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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 22/06/2025
Aceptado: 24/07/2025
Publicado: 02/09/2025
Código Único AV: e534
Páginas: 1 (1352-1368)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17037272
Autor:
Jocelyne Katherin Gutiérrez Delmar
Abogada
Maestro en Ciencias Económicas, mención
Tributación
https://orcid.org/0009-0003-6771-7671
E-mail: jgutierrezd3@upao.edu.pe
Afiliación: Universidad Privada Antenor Orrego
País: Republica del Perú
Resumen
La derogación de la improcedencia de la conclusión anticipada ha generado un
contexto significativo de incertidumbre en la protección de los derechos
fundamentales dentro de los procesos judiciales. Este estudio se propone
analizar estas implicaciones, considerando la relevancia de la protección de
garantías fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la
defensa. La investigación, realizada como un artículo de revisión sistemática
aplicándose el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses), donde se han evaluado diversas perspectivas
sobre cómo esta derogación puede comprometer las garantías procesales de los
imputados y exacerbar las desigualdades en el acceso a la justicia. Los hallazgos
indican que, si bien la derogación apunta a agilizar los procedimientos
judiciales, resulta ser una fuente de riesgo para las libertades fundamentales, ya
que reduce la capacidad de defensa efectiva y aumenta la posibilidad de
sanciones antes de que se cumpla con el debido proceso. En conclusión, este
trabajo destaca la necesidad de un enfoque equilibrado que permita la celeridad
procesal sin sacrificar los derechos humanos, sugiriendo que las intervenciones
futuras deben centrarse en desarrollar marcos normativos que fortalezcan las
garantías judiciales en un contexto de rapidez. La investigación invita a
considerar cómo las reformas legales pueden aplicarse sin comprometer la
justicia ni los derechos de los ciudadanos involucrados.
Palabras Clave
Derechos fundamentales, derogación, conclusión
anticipada, protección, procesos judiciales
Abstract
The repeal of the inadmissibility of early conclusion has created a significant
context of uncertainty regarding the protection of fundamental rights within
judicial proceedings. This study aims to analyze these implications, considering
the importance of safeguarding fundamental guarantees such as the presumption
of innocence and the right to a defense. The research was conducted as a
systematic review article applying the PRISMA method (Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), evaluating various
perspectives on how this repeal may compromise procedural guarantees for
defendants and exacerbate inequalities in access to justice. The findings indicate
that, although the repeal seeks to expedite judicial procedures, it poses a risk to
fundamental liberties by weakening the effectiveness of the defense and
increasing the likelihood of sanctions prior to the fulfillment of due process. In
conclusion, this work emphasizes the need for a balanced approach that ensures
procedural speed without sacrificing human rights, suggesting that future
interventions should focus on developing regulatory frameworks that strengthen
judicial guarantees in accelerated contexts. The study invites reflection on how
legal reforms can be implemented without undermining justice or the rights of
the individuals involved.
Keywords
Fundamental rights, repeal, early conclusion, protection,
judicial proceedings
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Introducción
La eliminación de la improcedencia de la
conclusión anticipada en los procesos
jurisdiccionales representa una problemática cada
vez más debatida en el ámbito jurídico
contemporáneo, particularmente por su impacto
directo en la salvaguarda de los derechos
fundamentales de quienes participan en un proceso
judicial. Esta figura, que permite al juez resolver la
controversia sin agotar por completo la fase
probatoria, genera preocupaciones relevantes sobre
el equilibrio procesal, ya que podría socavar el
ejercicio pleno del derecho de defensa. El cambio
normativo suscita legítimas dudas sobre su armonía
con los estándares internacionales en materia de
derechos humanos, los cuales exigen, de forma
categórica, que todo juicio sea justo, imparcial y
equitativo.
Dentro de esta discusión, el principio de
convencionalidad se posiciona como una
herramienta clave en la interpretación normativa
actual, al exigir que las leyes internas estén en
consonancia con los tratados internacionales
ratificados por el Estado, como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Proaño-
Arellano & Suárez, 2024). Esta exigencia cobra aún
más relevancia cuando se trata de reformas
judiciales que podrían debilitar la protección de los
derechos individuales, pues obliga a ponderar no
solo sus consecuencias jurídicas, sino también su
resonancia social.
En esa línea, Suárez (2022) plantea que toda
transformación en el diseño procesal debe partir de
un enfoque que priorice los derechos humanos,
como núcleo innegociable de la garantía judicial.
Así, someter a escrutinio crítico los efectos de
eliminar la improcedencia de la conclusión
anticipada no es solo un ejercicio técnico, sino una
necesidad urgente para proteger la vigencia del
debido proceso y la justicia sustantiva.
De igual modo, se vuelve fundamental
examinar cómo estas reformas impactan a los
grupos históricamente marginados, que ya enfrentan
obstáculos estructurales para acceder a la justicia.
Tal como lo documentan Pragier et al., (2021), las
brechas en materia de equidad procesal pueden
agravarse si no se implementan medidas que
aseguren la tutela efectiva de los derechos en
contextos vulnerables. El compromiso con una
justicia que no discrimine debe ir más allá del marco
legal; se trata también de un imperativo ético cuya
inobservancia puede traducirse en exclusión
sistemática.
Por otro lado, la intersección entre reformas
normativas y principios de derechos humanos
constituye un terreno que exige atención crítica.
Fuertes & Santillán (2021) advierten que la
supresión de la improcedencia podría, en ciertos
escenarios, amplificar la vulneración de derechos y
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generar consecuencias desproporcionadas, alejando
el quehacer judicial de su esencia garantista.
Desde el plano académico, la derogación de
esta figura ha captado un interés creciente, en
particular por su potencial incidencia sobre las
garantías procesales. Investigaciones recientes han
arrojado luz sobre este fenómeno, permitiendo
vislumbrar sus implicaciones no solo jurídicas, sino
también sociopolíticas. En este sentido, Quispe et
al., (2024) exploran el respeto al debido proceso en
las comisiones de investigación, destacando que la
preservación de las garantías procesales es crucial
para la defensa de las libertades individuales. Su
análisis señala que entender con precisión las
limitaciones inherentes a la conclusión anticipada es
esencial para interpretar de forma más justa la
actuación judicial.
De manera complementaria, Segovia-Guillén
et al., (2024) evalúan el sistema penal ecuatoriano
desde una perspectiva de derechos humanos,
advirtiendo que la automatización de decisiones
procesales derivada de reformas como la
eliminación de la improcedencia podría socavar el
respeto a los derechos de los procesados. Subrayan,
además, la importancia de alinear las reformas
legales con las recomendaciones y estándares
internacionales.
Por su parte, Proaño-Arellano & Suarez et al.,
(2024) analizan la prisión preventiva en el marco de
los controles de convencionalidad establecidos por
la Corte Constitucional del Ecuador, estableciendo
lineamientos esenciales para proteger a los sujetos
procesales ante posibles abusos. Estos lineamientos
adquieren particular valor frente a modificaciones
legales que alteran la estructura misma de las
garantías judiciales.
Un aporte adicional proviene del trabajo de
Wila-Vera & Alcívar-Bermeo (2024), quienes
examinan el principio del “doble conforme” como
base de una justicia penal respetuosa de los derechos
fundamentales. Su análisis invita a reflexionar sobre
los efectos de las reformas legales en los
mecanismos de revisión judicial, destacando la
necesidad de preservar rutas efectivas para
cuestionar decisiones adversas.
Asimismo, Véliz & Zambrano (2024), en su
estudio sobre la justicia constitucional especializada
en Perú, recalcan la centralidad de las garantías
constitucionales en la defensa de los derechos
fundamentales. Su enfoque permite entender cómo
determinadas reformas, como la eliminación de la
improcedencia, pueden afectar seriamente la
eficacia de esas garantías dentro del proceso penal.
La revisión de estos trabajos pone en
evidencia varios vacíos críticos en el abordaje
académico del tema, lo que justifica la necesidad de
profundizar el análisis desde una perspectiva
teórico-práctica. Uno de los principales vacíos
detectados es la escasa exploración sobre cómo
afecta esta reforma al derecho a un juicio imparcial.
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Vásquez (2023), al analizar procesos inmediatos,
señala que la ausencia de salvaguardias procesales
puede comprometer la equidad del proceso penal,
debilitando la protección del imputado frente al
poder punitivo del Estado.
Otro vacío relevante —aunque no numerado
explícitamente en el texto original— se refiere a la
falta de estudios que comparen, de manera
sistemática, los efectos de esta reforma en diferentes
contextos jurídicos. Aunque Quispe et al., (2024)
reconocen la importancia de la independencia
judicial como principio fundamental, no desarrollan
un marco comparativo que permita contrastar
realidades entre distintos países o modelos
normativos. Este tipo de análisis podría enriquecer
considerablemente la comprensión del fenómeno.
Finalmente, se ha identificado una carencia en
los estudios que analicen cómo interactúan las
medidas cautelares con el derecho de defensa en el
marco de la conclusión anticipada. Dado que estas
medidas suelen tener un alto impacto en la vida del
imputado, es indispensable evaluar si, bajo un
esquema reformado, se mantienen dentro de los
márgenes de proporcionalidad y legalidad exigidos
por los tratados internacionales.
En suma, la revisión de la literatura
contemporánea no solo subraya la complejidad de
esta reforma, sino que también advierte sobre la
urgencia de estudiarla con mayor profundidad. Solo
mediante una indagación rigurosa, transversal y
contextualizada será posible comprender sus efectos
reales sobre el derecho de defensa, el debido
proceso y, en última instancia, sobre la legitimidad
del sistema judicial en su conjunto.
El objetivo del artículo es analizar las
implicaciones de la derogación de la improcedencia
de la conclusión anticipada en la protección de los
derechos fundamentales de las partes involucradas
en procesos judiciales. Este objetivo está diseñado
para llenar los vacíos temáticos identificados y
avanzar en el conocimiento del campo, ya que
permitirá evaluar la validez y efectividad de las
medidas adoptadas en el contexto actual.
Metodología
Se aplicó el método PRISMA. Se formularon
preguntas de investigación específicas que
orientaron la búsqueda y análisis de la literatura.
Entre las cinco preguntas formuladas se encuentran
las siguientes: 1) ¿Cuáles son las implicaciones
legales de la derogación de la improcedencia de la
conclusión anticipada en la protección de derechos
fundamentales en los procesos judiciales? b) ¿Cómo
afecta esta derogación al equilibrio entre la
celeridad de los procesos judiciales y los derechos
de defensa de los imputados? d) ¿Qué papel juegan
las reformas legislativas recientes en la
sistematización de estas implicaciones dentro de las
diferentes jurisdicciones? e) ¿En qué medida la
derogación de esta norma impacta las experiencias
de grupos vulnerables dentro del sistema judicial? f)
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¿Cuáles son las interacciones entre la derogación de
la improcedencia y la aplicación de nuevas
tecnologías en la administración de justicia?
Para la identificación de estudios pertinentes,
se emplearon palabras clave en inglés como "repeal
of early conclusion", "fundamental rights",
"criminal justice", "access to justice", "due process"
y "judicial reforms". Los criterios de inclusión
considerados para la selección de la literatura
incluyeron: a) estudios publicados en los últimos
cinco años; b) investigaciones que abordaran de
manera directa la derogación de la improcedencia de
la conclusión anticipada en procesos penales; c)
artículos que analizaran su impacto en los derechos
fundamentales, especialmente en el debido proceso
y el acceso a la justicia; y d) publicaciones que
ofrecieran una perspectiva crítica respecto a las
reformas del sistema judicial contemporáneo.
Los criterios de exclusión que se aplicaron: a)
se excluyeron aquellas investigaciones que no
abordaran de manera directa la derogación de la
improcedencia de la conclusión anticipada ni su
impacto en los derechos fundamentales, dado que su
contenido resultaba tangencial o insuficientemente
vinculado con los objetivos del estudio. asimismo,
b) se descartaron estudios que, a pesar de referirse
al sistema judicial o al debido proceso, no ofrecían
resultados empíricos ni argumentativos relevantes
que permitieran analizar críticamente las
consecuencias de la reforma. en tercer lugar, c) se
excluyeron trabajos que no cumplían con estándares
metodológicos mínimos, tales como la ausencia de
diseño claro, falta de fundamentación teórica, o
deficiencias en el tratamiento de los datos.
finalmente, d) se descartaron artículos cuya
publicación no se encontraba dentro del marco
temporal establecido de los últimos cinco años, a fin
de preservar la actualidad y relevancia del corpus
seleccionado.
Figura 1. Identificación de estudios mediante el método
PRISMA
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Resultados
¿Cuáles son las implicaciones legales de la derogación de
la improcedencia de la conclusión anticipada en la
protección de derechos fundamentales en los procesos
judiciales?
La literatura jurídica contemporánea que examina la
derogación de la improcedencia de la conclusión anticipada
ha comenzado a visibilizar un conjunto de implicaciones
legales sustantivas que esta medida introduce en relación
con la protección de los derechos fundamentales de las
personas procesadas
Autor
Lindao et al., (2024)
Conclusión
Analizan el impacto de la inseguridad
jurídica sobre el ejercicio del derecho a la
defensa como componente esencial del
debido proceso en el sistema ecuatoriano.
Los autores concluyen que, tras la
implementación de dicha reforma, la
certeza jurídica se ve notablemente
debilitada, afectando directamente la
capacidad de los defensores para
garantizar una protección efectiva de los
derechos fundamentales de sus
representados.
Autor
Ylizarbe (2024)
Conclusión
Mediante una reflexión crítica, el autor
plantea la necesidad de suspender la
ejecución de las sentencias hasta que estas
adquieran firmeza legal, advirtiendo que la
eliminación de la improcedencia puede
generar una grave erosión de este
principio, considerado piedra angular del
debido proceso. Estos hallazgos, sugieren
que la lógica de aceleración procesal
impulsada por la reforma podría derivar en
vulneraciones serias a garantías esenciales,
lo que obliga a realizar un escrutinio
riguroso de sus efectos estructurales.
Autor
Fuertes & Santillán (2021)
Conclusión
Aborda con precisión la problemática
derivada de la presunción de inocencia y la
imposición de penas anticipadas,
señalando que su aplicación en el marco de
esta reforma implica una distorsión grave
de principios elementales del derecho
penal garantista. El análisis apunta a que
ciertas prácticas jurídicas, al amparo de
este nuevo diseño normativo, podrían
incurrir en márgenes de
inconstitucionalidad, lo cual compromete
de forma estructural la coherencia y
legitimidad del ordenamiento penal.
Autor
Paredes & Sotomayor (2025)
Conclusión
Centrado en el debate jurídico sobre la
eutanasia, ofrece una reflexión transversal
de considerable valor: toda reforma
judicial que impacte en el ámbito de los
derechos fundamentales debe ser
concebida y evaluada con extrema cautela,
tomando en cuenta sus posibles efectos
estructurales a corto y largo plazo. Esta
premisa resulta plenamente aplicable a la
derogación de la improcedencia de la
conclusión anticipada, por cuanto
involucra directamente principios
procesales sustantivos.
En suma, los estudios revisados permiten advertir la
existencia de un vacío crítico en el análisis jurídico de esta
reforma, particularmente en lo que respecta a su legitimidad
constitucional y su coherencia con los estándares
internacionales de derechos humanos. Esto justifica la
urgencia de promover investigaciones más exhaustivas,
orientadas a evaluar el impacto real de la medida sobre el
equilibrio entre la celeridad procesal y la protección integral
de los derechos fundamentales, con una mirada que
combine profundidad doctrinal, rigor metodológico y
conciencia ética.
Tabla 1. Implicaciones legales de la derogación de la
conclusión anticipada
¿Cómo afecta esta derogación al equilibrio entre la
celeridad de los procesos judiciales y los derechos de
defensa de los imputados?
La supresión o relativización de ciertos componentes
estructurales del debido proceso, especialmente en el marco
de reformas que privilegian la celeridad procedimental, ha
generado un debate doctrinario profundo en torno a las
repercusiones que estas medidas tienen sobre las garantías
del imputado.
Autor
Vásquez (2023)
Conclusión
Advierte que la implementación del proceso
inmediato ha propiciado una afectación
concreta al derecho de defensa, al anteponer
la rapidez del trámite sobre el respeto a los
principios sustantivos que configuran un
juicio justo.
Autor
Núñez-Díaz et al., (2023)
Conclusión
Documentan una correlación directa entre la
aceleración de los procesos penales y el
debilitamiento de los derechos del
encausado, en particular debido a la
insuficiencia de una defensa técnica eficaz
en contextos de alta presión temporal.
Aunque estas iniciativas han tenido como
objetivo descomprimir la sobrecarga
crónica del sistema judicial, los efectos
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colaterales revelan una merma significativa
en la calidad de la tutela jurídica efectiva.
Autor
Arpasi (2021)
Conclusión
Aporta una mirada crítica al advertir que la
simplificación procesal, especialmente
mediante el uso extensivo del Proceso
Inmediato, plantea desafíos importantes
para la coherencia interna del sistema penal.
A juicio del autor, es indispensable
replantear el equilibrio entre eficiencia y
justicia, evitando que la lógica de la
aceleración termine por erosionar derechos
fundamentales que constituyen la columna
vertebral de un proceso penal legítimo.
Autor
Guamán (2022)
Conclusión
En esta misma línea de pensamiento,
diversos estudios coinciden en que el
énfasis en la celeridad ha intensificado la
tensión estructural entre el cumplimiento de
plazos legales y la garantía de una defensa
adecuada, lo que subraya la urgencia de
adoptar enfoques más integrales y
garantistas que armonicen ambos intereses.
En conjunto, estos trabajos dan cuenta de un consenso
emergente: el derecho de defensa no puede ser relativizado
en nombre de la eficiencia procesal. Aun cuando la
simplificación de los procedimientos pueda parecer
funcional ante la congestión judicial, esta no debe
materializarse en detrimento de las garantías mínimas que
sostienen la legitimidad del proceso penal. De ahí que
resulte imprescindible realizar una revisión crítica de las
reformas normativas recientes, identificando aquellos
aspectos que podrían generar efectos regresivos en la
consolidación de un sistema penal verdaderamente justo y
equilibrado.
Tabla 2. Equilibrio entre celeridad procesal y derechos de
defensa
¿En qué medida la derogación de esta norma impacta
las experiencias de grupos vulnerables dentro del
sistema judicial?
Las reformas legislativas contemporáneas ocupan un rol
fundamental en la reconfiguración de los efectos jurídicos
que se despliegan en el ámbito jurisdiccional.
Autor
Quituisaca-Gallegos & Torres-Negrete
(2023)
Conclusión
Se subraya que las recientes modificaciones
al sistema tributario en Ecuador no solo han
impactado el régimen fiscal, sino que han
desencadenado consecuencias relevantes en
la gestión territorial y en los mecanismos de
redistribución de recursos. Estas
transformaciones han introducido
parámetros procedimentales más uniformes,
favoreciendo una mayor consistencia en el
diseño normativo e institucional del Estado.
Autor
Vásquez (2023)
Conclusión
Señala que dichos cambios legislativos han
alterado las relaciones estructurales entre la
acusación y la defensa, procurando un
equilibrio delicado entre la rapidez procesal
y la salvaguarda efectiva de los derechos del
imputado. Esta fricción deja entrever cómo
las reformas no solo afectan el texto
normativo, sino que reordenan dinámicas
esenciales dentro del proceso penal.
Autor
Ruiz (2023)
Conclusión
Examina la implementación del Nuevo
Código Procesal Penal, enfatizando su
aporte a la consolidación del principio de
presunción de inocencia. Su análisis
demuestra que las reformas no se limitan a
rediseñar los procedimientos judiciales, sino
que también promueven una mayor
consonancia con los estándares
internacionales en materia de derechos
humanos, reforzando así la arquitectura
constitucional.
Autor
Gutiérrez (2021)
Conclusión
Aborda el papel del control judicial sobre
las reformas constitucionales, destacando la
importancia de una vigilancia sistemática
sobre los procesos de transformación
normativa. A juicio del autor, estas reformas
deben ser evaluadas no únicamente por su
impacto inmediato, sino también por su
coherencia interna, su compatibilidad con el
ordenamiento superior y su capacidad para
generar efectos jurídicos duraderos.
En conjunto, los estudios revisados revelan una tendencia
orientada hacia la creación de entramados normativos más
sistemáticos, adaptativos y sostenibles. La conexión entre
reformas legislativas y su funcionalidad en contextos
jurisdiccionales diversos exige un enfoque holístico, que
integre la eficacia normativa con la viabilidad institucional
y el respeto irrestricto por los principios fundamentales del
orden democrático.
Tabla 3. Impacto de las reformas legislativas en jurisdicciones
¿En qué medida la derogación de esta norma impacta
las experiencias de grupos vulnerables dentro del
sistema judicial?
La derogación de disposiciones jurídicas no constituye un
mero ajuste técnico en el entramado normativo, sino que
conlleva implicancias profundas —y muchas veces
adversas— sobre los sectores más expuestos del tejido
social.
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Autor
Ruiz (2024)
Conclusión
En su estudio sobre la situación de niños,
niñas y adolescentes en movilidad humana
en Ecuador, las reformas legislativas,
aunque en apariencia progresivas, han
dejado intactas importantes brechas
estructurales en la protección de estos
colectivos. El autor alerta que la supresión
de ciertas garantías normativas podría
reducir aún más las ya precarias
posibilidades de acceso a la justicia para
esta población, reforzando su condición de
indefensión ante un sistema que opera con
lógicas adultocéntricas y excluyentes.
Autor
Amagua-Choto et al., (2024)
Conclusión
Examinan los impactos de la ausencia de un
marco normativo sólido en el ámbito de la
justicia penal juvenil. Su investigación pone
de manifiesto que la derogación de normas
esenciales puede desencadenar un
incremento en los escenarios de
criminalización y violencia entre jóvenes,
resaltando la urgencia de construir
estructuras jurídicas que no solo sean
reactivas, sino preventivas y protectoras,
especialmente en contextos marcados por la
desigualdad.
Autor
Moya (2021)
Conclusión
Aborda la situación de las mujeres gestantes
como un colectivo cuya protección legal
requiere medidas reforzadas. Aunque el
ordenamiento reconoce ciertos derechos
específicos, la autora advierte que la
eliminación de normas diseñadas para su
salvaguarda podría intensificar situaciones
de riesgo durante etapas críticas como el
embarazo, el parto o el posparto,
profundizando la desprotección
institucional en contextos donde la
implementación legal ya es frágil o
inexistente.
Autor
Martínez (2021)
Conclusión
Proporciona una mirada introspectiva sobre
las estrategias de resistencia desarrolladas
por mujeres privadas de libertad. A través
de un enfoque cualitativo, evidencia cómo
la supresión de marcos normativos
protectores ha dejado a este grupo expuesto
a nuevas formas de violencia institucional,
generando procesos de exclusión que
perpetúan la revictimización y el
aislamiento estructural.
En conjunto, los hallazgos revisados permiten inferir que la
derogación normativa no es neutral ni aséptica: sus efectos
suelen amplificarse cuando recaen sobre grupos
históricamente marginados. Por ello, se hace imperativo
adoptar una lectura crítica, con enfoque interseccional y
centrada en derechos humanos, que permita prever, prevenir
y corregir los efectos colaterales que pueden derivarse de
decisiones legislativas aparentemente neutras, pero que, en
la práctica, agudizan las asimetrías existentes en el acceso a
la justicia.
Tabla 4. Impacto de la derogación normativa en grupos
vulnerables
¿Cuáles son las interacciones entre la derogación de la
improcedencia y la aplicación de nuevas tecnologías en
la administración de justicia?
La derogación de la improcedencia en determinados
sistemas judiciales ha abierto un espacio fértil para la
incorporación de tecnologías emergentes, concebidas como
catalizadores de transformación en la administración de
justicia
Autor
Romo & Moscoso (2021)
Conclusión
Sostienen que las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) han
desempeñado un rol determinante en la
ampliación del acceso a la justicia,
especialmente durante escenarios de crisis
como la pandemia de COVID-19. Según los
autores, la digitalización de procedimientos
tradicionales posibilitó la celebración de
audiencias virtuales, lo que no solo atenuó
las dilaciones procesales habituales, sino
que también favoreció un uso más racional
de los recursos institucionales.
Autor
Chinchilla (2023)
Conclusión
Advierte que la persistente brecha digital
constituye un riesgo latente de exclusión, en
tanto no todos los justiciables cuentan con el
equipamiento técnico ni las competencias
digitales necesarias para interactuar con las
plataformas virtuales. Así, si bien la
eliminación de ciertas trabas procesales ha
facilitado la adopción de herramientas
tecnológicas, también ha evidenciado la
urgente necesidad de diseñar estrategias
compensatorias orientadas a garantizar una
inclusión real y efectiva de los sectores
históricamente marginados.
Autor
Pintado et al., (2023)
Conclusión
Examinan la introducción de sistemas de
inteligencia artificial (IA) en el quehacer
judicial, subrayando su potencial para
mejorar la eficiencia institucional mediante
la automatización de tareas rutinarias y el
desarrollo de análisis predictivos útiles para
la toma de decisiones. Esta innovación,
destacan, podría constituir una respuesta
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Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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oportuna a la creciente sobrecarga de los
tribunales. No obstante, los autores también
alertan sobre los peligros inherentes a estos
sistemas, tales como la introducción de
sesgos algorítmicos o la progresiva
deshumanización del proceso judicial,
factores que podrían entrar en conflicto con
principios fundamentales como la
imparcialidad, la dignidad y la autonomía
del justiciable.
Autor
Jiménez (2021)
Conclusión
Subraya la necesidad de que toda
implementación tecnológica, especialmente
aquella sustentada en inteligencia artificial,
se encuentre regulada por un marco jurídico
robusto, que garantice la transparencia en
los procesos, la trazabilidad de las
decisiones automatizadas y la equidad en los
procedimientos. Sin dicha base normativa,
el riesgo de vulneraciones sistémicas a
derechos fundamentales se incrementa
considerablemente.
En conjunto, estos estudios permiten advertir que la relación
entre la derogación de la improcedencia y la adopción de
nuevas tecnologías no responde a una lógica lineal ni
homogénea. Antes bien, se trata de una interacción
compleja que presenta tanto oportunidades concretas de
modernización judicial como desafíos críticos en términos
de equidad, inclusión y garantía de los derechos. Por tanto,
la innovación tecnológica debe ir acompañada de una
reflexión normativa y ética constante, que asegure que el
progreso digital no se traduzca en nuevas formas de
exclusión o vulneración de garantías procesales esenciales.
Tabla 5. Interacciones entre derogación y nuevas tecnologías
en la justicia
Discusión de Resultados
La derogación de la improcedencia de la
conclusión anticipada plantea un conjunto de
implicaciones jurídicas de notable envergadura, que
pueden comprometer gravemente la garantía
efectiva de los derechos fundamentales en el marco
de los procesos judiciales. Los hallazgos recogidos
en este estudio evidencian que esta medida, al
favorecer la aceleración de los procedimientos,
tiende a debilitar la capacidad de defensa efectiva de
los imputados, generando tensiones con principios
esenciales como la presunción de inocencia y el
debido proceso, tal como lo documentan Lindao et
al., (2024), Ylizarbe (2024), Vértiz (2021) y
Mercado (2023).
Estas conclusiones encuentran eco en la
literatura contemporánea, donde se advierte sobre
los riesgos que implica priorizar la celeridad
procesal por encima del resguardo garantista. Así,
Fuertes & Santillán (2021) sostienen que la
derogación puede derivar en una desnaturalización
de principios estructurales del sistema penal,
posición que es compartida por Torres-Alvarado et
al., (2024). La convergencia de estas perspectivas
sugiere que cualquier reforma procesal debe
calibrarse cuidadosamente para no comprometer el
núcleo de las garantías procesales, evitando que el
interés por la eficiencia judicial derive en retrocesos
normativos.
No obstante, también existen posturas que
enfatizan la urgencia de reformas para enfrentar la
ineficacia estructural del sistema de justicia.
Gutiérrez (2021) argumenta que la ausencia de
mecanismos expeditivos perpetúa una justicia
meramente formal, mientras que Guthmann (2021)
subraya que el exceso de ritualismos procesales
acaba siendo un obstáculo real para el acceso
equitativo a la justicia. Sin embargo, esta visión
corre el riesgo de reducir la complejidad del proceso
penal a un problema de tiempos, obviando que los
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derechos fundamentales no pueden subordinarse a la
lógica de la productividad institucional. En ese
sentido, toda reforma debe concebirse bajo un
enfoque holístico que considere las desigualdades
estructurales que condicionan el acceso y ejercicio
del derecho.
Desde la perspectiva de los colectivos
vulnerables, se advierten preocupaciones similares.
Ruiz (2024) y Amagua-Choto et al., (2024)
advierten que la derogación normativa puede
ampliar las brechas preexistentes en la protección de
grupos históricamente excluidos, mientras que
Narváez & Murillo (2024) y Lalvay (2024) recalcan
la urgencia de desarrollar políticas judiciales
inclusivas, que no solo persigan eficiencia procesal,
sino también justicia sustantiva. Estas
investigaciones destacan que las reformas legales
deben evitar replicar las asimetrías del sistema
judicial, proponiendo soluciones diferenciadas y
sensibles al contexto social de cada población.
Pese a la consistencia de los hallazgos, este
estudio reconoce una serie de limitaciones. En
primer lugar, se adoptó un enfoque eminentemente
documental, lo que puede restringir la comprensión
de los matices vivenciales que caracterizan la
aplicación concreta de la norma en los entornos
jurisdiccionales. Si bien se integraron fuentes
normativas y teóricas diversas, la ausencia de una
dimensión empírica dificulta captar las experiencias
de operadores jurídicos y usuarios del sistema.
Además, la delimitación territorial —centrada
en el contexto ecuatoriano con referencias al caso
peruano— restringe la extrapolación de los
resultados a realidades jurídicas con marcos
institucionales distintos. También debe considerarse
que el análisis se ha focalizado en las reformas
recientes, sin contar con evidencia suficiente sobre
sus efectos de mediano o largo plazo.
Investigaciones posteriores podrían adoptar un
enfoque longitudinal que permita evaluar la
sostenibilidad de estas modificaciones procesales en
el tiempo.
A fin de superar tales limitaciones, se
recomienda que futuras investigaciones adopten un
enfoque metodológico mixto, que combine el
análisis documental con técnicas cualitativas como
entrevistas en profundidad o grupos focales
dirigidos a jueces, fiscales, defensores públicos y
representantes de organizaciones de derechos
humanos. Este diseño facilitaría identificar prácticas
institucionales, resistencias estructurales y
percepciones del cambio normativo, enriqueciendo
el análisis más allá de lo normativo.
Asimismo, resultaría altamente pertinente
emprender estudios comparativos que examinen
cómo otras jurisdicciones han implementado o
rechazado medidas similares, con el propósito de
identificar patrones replicables o advertir efectos no
deseados. Un enfoque interseccional permitiría,
además, captar las implicancias diferenciadas que
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estas reformas pueden tener en función de variables
como el género, la etnicidad, la condición
socioeconómica o la discapacidad, brindando un
panorama más amplio y realista de sus
repercusiones.
En suma, este estudio revela la complejidad
inherente a la derogación de la improcedencia de la
conclusión anticipada, así como su impacto en el
núcleo duro de las garantías procesales. Frente al
impulso reformador que privilegia la rapidez
procesal, se vuelve imperativo sostener una mirada
crítica, que reconozca que la verdadera legitimidad
del sistema judicial no radica únicamente en su
capacidad para ser eficiente, sino sobre todo en su
aptitud para ser justo, inclusivo y respetuoso de los
derechos fundamentales.
Garantizar una justicia expedita no debe
traducirse en renunciar a una justicia equitativa. Por
tanto, cualquier reforma legal debe erigirse sobre un
marco normativo sólido, que resguarde los derechos
de todas las partes involucradas, con especial
atención a quienes se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad. Solo así se podrá avanzar
hacia un sistema judicial que no solo funcione, sino
que también dignifique.
Conclusiones
Los hallazgos de esta investigación ponen de
relieve implicaciones críticas derivadas de la
derogación de la improcedencia de la conclusión
anticipada, especialmente en lo que respecta a la
tutela de los derechos fundamentales de los sujetos
procesales. Se advierte que esta reforma ha
introducido desafíos de considerable calado para la
efectividad del derecho a la defensa y para la
garantía del principio de presunción de inocencia,
afectando directamente la seguridad jurídica y
debilitando el cumplimiento del debido proceso. La
aceleración de los procedimientos judiciales —
aunque persiga fines de eficiencia— puede
traducirse en una afectación sustancial a garantías
constitucionales básicas. Esta situación evidencia la
imperiosa necesidad de adoptar una mirada crítica,
equilibrada y rigurosa ante reformas legislativas
que, bajo el objetivo de mejorar la operatividad del
sistema, podrían menoscabar derechos
fundamentales, como lo advierten diversos autores
contemporáneos.
En atención al objetivo planteado, el análisis
desarrollado ha permitido alcanzar una comprensión
integral de los efectos jurídicos y procesales que
comporta la derogación en cuestión, especialmente
en lo que concierne a la protección de los derechos
fundamentales de quienes enfrentan un proceso
penal. La revisión sistemática de literatura
especializada evidenció que esta modificación
normativa tiene un impacto particularmente adverso
en poblaciones en condición de vulnerabilidad,
quienes ya enfrentan múltiples obstáculos
estructurales para acceder a una justicia equitativa.
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Si bien resulta legítima la aspiración de agilizar los
litigios judiciales, los costos asociados a una defensa
limitada, así como a la desfiguración de principios
estructurales como la presunción de inocencia, no
pueden ser ignorados y demandan una evaluación
crítica por parte de la doctrina y de los operadores
del sistema de justicia.
Esta investigación se enmarca en el género del
artículo de revisión sistemática, metodología que ha
facilitado una aproximación ordenada, crítica y
exhaustiva a diversas fuentes documentales
académicas y normativas. El abordaje revisivo
adoptado ha permitido no solo identificar líneas
argumentativas consolidadas, sino también
visibilizar vacíos teóricos y normativos que aún
requieren una atención profunda. Esta mirada
metodológica resulta clave para dimensionar
adecuadamente la relevancia del fenómeno
abordado, situando los hallazgos en el centro del
debate actual sobre la tensión entre eficiencia
procesal y protección de derechos humanos dentro
del derecho procesal penal.
Finalmente, las implicancias más amplias que
se derivan de este estudio demandan una reflexión
comprometida. A la luz de los resultados obtenidos,
se considera fundamental que futuras
investigaciones orienten sus esfuerzos hacia el
diseño, aplicación y evaluación de estrategias
legislativas que fortalezcan la arquitectura jurídica
sin poner en riesgo los principios que sustentan un
proceso penal justo. En este sentido, se abre un
campo fértil para explorar la eficacia de marcos
jurídicos comparados, así como para analizar el
impacto diferencial que las reformas pueden tener
sobre grupos sociales vulnerables. Una
aproximación de esta naturaleza —crítica,
interdisciplinaria y centrada en los derechos
humanos— contribuirá al desarrollo de políticas
públicas capaces de consolidar un sistema judicial
no solo más eficiente, sino también profundamente
comprometido con la equidad, la inclusión y la
dignidad humana.
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