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CONTEXTO DE VIOLENCIA FAMILIAR FRENTE AL PRINCÍPIO DE LEGALIDAD EN EL
PERÚ
CONTEXT OF FAMILY VIOLENCE IN THE FACE OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN
PERU
Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 10/11/2025
Aceptado: 12/12/2025
Publicado: 30/12/2025
Código Único AV: e632
Páginas: 1(2873-2889)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18458009
Autores:
Carmen López Chávez
Abogada
Maestra en Gestión Pública
https://orcid.org/0009-0007-3846-2170
E-mail: clopezc7@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Nilton Isaias Cueva Quezada
Licenciado en Ciencias Sociales y Turismo
Maestro en Gestión Pública
Dr. en Gestión Pública y Gobernabilidad
https://orcid.org/0000-0002-1038-8884
E-mail: ncuevaq@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad Cesar Vallejo
País: República del Perú
Resumen
El objetivo del estudio tuvo como finalidad analizar como la aplicación del
contexto de violencia familiar del articulo 122-B del Código Penal (CP) afecta
el principio de legalidad en Perú. En cuanto a la metodología, se realizó una
revisión bibliográfica de carácter cualitativo y descriptivo, empleando el
método del análisis documental. Las fuentes incluyeron artículos indexados,
tesis y jurisprudencias centradas en los periodos 2015-2024 que coincide con la
promulgación de la “Ley 30364”. Se utilizaron combinaciones de palabras clave
como “violencia familiar”, “principio de legalidad” y la “Ley 30364”. Los
resultados muestran que la violencia familiar es un problema social
profundamente arraigado y a menudo normalizado en el Perú. La Ley penal
especialmente el articulo 128-B del CP, es compleja su aplicación debido a que
debe complementarse con las demás normativas (Art. 108 – B y la Ley 30364).
Esta complejidad genera una falta de claridad (lex certa), lo cual propicia
interpretaciones arbitrarias y una aplicación judicial inconsistente. Dicha
precisión afecta de manera negativa tanto a la protección efectiva de las
víctimas, como el derecho a la defensa de los acusados. Se concluye que la
precisión del articulo 122-B vulnera el principio de legalidad por ello es
fundamental que el Estado peruano garantice una interpretación clara y
coherente de la legislación sobre violencia familiar, alineada a los requisitos de
tipicidad penal y asegurando la protección integral de las víctimas.
Palabras Clave
Violencia familiar, afectación emocional, lex certa,
derecho de defensa
Abstract
The objective of the study was to analyze how the application of the context of
family violence in article 122-B of the Criminal Code (CP) affects the principle
of legality in Peru. Regarding the methodology, a qualitative and descriptive
bibliographic review was carried out, using the method of documentary
analysis. The sources included indexed articles, theses and jurisprudence
focused on the periods 2015-2024 that coincides with the enactment of "Law
30364". Combinations of keywords such as "family violence", "principle of
legality" and "Law 30364" were used. The results show that family violence is
a deep-rooted and often normalized social problem in Peru. The application of
the Criminal Law, especially Article 128-B of the Criminal Code, is complex
because it must be complemented with the other regulations (Article 108-B and
Law 30364). This complexity generates a lack of clarity (lex certa), which leads
to arbitrary interpretations and inconsistent judicial application. This
clarification negatively affects both the effective protection of victims and the
right to defense of the accused. It is concluded that the precision of Article 122-
B violates the principle of legality, and therefore it is essential that the Peruvian
State guarantees a clear and coherent interpretation of the legislation on family
violence, aligned with the requirements of criminal typicity and ensuring the
comprehensive protection of victims.
Keywords
Family violence, emotional affection, lex certa and right of
defense
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Introducción
La violencia familiar en el Perú es un
problema profundamente arraigado que afecta a
todas las capas de la sociedad, este fenómeno, que
puede manifestarse en formas físicas, psicológicas,
sexuales e inclusive económica, tiene raíces
multifactoriales, incluyendo el machismo, la
desigualdad económica y la falta de educación no
académica, sino de valores (Hernández et al., 2020).
Entre las víctimas más vulnerables se encuentran
mujeres y niños. Las estadísticas reflejan una
realidad alarmante, un alto porcentaje de mujeres ha
experimentado algún tipo de violencia por parte de
sus parejas. Esta situación es agravada por la
normalización de conductas abusivas.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), (2021) los delitos con más frecuencia son
ocasionados en el ámbito doméstico.
Aproximadamente un tercio de todas las mujeres
han sido víctimas de algún tipo de violencia
doméstica como medio para mantener u obtener
control sobre sus parejas. Los costos sociales y
económicos asociados a este problema son muy
amplios; no solo están relacionados al tratamiento
que se les debe proporcionar a estas mujeres
maltratadas ni tampoco únicamente por los recursos
invertidos en procesamientos judiciales. También se
ve afectada su capacidad laboral (incluyendo
pérdida de empleo) así como también tiene una
incidencia negativa comparándose incluso con
países que experimentan unidades penales de alto
grado similares.
El gobierno peruano ha implementado
algunas medidas para combatir la violencia familiar,
como la creación de leyes específicas y la apertura
de centros de apoyo a las víctimas. Sin embargo, la
efectividad de estas acciones es limitada debido a
problemas estructurales y de comprensión de las
leyes, así mismo, muchas de estas leyes se apoyan
en otras dificultando la habilidad del juzgador, para
completar su labor de manera eficaz.
En el Perú, se implementó la Ley N.º 30364
publicada el 23 noviembre del 2015, además, se
modificó entre otros, diversos artículos. El articulo
122 (delito de lesiones leves) de la parte especial del
Código Penal (CP). “La nueva ley de lucha contra la
violencia de género”, fue en su momento un cambio
significativo, que llegaba como solución a los
problemas que se venía generando en el Perú, con
relación a la ley anterior, existían situaciones de
violencia hacia las mujeres que no acarreaban
ninguna responsabilidad penal ni mucho menos
respuesta por parte del estado (Valega, 2015) ya
que, si la violencia no se daba en el ámbito
doméstico, no calzaban como conducta típica
establecida en el código penal, o faltas tipificadas en
una ley especial.
Además, esto significaba que el estado
peruano se adecuaba a los estándares
internacionales en materia de Derechos Humanos,
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hace aproximadamente 9 años antes. Seguidamente
se estableció el Decreto Legislativo N.º 1323
publicado en enero del 2017, que modificó varios
artículos del Código Penal, en su artículo 2,
incorporó, entre otros, el art. 122- B (agresiones
contra la mujer e integrantes del grupo familiar),
este es el tema que viene a colación el presente
artículo. ¿Cómo la aplicación del contexto de
violencia familiar del artículo 122-B afecta el
principio de legalidad en el Perú?
De acuerdo como se ha expuesto, el tipo penal
se encuentra estructurado por elementos
descriptivos y normativos. Para poder entender este
tipo penal, el articulo 122-B, señala que para que se
configure esta conducta, debe complementarse con
el segundo párrafo del artículo 108-B, es allí donde
describe hasta cuatro contextos de violencia.
En este sentido, el tema principal de este
artículo, es el primer argumento, “Contexto de
violencia familiar”, pero además la doctrina como la
jurisprudencia, ha indicado, que no solo con un
certificado médico legal sumado a la vinculación
familiar, de convivencia o situación análoga
automáticamente se convierte en delito de
agresiones, sino que debe tener en cuenta cinco
requisitos, que normalmente no son observados,
como lo son: a) la verticalidad, que está relacionado
con la dependencia o sometimiento; b) el móvil de
destrucción, o anulación de la voluntad de la
víctima; c) la ciclicidad, que tiene que ver con la
periodicidad de los hechos de violencia, que por lo
general son progresivos, que también es otra
característica y d) la situación de riesgo de la
víctima, en pocas palabras la vulnerabilidad
(casación 246 Cuzco, 2015).
Como objetivo general se tiene analizar cómo
la aplicación del contexto de violencia familiar del
artículo 122-B afecta el principio de legalidad en el
Perú, además de explicar cuáles son los principales
problemas de comprensión en los delitos de
agresiones enmarcados en el artículo 122-B del
código penal peruano y analizar los tipos de
contexto de violencia en el Perú.
Metodología
El presente estudio corresponde a una revisión
sistemática bibliográfica de carácter cualitativo y
descriptivo. Se empleó el método de análisis
documental para examinar la producción científica
y jurídica relacionada con la aplicación del principio
de legalidad en contextos de violencia familiar y de
género, con énfasis en la legislación peruana (Ley
N.º 30364) y referencias de derecho comparado
latinoamericano.
Estrategia de búsqueda y fuentes de información
La recolección de información se llevó a cabo
mediante una exhaustiva búsqueda en bases de datos
académicas de alto impacto, portales de revistas
jurídicas especializadas y repositorios
institucionales. Las plataformas consultadas
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incluyeron:
1. Bases de datos y directorios: SciELO (Scientific
Electronic Library Online), Dialnet,
Medigraphic y Tirant Online.
2. Repositorios de Acceso Abierto: ALICIA
(CONCYTEC), RENATI (para tesis de
posgrado de universidades como PUCP, UCV,
UNSAAC, U. Otavalo) e IRIS (Repositorio de
la OMS).
3. Fuentes institucionales y multimedia: Portales
oficiales del Estado (Poder Judicial del Perú),
organizaciones internacionales (GIZ) y material
audiovisual académico (conferencias de la
Academia de la Magistratura).
Palabras clave y ecuaciones de búsqueda
Para la identificación de los documentos se
utilizaron descriptores tanto en español como en
combinaciones booleanas (AND/OR) para refinar
los resultados. Se seleccionaron las palabras clave
de acuerdo a las categorías del título de
investigación:
Categoría 1: Violencia familiar / Género
Palabras clave: "Violencia familiar",
"violencia contra la mujer", "Ley 30364", "violencia
de género", "integrantes del grupo familiar",
"violencia intrafamiliar".
Categoría 2: Principio de Legalidad / Derecho
Penal
Palabras clave: "Principio de legalidad",
"tipicidad", "imputación objetiva", "derecho penal",
"inflación penal", "presunción de inocencia".
Categoría Contextual:
Palabras clave: "Perú", "Latinoamérica",
"legislación peruana".
Criterios de inclusión y exclusión:
1. Se aplicaron filtros rigurosos para garantizar la
calidad y pertinencia de la data encontrada el
cual fue seleccionada por su temporalidad.
2. Se seleccionaron documentos publicados
principalmente entre los años 2015 y 2024.
3. Se estableció el año 2015 como punto de corte
inicial por ser el año de promulgación de la Ley
N.º 30364 en Perú, lo que permite un análisis de
la normativa vigente y sus modificaciones
recientes (hasta 2024).
4. Por su Tipología documental: Se incluyeron
artículos científicos de revistas indexadas, tesis
de maestría y doctorado, boletines legales,
informes de organismos internacionales (OMS,
GIZ) y jurisprudencia o doctrina relevante. en
cuanto al Idioma.
5. Se priorizó la literatura en idioma español
6. Por la cobertura geográfica: El enfoque principal
es Perú; no obstante, se incluyeron estudios de
Ecuador, Colombia y España para realizar un
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análisis de derecho comparado respecto a la
dogmática penal y la protección de la mujer.
Procedimiento de análisis
Tras la búsqueda inicial, se procedió a la
lectura de títulos y resúmenes (abstracts) para
descartar aquellos que no abordaban la relación
entre la violencia y el aspecto dogmático-penal. Se
realizó una lectura posterior de los textos
seleccionados, sistematizando la información a fin
de identificar las posturas doctrinales sobre la
tensión entre la eficacia sancionadora en casos de
violencia y las garantías del principio de legalidad.
Resultados
La existencia de la violencia dentro de la
familia es un problema grave que se mantiene en
varias sociedades en el mundo, una gran cantidad de
violencia familiar se oculta detrás de tradiciones
familiares, donde los agraviados y agraviantes
tienen el pensamiento que es algo normal y que
sucede en todas las sociedades (Mayor & Salazar,
2019). Por este motivo muchas personas no pueden
ser capaces de ver la gravedad de la situación en la
que se encuentran. Por esta razón, el Sistema
Universal de Derechos Humanos emitió las
resoluciones 1190/15 del 24 de mayo de 1990 y
1991/18 del 30 de mayo de 1991, estas resoluciones
indicaron la necesidad de crear leyes para la
protección de las mujeres de cualquier daño,
cometido.
Según la ley penal peruana, el contexto de
violencia familiar se refiere a situaciones en las que
una persona sufre agresiones físicas, psicológicas,
sexuales o económicas dentro del ámbito familiar
Caqui (2020). Este contexto se caracteriza por la
existencia de relaciones de poder y control que
generan un entorno de dominación y sometimiento,
afectando gravemente la integridad y dignidad de
las víctimas.
En particular, el artículo 122-B del CP, que
trata sobre las agresiones en el ámbito familiar,
establece sanciones para quienes cometan actos de
violencia contra su cónyuge, conviviente o
cualquier otro análogo (Bonilla & Rivas, 2019).
Este artículo subraya que los actos de violencia
deben ser cometidos en un entorno familiar, lo que
incluye no solo el núcleo familiar inmediato, sino
también otras relaciones de convivencia que puedan
generar dependencia y subordinación.
El contexto de violencia familiar es
reconocido por su impacto específico en las
dinámicas y relaciones personales dentro del hogar,
para Saravia (2021) su identificación es crucial para
aplicar correctamente las normativas penales que
buscan proteger a las víctimas y sancionar a los
agresores. Este reconocimiento permite a las
autoridades judiciales y a los operadores del sistema
de justicia actuar con mayor precisión y sensibilidad
frente a situaciones de violencia, asegurando que las
medidas adoptadas sean adecuadas y
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proporcionadas al daño sufrido por las víctimas.
La ley penal peruana, reconoce que el
contexto de violencia familiar implica una situación
de riesgo constante y repetitivo para las víctimas,
quienes pueden estar expuestas a un ciclo de
violencia que se perpetúa con el tiempo Saravia
(2021). Este reconocimiento es esencial para
entender que las agresiones en el ámbito familiar no
son incidentes aislados, sino parte de un patrón de
conducta que busca mantener el control y la
dominación sobre la víctima.
El artículo 122-B también señala la
importancia de identificar y documentar este
contexto durante las investigaciones y procesos
judiciales. Los fiscales y jueces deben evaluar las
circunstancias específicas de cada caso,
considerando factores como la frecuencia y
gravedad de los actos de violencia, el historial de
denuncias y la existencia de medidas de protección
previas. Esta evaluación integral permite una mejor
aplicación de las leyes y garantiza que las sanciones
sean justas y efectivas (Ortiz & Vázquez, 2021).
Asimismo, la legislación peruana ha
implementado diversas medidas para fortalecer la
protección de las víctimas y prevenir la
revictimización (Medina & Yuba, 2021). Estas
medidas incluyen la creación de centros de
emergencia mujer, la provisión de asistencia legal y
psicológica gratuita, y la imposición de restricciones
a los agresores, como órdenes de alejamiento y la
prohibición de contacto con las víctimas.
El contexto de violencia familiar según la ley
penal peruana abarca una serie de situaciones y
relaciones que perpetúan la violencia dentro del
hogar. Reconocer este contexto es fundamental para
aplicar correctamente las normativas penales y
asegurar que las víctimas reciban la protección y el
apoyo necesarios. La ley penal peruana busca no
solo sancionar a los agresores, sino también brindar
un marco integral de protección y asistencia para
romper el ciclo de violencia y garantizar la
seguridad y bienestar de las víctimas.
Teorías
En relación a la teoría del ciclo de la violencia,
Buele & Mideros (2020) esta teoría subraya que la
violencia familiar tiende a repetirse de generación
en generación, ya que los niños que son testigos de
violencia en el hogar tienen más probabilidades de
convertirse en perpetradores o víctimas de violencia
cuando sean adultos, ya que se describen patrones
repetitivos en las relaciones abusivas, como la
violencia doméstica.
En relación a la teoría del patriarcado,
Grajales (2022) esta teoría supone que existe una
estructura de poder en la sociedad en la que los
hombres dominan sistemáticamente a las mujeres,
aquel dominio se manifiesta en diversos ámbitos de
la vida, por ejemplo, el acceso a los recursos
económicos, el ejercicio del poder político, la toma
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de decisiones importantes. La teoría enfatiza cómo
las instituciones sociales, las normas culturales y las
relaciones de género ayudan a mantener y perpetuar
esta desigualdad y opresión de las mujeres y niños,
ya que el patriarcado se entiende como un sistema
de dominación basado en la subordinación en
diversos aspectos de la vida social.
Sobre la teoría del estrés familiar, Martínez
(2016) esta examina cómo la violencia en el hogar
impacta la capacidad de los individuos para manejar
el estrés, la violencia doméstica genera altos niveles
de estrés, afectando negativamente la salud mental
y emocional de las personas. Además de los efectos
inmediatos, puede causar tensiones crónicas que
contribuyen a problemas de salud mental y física a
largo plazo, también se resalta cómo las habilidades
de afrontamiento se ven afectadas, dificultando la
regulación emocional y las relaciones
interpersonales saludables, por lo que es necesario
destacar la importancia de abordar tanto las causas
como las consecuencias del estrés relacionado con
la violencia familiar para promover la salud y el
bienestar en el ámbito doméstico.
Tipos de Contexto Familiar
El artículo 108 – B, delimita cuatro contextos
de violencia:
Violencia familiar
Se refiere a cualquier conducta violenta que se
ejerce dentro del ámbito familiar o de convivencia,
afectando a sus miembros mediante actos físicos,
psicológicos, sexuales o económicos. Este tipo de
violencia, que puede manifestarse en maltratos,
amenazas, coerción o explotación, representa una
grave violación de los derechos humanos y afecta
profundamente la integridad y el bienestar de las
víctimas.
Coacción, hostigamiento o acoso sexual
Se define como cualquier conducta de
naturaleza sexual no deseada, que se ejerce
mediante presión, intimidación o amenazas,
afectando la libertad y dignidad de la persona
víctima. Estas acciones, que pueden ocurrir en
diversos contextos como el laboral, educativo o
social, implican un abuso de poder o una violación
de la autonomía sexual del individuo, creando un
entorno hostil y degradante.
Abuso de poder, confianza o de cualquier otra
posición o relación que le confiera autoridad al
agente.
Ocurre cuando una persona explota su
posición de influencia o control para cometer actos
indebidos o ilícitos, aprovechándose de la
vulnerabilidad de quien está en una situación
subordinada o dependiente. Este tipo de conducta
implica el uso inapropiado de la autoridad o el poder
en una relación, como la laboral, educativa, o
profesional, para obtener beneficios indebidos,
manipular o coaccionar a otros. El abuso de poder
mina la integridad y la equidad en las relaciones,
creando un entorno de explotación y desconfianza.
Cualquier forma de discriminación contra la mujer,
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independientemente de que exista o haya existido
una relación conyugal o de convivencia con el
agente.
Implica el trato desigual o desfavorable hacia
las mujeres basado en su género, que perpetúa la
inequidad y refuerza estereotipos de género dañinos.
Esta discriminación puede manifestarse en diversas
formas, como en el ámbito laboral, educativo, o
social, y se caracteriza por la negación de derechos,
oportunidades o el acceso a recursos y servicios de
manera equitativa.
El Principio de Legalidad
El principio de legalidad es uno de los
fundamentos esenciales del derecho penal
contemporáneo (Orbegoso 2020). Este principio
establece que solo puede ser considerado delito
aquello que está previamente tipificado como tal en
una ley penal, y solo puede imponerse una pena que
esté expresamente prevista en dicha ley. Este
principio se sintetiza en la máxima latina "nullum
crimen, nulla poena sine lege", que significa "no hay
delito ni pena sin ley".
El principio de legalidad asegura que el
Estado no pueda castigar arbitrariamente a los
individuos, garantizando así la previsibilidad y la
seguridad jurídica. Este principio tiene varias
dimensiones, incluyendo la lex scripta (la ley debe
estar escrita), lex certa (la ley debe ser clara y
precisa), lex praevia (la ley debe existir con
anterioridad al hecho punible) y lex stricta (la ley
debe ser interpretada de manera estricta, sin
analogías perjudiciales para el acusado) (Cristóbal,
2020). En esencia, el principio de legalidad protege
a los ciudadanos de la arbitrariedad y asegura que
solo se penalicen conductas que han sido claramente
definidas como delictivas por una autoridad
legislativa competente.
La importancia del principio de legalidad
radica en su capacidad para proporcionar un marco
claro y previsible para la conducta humana. Según
Huertas (2022) sin este principio, el sistema penal
se volvería impredecible y potencialmente injusto,
ya que los individuos no podrían conocer con
antelación qué conductas están prohibidas y cuáles
son las consecuencias legales de sus acciones.
Además, el principio de legalidad es un mecanismo
esencial para la protección de los derechos
humanos, ya que impide la criminalización
retroactiva y la imposición de penas no previstas por
la ley.
La Falta de Leyes Claras y sus Consecuencias
Cuando las leyes no son claras, precisas y
accesibles, se socava gravemente el principio de
legalidad. La ambigüedad y la vaguedad en la
legislación penal pueden dar lugar a
interpretaciones arbitrarias por parte de jueces y
fiscales, lo que incrementa la inseguridad jurídica y
pone en riesgo los derechos fundamentales de los
ciudadanos. La falta de claridad en las leyes puede
resultar en la aplicación desigual de la justicia,
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donde decisiones judiciales varían
considerablemente dependiendo del criterio
subjetivo de los jueces.
En el contexto del derecho penal peruano, la
falta de leyes claras puede tener consecuencias
particularmente graves para los acusados. Por
ejemplo, el artículo 122-B del Código Penal
peruano, que tipifica las lesiones graves, debe ser
interpretado en conjunto con el artículo 108-B, que
aborda el feminicidio, y con la Ley 30364, que se
enfoca en la prevención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar. La interacción entre estas
normativas puede ser compleja y si no se encuentra
claramente delineada, puede generar incertidumbre
tanto para las víctimas como para los acusados
(Fernández, 2019).
Además, la falta de claridad en las leyes puede
conducir a una falta de uniformidad en la aplicación
de sanciones, diferentes jueces pueden interpretar y
aplicar las disposiciones legales de manera distinta,
lo que resulta en penas desiguales para delitos
similares. Esto no solo afecta la percepción de
justicia y equidad en el sistema penal, sino que
también puede erosionar la confianza pública en la
capacidad del sistema judicial para administrar
justicia de manera imparcial y justa (Pozo Carrasco,
2017). La inconsistencia en la aplicación de la ley
puede dar lugar a que algunos imputados reciban
penas más severas que otros, creando una sensación
de injusticia y arbitrariedad.
La ambigüedad legal también puede afectar
negativamente a las víctimas, quienes pueden
encontrarse desprotegidas debido a interpretaciones
restrictivas o inconsistentes de la ley. Por ejemplo,
una definición poco clara de lo que constituye
"violencia de género" o "lesiones graves" puede
llevar a que algunos casos no sean adecuadamente
reconocidos o sancionados, dejando a las víctimas
sin la protección y el apoyo que necesitan. Es
fundamental que las leyes sean claras y precisas no
solo para proteger los derechos de los acusados, sino
también para asegurar que las víctimas de delitos
reciban la justicia y el amparo que merecen.
Artículo 122-B, Artículo 108-B y Ley 30364
El artículo 122-B del Código Penal peruano se
refiere a las lesiones graves infligidas en el contexto
de violencia familiar o de género, y está
estrechamente relacionado con el artículo 108-B,
que tipifica el feminicidio (Calderón, 2022). La Ley
30364, por su parte, establece medidas integrales
para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres y los miembros del grupo familiar, y crea
un marco legal específico para abordar y sancionar
esta violencia.
Si las disposiciones de estos artículos no están
claramente definidas, se puede generar una
confusión significativa en su aplicación (Borja,
2022). Por ejemplo, las definiciones de "lesiones
graves" o "violencia de género" pueden variar en
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interpretación, lo que afecta la uniformidad y
equidad en la aplicación de la justicia. Los acusados
podrían enfrentarse a una incertidumbre
considerable sobre los cargos específicos que se les
imputan y las posibles penas, lo que socava su
derecho a una defensa adecuada y a un juicio justo.
Además, la Ley 30364 busca proteger de
manera efectiva a las víctimas de violencia (Ayala,
2024), pero si no se articula claramente cómo
interactúa con el Código Penal, podría llevar a
lagunas legales o interpretaciones contradictorias.
Esto no solo afecta a los acusados, que pueden
enfrentarse a cargos ambiguos o mal definidos, sino
también a los operadores de justicia, que no podrían
hacer su trabajo de manera precisa y realmente no
pueden hacer justicia, que la ley intenta
proporcionar.
Por consiguiente, el principio de legalidad es
fundamental para asegurar que el derecho penal se
aplique de manera justa y equitativa. La falta de
leyes claras y precisas puede tener consecuencias
devastadoras para la justicia penal, afectando tanto
a los acusados como a las víctimas. En el caso del
derecho penal peruano, es crucial que los artículos
122-B y 108-B del Código Penal, junto con la Ley
30364, sean interpretados y aplicados de manera
coherente y clara para garantizar la seguridad
jurídica y la protección efectiva de los derechos
humanos.
Discusión de los resultados
En primer lugar, Mayor & Salazar (2019) y
Caqui (2020) refieren que en su mayoría de veces la
sociedad ha normalizado el tema de la violencia
familiar, lo que dificulta su reconocimiento y
abordaje. Esta percepción social de normalidad
puede obstaculizar la intervención temprana y
efectiva, un aspecto que también es resaltado por
Saravia (2021), quien enfatiza la importancia de
identificar correctamente el contexto para explicar
las normativas penales de manera adecuada.
Por otro lado, existe una diferencia
significativa en la forma en que se conceptualiza la
violencia familiar. Por un lado, Mayor & Salazar
(2019) destacan la invisibilidad social y la
normalización de la violencia, además, Caqui
(2020) y Saravia (2021) se centran en el marco legal
peruano, que reconoce la violencia en el ámbito
familiar como una situación de riesgo constante y
reiterado, con un patrón de dominación y control, lo
cual refleja el avance en la legislación peruana, que
busca no solo sancionar, sino también comprender
la dinámica de la violencia para ofrecer protección
integral.
Una limitación muy importante radica en la
dificultad de aplicar estas leyes de manera efectiva,
dado que la violencia en el hogar suele ser una
constante que requiere una evaluación integral y
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sensible por parte del sistema de justicia, como lo
señalado por Ortiz & Vásquez (2021) quien refiere
que la evaluación de la frecuencia, antecedentes y el
nivel de gravedad es crucial, pero la práctica, puede
verse limitado por la falta de recursos, capacitación
o sensibilidad del sistema judicial.
Así mismo, Medina & Yuba, (2018) destacan
las medidas implementadas en Perú para fortalecer
la protección de las víctimas como centro de
emergencia y órdenes de alejamiento. Sin embargo,
estas medidas se enfrentan a desafíos en su
implementación y en la prevención de la
rehabilitación, un aspecto que requiere atención
mayor y recursos.
Finalmente, Avila, (2016) subraya que la
legislación peruana busca un enfoque integral, no
solo sancionador, sino también preventivo y de
protección, lo cual es fundamental para romper el
ciclo de la violencia. Sin embargo, la efectividad de
estas leyes aún depende de la sensibilización social
y la capacitación de los actores involucrados. En
este caso los sistemas de Justicia aspectos que
todavía presentan limitaciones en muchas
instituciones.
En cuanto a las teorías según Buele &
Mideros, (2020) sostienen que la violencia familiar
tiende a repetirse de generación en generación, ya
que los niños que presencian violencia en el hogar
tienden mayor probabilidad de convertirse en
perpetradores o víctimas de la adultez debido a los
patrones respectivos en las relaciones abusivas. Por
otro lado, Grajales (2022) plantea que la estructura
patriarcal mantiene la desigualdad de género
mediante instituciones sociales, normas culturales y
relaciones de poder que favorecen a los hombres y
oprimen a las mujeres y niños, perpetuando la
dominación de diversos ámbitos sociales.
Finalmente, Miljánovich et al., (2020)
analizan cómo la violencia en el hogar genera altos
niveles de estrés, lo cual afecta a la salud mental y
emocional de las personas, sobre todo resalta la
importancia de abordar las causas como las
consecuencias del estrés, a fin de promover el
bienestar familiar.
Con relación a lo estipulado en el artículo 108-
B, delimita cuatro contextos los cuales son violencia
familiar, coacción o acoso, abuso de poder y
discriminación contra la mujer. En ese sentido, la
ley reconoce que estos tipos de violencia vienen
afectando de manera directa a la dignidad y los
derechos fundamentales. Y, sobre todo, el bienestar
de la víctima lo cual se alinea con las teorías que
explican la reproducción de patrones violentos
denominados signos de violencia, las estructuras de
poder que hace referencia al patriarcado, así como
los efectos del estrés emocional denominado estrés
familiar.
El principio de legalidad, como los
fundamentos esenciales del Derecho penal,
establece que solo las conductas previamente
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tipificadas en la ley pueden ser consideradas delitos
y que las penas deben estar expresamente previstas
en dicha ley. Orbegozo, (2020) menciona que este
principio conocido como “nullum crimen, nulla
poena sine legé”, garantiza la protección contra la
arbitrariedad del Estado y asegura la previsibilidad
jurídica. Sus dimensiones como la lex escrita, lex
certa, lex praevia y lex estricta, refuerzan la claridad
y precisión en la legislación penal (Cristóbal, 2020).
La importancia de este principio radica en que este
proporciona un marco legal y claro para regular la
conducta humana, a fin de evitar la criminalización
retroactiva y se protejan los derechos fundamentales
(Huertas, 2022). La ausencia de leyes claras pude
generar error en las interpretaciones convirtiéndose
en interpretaciones arbitrarias, inseguridad jurídica
y decisiones judiciales con inconsistencia en sus
fallos, lo que poden en riesgo los derechos
ciudadanos.
En ese sentido, en el contexto peruano la
ausencia de leyes claras puede conllevar a
situaciones muy graves similares a la problemática
identificado en otros sistemas. Por ejemplo, en Perú
la interacción entre el articulo 122-B del Código
Penal, el cual tipifica como lesiones graves y el 108-
B donde se aborda el feminicidio (Calderón, 2022),
y sumado a ello la Ley 30364, donde se busca
prevenir la violencia contra la mujer, ello puede ser
muy compleja y generar incertidumbre si no se
delimita adecuadamente (Fernández, 2019). Por
ello, este vacío puede generar problemas tanto a las
víctimas como a los acusados, dificultando una
protección de manera efectiva y una correcta
administración de justicia (Borja 2022).
En las similitudes con el sistema, por lo
concluyen que la actividad legal puede conducir a
interpretaciones distintas por parte de los jueces,
resultando en penas desiguales y afectando la
percepción de Justicia (Pozo Carrasco, 2017).
Además, La falta de claridad puede dejar a la
víctima desprotegidas, especialmente en casos de
violencia de género, donde definiciones como
“lesiones graves o violencia de género” son poco
precisas y por consiguiente pueden impedir el
reconocimiento y sanciones adecuadas (Ayala,
2024).
Por último. La Ley 30364 busca proteger de
manera efectiva las víctimas de violencia, pero si no
se articula claramente cómo interactúa el Código
Penal. Puede llevar algunas inconsistencias legales
o interpretaciones contradictorias. Esa situación
afecta de manera directa a los acusados, las víctimas
y al sistema de Justicia legal. Por ello es
indispensable el principio de legalidad para
garantizar el derecho en el ámbito penal y se aplique
de forma justa, y coherente. De allí, resulta de vital
importancia que en el Estado peruano se interpreten
los artículos 122-B, 108B del Código Penal y la Ley
30364 de manera coherente y claro a fin de
garantizar la seguridad jurídica y la debida
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protección de los derechos fundamentales de las
victimas (Borja, 2022; Calderón, 2022 y Ayala,
2024)
Conclusiones
Se concluye que la normativa busca proteger
de manera efectiva a las víctimas y sancionar
conductas violentas en el ámbito familiar, su
implementación enfrenta desafíos relacionados con
la claridad y precisión en la tipificación de los
delitos. Las ambigüedades en la definición y
aplicación del contexto de violencia familiar pueden
impactar en la previsibilidad y estabilidad jurídica,
principios fundamentales del derecho penal.
Los principales problemas de comprensión en
los delitos de agresiones enmarcados en el artículo
122-B surgen de la ambigüedad en la definición de
las conductas y contextos relacionados con la
violencia familiar, así como de la falta de claridad
en los criterios para diferenciar entre tipos y grados
de agresión. Estas deficiencias pueden llevar a
interpretaciones diversas y a una aplicación desigual
de la ley, dificultando la protección efectiva de las
víctimas y el ejercicio de los derechos de los
acusados.
De ello, se concluye que la imprecisión y la
ambigüedad de la legislación penal peruana, con
énfasis al artículo 122-B del Código Penal (CP),
vulnera de manera directa el principio de legalidad
en su dimensión lex certa (claridad y certeza). Esta
deficiencia se exacerba al requerir de manera
compleja con el articulo 108-B del CP y la Ley
30364.
Lo cual conlleva a que los administradores de
justicia generen interpretaciones arbitrarias y que
afectan de manera muy grave la seguridad jurídica y
el derecho a una defensa digna de los acusados e
incluso generando una protección de las víctimas de
manera negativa debido a una red compleja red de
factores que incluyen violencia familiar, violencia
de género, y violencia social, cada uno con
características y dinámicas particulares. Esta
diversidad de contextos refleja la necesidad de que
el Estado garantice de manera integral el respeto de
los derechos fundamentales, mediante una
aplicación clara y coherente de estas normas.
Además, se afectan el aspecto subjetivo,
donde el agresor ejerce opresión a través de la
pensión alimenticia que está legalmente obligado a
proporcionar, impactando a sus hijos, por lo que,
estas formas de violencia a menudo no son
reconocidas por las autoridades competentes, siendo
remitidas a los juzgados de Paz Letrado para los
procesos de alimentos y muchos de los casos se
archivan si no hay un seguimiento. Por último, se
concluye que la Ley N.º 30364 es una herramienta
legal que busca proteger a las víctimas de violencia
económica y familiar en el Perú, pero se ve limitada
debido a factores presupuestarios, generando así una
insatisfacción en la ciudadanía.
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