Y funcionarios) O
TÍTULO (comparación Y internacional Y de Y
corrupción)) Y ( LIMIT-A (
AFFILCOUNTRY,"Perú" ) O LIMIT-A (
AFFILCOUNTRY,"Chile" ) O LIMIT-TO (
AFFILCOUNTRY,"Colombia" ) OR LIMIT-TO (
AFFILCOUNTRY,"Mexico" ) ) Y ( LIMIT-TO (
OA,"todos" ) ) Y ( LIMIT-TO (
SUBJAREA,"SOCI" ) ) Y ( LIMIT-TO (
DOCTYPE,"ar" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE,"re"
) ) Y ( LIMIT-TO ( IDIOMA,"INGLÉS" ) O
LIMIT-TO ( IDIOMA,"ESPAÑOL" ) ) ).
Se desarrolló la búsqueda en la plataforma de
SciELO, se utilizaron los operadores boleanos OR y
AND, se buscó documentos que contengan los
términos: "Delitos contra la administración
pública", "Corrupción gubernamental",
"Responsabilidad penal de funcionarios públicos",
"Comparación internacional de corrupción" y
"Sistema legal anticorrupción” se buscó en los
idiomas inglés y español, dando un total de 255
documentos.
Criterios de selección
En la base de datos de Scopus se aplicó el
siguiente criterio de selección: se limitó a
documentos de acceso abierto, de los últimos cinco
años, que sean solo inglés y español, se delimitó que
sean de los países de México, Colombia, Chile y
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Perú, solo de Ciencias Sociales, además que sean
artículos originales y de revisión lo cual dio como
resultado 141 documentos. Se encontraron 7
documentos duplicados que estaban en SciELO y
Scopus, los cuales fueron considerados en Scopus,
del total se eliminaron 132 documentos por no estar
acorde al tema y solo se utilizaron 9 artículos para
el estudio.
Se seleccionaron estudios solo en inglés y
español, el estudio se centró específicamente en los
países de Perú, Chile y Colombia, y para sostener
ello se adicionó a México, dando un total de 25
documentos, el periodo de publicación se centró de
preferencia en los últimos 10 años, además de ello
se buscó de manera manual donde se utilizó los
términos en mención adjuntando a ello la raíz de
SciELO, ejemplo: “Corrupción en el Perú” SciELO
y después clic en enter, en total se utilizaron un total
de 12 artículos. Otros documentos utilizados fueron
libros y jurisprudencias de los países de Chile, Perú
y Colombia haciendo un total de 10 los cuales
sirvieron para poder explicar el estudio.
Resultados y discusión
En cuanto al objetivo general: El derecho
penal en América Latina ha experimentado un
enfoque progresivo en cuanto a la lucha contra los
delitos contra la administración pública, impulsando
reformas que buscan combatir la corrupción y otras
formas de malversación de recursos públicos. En
este sentido, las legislaciones de Perú, Colombia y
Chile tienen particularidades que, aunque
comparten similitudes, reflejan también diferencias
relevantes en sus normativas, procedimientos y
sanciones. A continuación, se presentan las
comparaciones y análisis de los sistemas penales de
estos tres países.
Figura 1. Diagrama de flujo Prisma
En cuanto al objetivo específico 1: Respecto a
los sistemas penales de Perú, Colombia y Chile en
los Delitos contra la administración pública. En
Perú, el Código Penal establece en su Artículo 376
que los delitos contra la administración pública
incluyen desde la malversación de fondos hasta el
tráfico de influencias. Este tipo de delitos se
contemplan como conductas graves debido a su
impacto en la confianza pública y el bienestar social.
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La legislación peruana ha sido reforzada con la Ley
N.º 30.728 de lucha contra la corrupción, la cual
introdujo penas más severas y amplió las conductas
punibles relacionadas con el abuso de poder y los
actos de corrupción en el ámbito estatal.
En Colombia, los delitos contra la
administración pública son igualmente tratados con
severidad. La Ley 1474 de 2011, conocida como la
Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
establece un marco normativo robusto para
prevenir, investigar y sancionar los delitos
cometidos por funcionarios públicos, tales como el
cohecho, la malversación, el peculado, entre otros.
El Código Penal Colombiano en su Art. 397 tipifica
el peculado, pero también incluye otras formas de
corrupción que afectan al servicio público.
Por su parte, en Chile, el Código Penal en el
Título XXXI regula los delitos contra la
administración pública, siendo el peculado el más
frecuente, con penas que varían dependiendo de la
gravedad de la conducta. Además, Chile cuenta con
la Ley N.º 20.205 de 2007, que establece sanciones
para el cohecho y otras formas de corrupción
administrativa. Aunque el sistema penal chileno es
muy punitivo, se ha enfocado también en establecer
medidas preventivas, como la implementación de
auditorías y el fortalecimiento de la fiscalización
pública.
De las similitudes en los sistemas penales
Una de las principales similitudes entre los
sistemas penales de Perú, Colombia y Chile es el
enfoque punitivo y preventivo hacia los delitos de
corrupción. Los tres países han adoptado políticas
públicas orientadas a la lucha contra la corrupción y
la impunidad, reflejadas en legislaciones cada vez
más estrictas y en la creación de organismos de
control e investigación como la Contraloría General
de la República en Perú, la Procuraduría General de
la Nación en Colombia y la Contraloría General de
la República en Chile. Estos organismos tienen un
papel fundamental en la supervisión de los actos
administrativos y la fiscalización de los recursos
públicos.
Otra similitud es la tendencia hacia sanciones
más severas para los delitos de malversación de
fondos y corrupción en los tres países. El peculado
es uno de los delitos más comúnmente sancionados
en los tres sistemas, con penas privativas de libertad
que varían dependiendo de la cuantía del daño y de
si se ha producido un enriquecimiento ilícito.
En cuanto a las Diferencias en los sistemas
penales
A pesar de estas similitudes, existen
diferencias significativas entre los sistemas de los
tres países en cuanto a la regulación, investigación
y sanción de los delitos contra la administración
pública.
En Perú, uno de los aspectos que se resalta es
el uso de la pena accesoria de inhabilitación en la
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administración pública, que se impone en forma
adicional a la pena privativa de libertad. Además, la
legislación peruana ha introducido mecanismos
innovadores, como la cooperación eficaz, que
permite a los implicados colaborar con la justicia a
cambio de una reducción de pena. Esto ha facilitado
el esclarecimiento de muchos casos de corrupción,
aunque también ha sido objeto de críticas por el
posible uso indebido de este mecanismo.
En Colombia, destaca el uso de tipos penales
más detallados para abordar distintos aspectos de la
corrupción, y se permite que las víctimas de los
delitos de corrupción puedan ejercer una acción
popular, lo que fortalece el papel de la sociedad en
la vigilancia de los actos del Estado. El Congreso de
Colombia (2000) de acuerdo a la Ley 599 en su
artículo 325 B sanciona el delito de corrupción.
Sin embargo, el sistema penal colombiano
también ha sido criticado por la existencia de
jurisdicciones paralelas como la justicia penal
militar, que puede investigar a ciertos funcionarios
en lugar de los tribunales ordinarios, lo que genera
dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones.
En Chile, una característica relevante es la
creación de un tribunal especializado en casos de
corrupción, que tiene una mayor capacidad de
concentración de esfuerzos en el juzgamiento de
estos casos complejos. No obstante, a pesar de este
enfoque especializado, algunos estudios han
sugerido que el sistema chileno aún enfrenta retos
en cuanto a la autonomía judicial, lo que puede
afectar la efectividad en la lucha contra la
corrupción.
En cuanto al objetivo específico 2: Los delitos
contra la administración pública son un tema central
en el derecho penal de los países latinoamericanos,
dada la importancia de garantizar la integridad y
transparencia en la gestión pública. Los
ordenamientos penales de Perú, Colombia y Chile
incluyen tipos penales para sancionar diversas
formas de corrupción, malversación y abuso de
poder. Si bien estos países comparten un enfoque
común en la protección de los bienes públicos,
existen variaciones sustanciales en la forma en que
definen y tratan estos delitos.
De los tipos penales en delitos contra la
administración pública
En Perú, el Código Penal, especialmente en su
Título XV, regula una serie de tipos penales
relacionados con los delitos contra la administración
pública. Entre los más relevantes se encuentran el
peculado, la malversación, el cohecho y el tráfico de
influencias.
Peculado
El Artículo 387 del Código Penal peruano
establece que el peculado se comete cuando un
funcionario público sustrae, administra mal o utiliza
indebidamente fondos o bienes públicos. Este delito
se considera uno de los más graves, dado su impacto
directo en los recursos del Estado. La pena de
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1(970)
prisión varía según la cuantía del daño, pero puede
llegar a ser severa, incluyendo la inhabilitación para
ejercer cargos públicos (Código Penal Peruano,
1991, Art. 387).
Cohecho
En el Artículo 394, se tipifica el cohecho
como el acto de sobornar a un funcionario público
para influir en una decisión administrativa. La pena
puede llegar a ser de prisión, y la ley establece
agravantes si el soborno se realiza en el contexto de
grandes contratos públicos o decisiones que afecten
de manera significativa el bienestar social.
Tráfico de influencias
El Artículo 400 sanciona a aquellos que usan
su posición o influencias para obtener un beneficio
indebido o favores. La pena en estos casos varía,
pero generalmente incluye privación de libertad y
multa.
De los tipos penales en delitos contra la
administración pública
En Colombia, el Código Penal establece
delitos similares con definiciones y tratamientos
que, aunque son parecidos a los peruanos, tienen
particularidades relacionadas con su marco
normativo y la lucha contra la corrupción. Los
delitos más comunes son el peculado, el cohecho y
el prevaricato.
Peculado
Al igual que en Perú, el peculado en Colombia
se refiere a la apropiación indebida de fondos o
bienes públicos. Sin embargo, en Colombia, el Art.
397 del Código Penal introduce el concepto de
peculado por apropiación y peculado por uso, lo que
amplía el alcance de la sanción a aquellos
funcionarios que no necesariamente sustraen los
bienes, pero los destinan a usos privados (Código
Penal Colombiano, 2000, Art. 397).
Cohecho
El cohecho se regula en el Artículo 405 del
Código Penal colombiano, y su definición es muy
similar a la peruana, incluyendo sobornos o pagos
para influir en las decisiones administrativas. Sin
embargo, en Colombia, se distingue entre el
cohecho activo (cuando el particular soborna al
funcionario) y el cohecho pasivo (cuando el
funcionario solicita el soborno).
Prevaricato
El prevaricato (Art. 414) en Colombia es un
delito exclusivo para los funcionarios públicos, que
se da cuando el servidor emite decisiones arbitrarias
en su ejercicio del poder, afectando la legalidad y la
confianza pública.
De los tipos penales en delitos contra la
administración pública
En Chile, el Código Penal también sanciona
una variedad de delitos relacionados con la
administración pública, aunque con algunas
distinciones respecto a Perú y Colombia.
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Peculado
El Artículo 233 del Código Penal chileno
establece el peculado como el acto de sustraer
bienes o recursos públicos para beneficio propio.
Este delito se considera uno de los más graves, y las
penas son similares a las de Perú, con la posibilidad
de penas de prisión y una inhabilitación para ocupar
cargos públicos.
Cohecho
El cohecho en Chile es abordado en el Art.
250 del Código Penal, y se diferencia ligeramente
de los sistemas de Perú y Colombia. En Chile, el
cohecho no solo incluye el soborno a funcionarios,
sino también a aquellos privados que influyen en el
actuar de los funcionarios públicos. La pena es
severa, y se consideran agravantes si el cohecho está
relacionado con grandes proyectos o contratos
públicos.
Soborno transnacional
En Chile, a partir de la reforma de la Ley N.º
20.393 de 2009. se sanciona el soborno a
funcionarios públicos extranjeros, lo que introduce
una dimensión internacional en la lucha contra la
corrupción, algo no presente en las legislaciones de
Perú y Colombia.
En cuanto a las similitudes en los tipos
penales: Los tres países comparten varias
similitudes en sus legislaciones en cuanto a los
delitos contra la administración pública. Las figuras
del peculado, cohecho y tráfico de influencias están
presentes en los tres códigos penales. En todos ellos,
se reconoce la gravedad de los delitos cometidos por
los funcionarios públicos y las penas incluyen
privación de libertad, inhabilitación para ejercer
cargos públicos y multas. Además, los tres países
han adoptado medidas adicionales como la
restitución de fondos malversados o la cooperación
eficaz para fomentar la colaboración con la justicia
y esclarecer los hechos delictivos.
También se identificaron las diferencias en los
tipos penales, a pesar de las similitudes, existen
diferencias sustanciales en la definición y
tratamiento de los delitos contra la administración
pública en cada país: En Perú, el cohecho incluye
una cláusula que amplía la tipificación del soborno
a situaciones específicas que impliquen decisiones
administrativas de gran envergadura, lo que no es
tan explícito en Colombia y Chile (Código Penal
Peruano, 1991, Art. 394).
En Colombia, el prevaricato es un delito
específico relacionado con la arbitrariedad de los
funcionarios públicos en sus decisiones, mientras
que en Perú y Chile no se presenta como un tipo
penal autónomo (Código Penal Colombiano, 2000,
Art. 414).
Chile, por su parte, tiene una perspectiva más
global en su lucha contra la corrupción, al incluir el
soborno transnacional a funcionarios públicos
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extranjeros, lo cual es una distinción única frente a
Perú y Colombia (Ley N.º 20.393, 2009).
En cuanto al objetivo específico 3: Los delitos
contra la administración pública son una
preocupación central en los sistemas de justicia
penal de América Latina. Aunque los marcos
normativos de Perú, Colombia y Chile han adoptado
tipos penales diseñados para sancionar la
corrupción, el peculado, el cohecho y otros delitos
relacionados, la aplicación efectiva de estas
normativas enfrenta diversas dificultades. Estas
problemáticas van desde la improcedencia en la
tipificación de ciertos actos, hasta la dificultad de
prueba en los procedimientos, pasando por
cuestiones vinculadas a la independencia judicial y
la impunidad.
Los problemas más comunes en la aplicación de
los tipos penales
En los tres países, uno de los problemas
fundamentales en la aplicación de los tipos penales
contra la administración pública es la imprecisión
normativa en algunos casos, lo que deja espacio para
la interpretación judicial y, en ocasiones, la
impunidad. Si bien los tipos penales como el
peculado, el cohecho y el tráfico de influencias están
claramente definidos en los códigos penales de Perú,
Colombia y Chile, la aplicación práctica a menudo
se ve obstaculizada por vaguedades y ambigüedades
en su redacción.
En Perú, por ejemplo, el Artículo 387 del
Código Penal sobre el peculado establece que se
sancionará al funcionario que "sustraiga" fondos
públicos, pero no especifica suficientemente en qué
circunstancias se considera un acto de "sustracción"
o "uso indebido", lo que puede generar ambigüedad
en su interpretación. Esta falta de precisión provoca
dificultades al momento de la tipificación y la
persecución efectiva de los delitos (Código Penal
Peruano, 1991, Art. 387). En Colombia, el Art. 397
sobre peculado por apropiación presenta problemas
similares, pues, aunque define el acto de
"apropiarse" de bienes públicos, se enfrenta a
desafíos para aplicar la norma en casos donde no se
sustrae físicamente el bien, pero sí se realiza un uso
indebido o se altera la asignación de recursos
públicos (Código Penal Colombiano, 2000, Art.
397).
Dificultades en la recolección de pruebas y el
acceso a la información
Otro de los obstáculos más significativos es
la dificultad de prueba en casos de corrupción o
delitos contra la administración pública. Las
conductas corruptas suelen ser complejas y están
ocultas detrás de operaciones encubiertas o procesos
administrativos difíciles de rastrear. En Chile,
aunque el cohecho está claramente tipificado en el
Art. 250 del Código Penal, los investigadores
enfrentan problemas para obtener pruebas claras y
concluyentes, especialmente cuando los actos
corruptos ocurren en el ámbito privado o bajo la
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apariencia de legalidad (Código Penal Chileno,
2000, Art. 250). En Perú, las dificultades
probatorias se acentúan en los casos que involucran
tráfico de influencias, dado que, a menudo, los actos
de presión o negociación se realizan fuera del marco
oficial o no dejan evidencia directa (Código Penal
Peruano, 1991, Art. 400).
Por otro lado, en Colombia, la
implementación de la Ley 1474 de 2011 ha sido un
intento de mejorar la transparencia y la recolección
de pruebas en casos de corrupción. Sin embargo, la
corrupción estructural dentro de diversas
instituciones del Estado dificulta la efectiva
recolección de información sensible y la obtención
de pruebas claras que sustenten las acusaciones de
delitos contra la administración pública (Ley 1474,
2011). La falta de cooperación entre los diferentes
niveles de gobierno y los sectores privados a
menudo entorpece el acceso a información clave.
Impunidad y debilidad en la sanción efectiva
La impunidad es otro de los problemas
recurrentes en la aplicación de las normas penales
en los tres países. Si bien existen tipos penales
rigurosos en todos ellos, la sanción efectiva es una
cuestión que sigue siendo problemática. En Perú,
uno de los factores que contribuye a la impunidad es
la lentitud e ineficiencia de los procesos judiciales,
que genera desconfianza en la ciudadanía y afecta la
eficacia de la aplicación de la ley. A pesar de que el
nuevo Código Penal peruano en sus artículos 313ª y
473 A, establece penas severas para delitos como el
cohecho y el peculado, las sentencias son a menudo
retrasadas, lo que permite a los responsables escapar
de una sanción efectiva (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, 2025).
En Colombia, aunque la Ley 1474 de 2011 ha
establecido nuevas normativas para la lucha contra
la corrupción, el sistema judicial sigue siendo
percibido como parcial y susceptible de presiones
políticas, lo que reduce la efectividad de la justicia
en casos de alto perfil. En particular, las
jurisdicciones paralelas, como la justicia penal
militar, pueden permitir que ciertos funcionarios se
libran de ser juzgados por tribunales civiles, lo que
aumenta la sensación de impunidad en la sociedad
colombiana (Ley 1474, 2011).
En Chile, la independencia judicial ha sido un
desafío histórico, especialmente en casos de
corrupción vinculados con altos funcionarios o
figuras políticas. Aunque existen tribunales
especializados en delitos de corrupción, como lo
señala la Ley N.º 20.393 sobre responsabilidad
penal de las personas jurídicas, la falta de voluntad
política para sancionar a los actores de alto rango
puede limitar la efectividad de la justicia. En
particular, los sobornos transnacionales, aunque
ahora están regulados por la ley, continúan siendo
difíciles de investigar debido a la complejidad y el
alcance internacional de los casos (Ministerio de
Hacienda y Subsecretaria, 2009).
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La lucha contra la corrupción ha sido una
prioridad para los sistemas de justicia penal en
América Latina, especialmente en países como
Perú, Colombia y Chile, donde los delitos contra la
administración pública han afectado gravemente la
confianza de la ciudadanía en las instituciones. A
través de diversas políticas públicas, estos países
han buscado fortalecer las capacidades del Estado
para prevenir y sancionar los delitos contra la
administración pública (Florián-Tacanga et al.,
2023). No obstante, a pesar de los esfuerzos
realizados, aún persisten desafíos significativos en
la implementación efectiva de estas políticas. Este
análisis se centra en evaluar la eficacia de las
políticas implementadas en los tres países,
identificando los desafíos comunes y proponiendo
mejoras para fortalecer la gestión pública.
En cuanto al objetivo específico 4: De las
Políticas públicas implementadas en Perú,
Colombia y Chile, en Perú, la lucha contra la
corrupción ha sido un tema central en las políticas
públicas, particularmente después de la crisis
política y económica que afectó al país en la década
de 1990. El gobierno peruano ha adoptado diversas
medidas para prevenir los delitos contra la
administración pública, siendo una de las más
destacadas la promulgación de la Ley N.º 27.853 en
2006, que reformó el sistema de control de la
administración pública y permitió la creación de la
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (ANTAI).
Esta ley busca promover la transparencia en el
ejercicio de funciones públicas y sancionar a los
funcionarios que incurran en actos de corrupción.
Además, la implementación de un sistema de
denuncias anónimas y el fortalecimiento de los
mecanismos judiciales son parte del marco legal
contra la corrupción (Congreso de la República del
Perú, 2003).
Sin embargo, el problema de la impunidad y
la lentitud en los procesos judiciales sigue siendo un
obstáculo importante. Las sentencias en casos de
corrupción a menudo se retrasan, y el sistema
judicial enfrenta acusaciones de falta de
independencia y presiones políticas, lo que limita la
efectividad de las políticas públicas en la lucha
contra la corrupción (Simon, 2023).
En Colombia ha implementado políticas
públicas para enfrentar los delitos contra la
administración pública a través de varias reformas
legislativas y la creación de instituciones como la
“Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría
General de la Nación”, que son responsables de
investigar y sancionar los delitos de corrupción. La
Ley 1474 de 2011, conocida como la Ley Anti-
corrupción, ha sido una de las reformas más
significativas. Esta ley establece medidas para
garantizar la transparencia en las contrataciones
públicas, fortalecer las investigaciones y sancionar
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los delitos de soborno y peculado (Ley 1474, 2011).
Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
ha incluido mecanismos para sancionar los actos de
corrupción vinculados al conflicto armado, lo que ha
aumentado la capacidad del Estado para abordar la
corrupción desde un enfoque de justicia
transicional.
No obstante, la corrupción sigue siendo un
problema estructural en Colombia. A pesar de la
existencia de fuertes instituciones, persisten
deficiencias en la implementación de políticas,
especialmente en cuanto a la coordinación
interinstitucional y la protección de los
denunciantes. Además, la corrupción política sigue
siendo una de las principales barreras para la
eficacia de las políticas anticorrupción (Tirado &
Nieto, 2024).
En Chile, el país ha sido un modelo en
términos de políticas públicas para la lucha contra la
corrupción, en parte debido a la creación de
instituciones independientes y la implementación de
reformas como la Ley de Responsabilidad Penal de
las Personas Jurídicas (Ley N.º 20.393, 2009). Esta
ley introdujo mecanismos para sancionar a las
empresas que participen en actos de corrupción,
incluyendo el soborno de funcionarios públicos.
Chile también ha adoptado una serie de medidas
para promover la transparencia en la gestión
pública, como el sistema de compras públicas
transparentes y la Fiscalía Nacional Económica para
investigar y sancionar prácticas corruptas en el
ámbito económico.
A pesar de estos avances, uno de los
principales desafíos en Chile es la resistencia
cultural hacia la rendición de cuentas, tanto en el
sector público como privado. Aunque las leyes son
estrictas, la falta de conciencia social sobre la
importancia de la transparencia y la cultura de
impunidad entre ciertos sectores sociales
obstaculiza la aplicación plena de las políticas
públicas (Ley N.º 20.393, 2009). Además, el poder
político en ocasiones interfiere en los procesos
judiciales relacionados con la corrupción.
En cuanto a los desafíos comunes en la
aplicación de las políticas públicas; aunque los tres
países han adoptado políticas anticorrupción
importantes, existen desafíos comunes que
dificultan la efectividad de estas políticas en la
prevención y sanción de los delitos contra la
administración pública:
Impunidad y lentitud judicial
En los tres países, uno de los mayores
problemas es la lentitud en la administración de
justicia y la impunidad en los casos de corrupción.
Las investigaciones y juicios pueden tardar años, lo
que reduce la efectividad de las políticas públicas en
la lucha contra la corrupción. En Perú, por ejemplo,
la corrupción en los tribunales y la falta de
independencia judicial son desafíos clave (Simon,
2023).
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Corrupción estructural
La corrupción sistémica sigue siendo un
problema en los tres países, donde no solo los
funcionarios de bajo nivel están involucrados, sino
también altos funcionarios y políticos. La falta de
voluntad política para abordar la corrupción en
todos los niveles de gobierno sigue siendo un
obstáculo significativo.
Deficiencias en la protección de los denunciantes
A pesar de las leyes y mecanismos para
denunciar actos de corrupción, la protección de los
denunciantes sigue siendo insuficiente en los tres
países. Los denunciantes a menudo enfrentan
represalias y amenazas, lo que disuade la denuncia
de actos corruptos (Tirado & Nieto, 2024).
A ello, plantea, una propuesta de mejora a fin
de fortalecer el combate contra la corrupción es
fundamental adoptar una serie de mejoras en la
gestión pública y en las políticas anticorrupción, una
de ellas es:
El fortalecimiento de la independencia judicial
Asegurar que los tribunales y los fiscales sean
totalmente independientes y libres de presiones
políticas es crucial para garantizar que los casos de
corrupción se procesen de manera efectiva y sin
interferencias.
Además de las reformas en la protección de
los denunciantes, es necesario establecer
mecanismos más sólidos de protección para los
denunciantes, que garanticen su seguridad y les
ofrezcan incentivos para colaborar con las
autoridades. Otro punto esencial es:
El fortalecimiento de la educación cívica y la
cultura de la transparencia
Promover una cultura de la transparencia en la
sociedad, a través de campañas educativas, puede
ayudar a reducir la tolerancia social hacia la
corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. Por
último:
El uso de tecnología en la gestión pública:
Implementar herramientas tecnológicas que
faciliten la transparencia en la gestión pública y el
seguimiento de los procesos administrativos puede
ayudar a prevenir la corrupción. El gobierno
electrónico y los sistemas de monitoreo en tiempo
real son ejemplos de cómo la tecnología puede ser
utilizada eficazmente.
Conclusiones
Se concluye los delitos más comunes entre los
tres países son la corrupción, malversación de
fondos, tráfico de influencias, cohecho y peculado.
Ante ello, en el Perú, se sanciona con el uso de la
pena accesoria de inhabilitación en la
administración pública, que se impone en forma
adicional a la pena privativa de libertad.
En Colombia de acuerdo a la ley 599 en su
artículo 325 B sanciona el delito de corrupción. sin
embargo, el sistema penal es debilitado por
duplicidad de funciones jurisdiccionales como la
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justicia militar y los tribunales ordinarios. En Chile,
existe un tribunal especializado en casos de
corrupción, que tiene una mayor capacidad de
concentración de esfuerzos en el juzgamiento de
estos casos complejos. No obstante, tiene desafíos
en cuanto a su autonomía judicial.
A pesar de las similitudes que presentan los
sistemas penales de Perú, Colombia y Chile en su
enfoque hacia los delitos contra la administración
pública, cada país ha adoptado características
propias que responden a sus contextos sociales,
políticos y jurídicos. Si bien todos buscan fortalecer
las sanciones y medidas de control, la efectividad de
las reformas dependerá de la implementación de
medidas más estrictas de fiscalización, así como del
fortalecimiento de la independencia judicial en la
persecución de la corrupción. En ese sentido, las
diferencias en la definición y tratamiento de los
tipos penales se reflejan en las distintas estrategias
adoptadas en cada nación, lo que influye en la
efectividad de las políticas de prevención y sanción
de la corrupción.
La aplicación de los tipos penales
relacionados con los delitos contra la administración
pública en Perú, Colombia y Chile enfrenta varias
problemáticas, como la imprecisión normativa, las
dificultades en la recolección de pruebas y el nivel
de impunidad persistente. Si bien los marcos legales
de los tres países han mejorado en términos de
transparencia y severidad, la falta de efectividad en
la ejecución de la ley sigue siendo una barrera
significativa para la lucha contra la corrupción. La
mejora de la independencia judicial, la capacitación
de los actores involucrados en la investigación y la
cooperación internacional son pasos necesarios para
superar estas problemáticas y garantizar una
aplicación más efectiva de las leyes penales.
Las políticas públicas implementadas en Perú,
Colombia y Chile han logrado avances
significativos en la lucha contra los delitos contra la
administración pública, sin embargo, persisten
desafíos comunes que requieren una respuesta
integral. La impunidad, la corrupción estructural y
las deficiencias en la protección de los denunciantes
siguen siendo barreras importantes que deben ser
abordadas a través de reformas judiciales, políticas
de transparencia más estrictas y el fortalecimiento
de la cultura de la legalidad.
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contexto peruano. Comuni@cción, 14(1), 72–85.
Documento en línea. Disponible
https://doi.org/10.33595/2226-1478.14.1.786
Normatividad
Ley 1474 de 2011, Ley de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción en Colombia.
Ley N.º 20.205, Ley sobre delitos de corrupción en
Chile.
Ley N.º 20.393, sobre delitos de corrupción en
Chile, 2009.
