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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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Tipo de Publicación: Artículo Científico
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Aplicadas
Recibido: 20/06/2026
Aceptado: 22/07/20265
Publicado: 04/09/2026
Código Único AV: e807
Páginas: 1(1325-1343)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22309864
Autor:
César Orlando Villalobos Guevara
Licenciado en Educación Física
Licenciado en Derecho
Maestro en Psicología Educativa
Doctorando en Gestión Pública y
Gobernabilidad
https://orcid.org/0000-0002-1516-6447
Email:cvillalobogu63@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Resumen
Los gobiernos locales de América Latina recurren con frecuencia al deporte
practicado en el ámbito comunitario como instrumento de política pública
para acercar la vida deportiva a poblaciones que han quedado históricamente
al margen por razones de género, discapacidad, origen étnico o nivel
socioeconómico. Partiendo de esa premisa, este trabajo se propuso examinar
de qué manera las políticas deportivas comunitarias inciden en la inclusión
social dentro de los gobiernos locales latinoamericanos entre 2021 y 2024.
Para ello se realizó una revisión literaria seleccionando y sintetizando 24
publicaciones. Del análisis se desprende que el éxito de estas políticas está
ligado, sobre todo, a tres condiciones: que exista coordinación entre sectores
de educación, salud y desarrollo urbano; que la sociedad civil participe
activamente en el diseño de los programas; y que la infraestructura deportiva
sea realmente accesible. También se identificaron obstáculos que persisten
de tipo económico, actitudinal y normativo y que siguen restringiendo el
acceso equitativo de mujeres, personas con discapacidad y comunidades
vulnerables a la práctica deportiva. El estudio concluye que un impacto
sostenible exige que los gobiernos locales de la región refuercen sus marcos
normativos, profesionalicen la gestión municipal del deporte y desarrollen
mecanismos de evaluación centrados en la equidad.
Palabras
Clave
Deporte comunitario, inclusión social, políticas públicas,
gobiernos locales, América Latina.
Abstract
Local governments in Latin America frequently use community-based sports
as a public policy tool to bring sports opportunities to populations
historically marginalized due to gender, disability, ethnicity, or
socioeconomic status. Based on this premise, this study examined how
community sports policies influenced social inclusion within Latin
American local governments between 2021 and 2024. To this end, a literary
review was conducted, selecting and synthesizing 24 publications. The
analysis reveals that the success of these policies depends primarily on three
conditions: coordination among the education, health, and urban
development sectors; active civil society participation in program design;
and truly accessible sports infrastructure. Persistent economic, attitudinal,
and regulatory obstacles were also identified, which continue to restrict
equitable access to sports for women, people with disabilities, and vulnerable
communities. The study concludes that achieving a sustainable impact
requires local governments in the region to strengthen their regulatory
frameworks, professionalize municipal sports management, and develop
equity-focused evaluation mechanisms.
Keywords
Community sport, social inclusion, public policy, local
government, Latin America.
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Introducción
Como herramienta educativa y social, el
deporte ha ganado un lugar central en las estrategias
orientadas a reducir desigualdades y fortalecer los
lazos comunitarios; con todo, su verdadero alcance
transformador depende de cómo se diseñan y
ejecutan las políticas públicas que lo respaldan. Un
ejemplo de esta tensión se observa en la
planificación municipal: aunque las normas de
muchos países reconocen formalmente el derecho
de la ciudadanía a participar en la selección y
gestión de proyectos de desarrollo territorial, en la
práctica ese mecanismo suele quedar recortado por
una noción estrecha de inclusión, pues las élites
locales terminan condicionando decisiones,
recursos y prioridades, en desmedro de mujeres,
minorías étnicas y otros colectivos postergados
(Acharya & Zafarullah, 2024). A esa restricción de
fondo se añade una dificultad más concreta: aun
cuando las entidades deportivas municipales buscan
abrir espacios inclusivos, subsisten trabas de acceso
y de índole psicológica que impiden practicar
deporte en condiciones adecuadas, siendo la más
notoria la escasa adaptación de las instalaciones,
generalmente ligada a la falta de presupuesto y al
respaldo insuficiente de las instituciones públicas
(Pozo et al., 2023).
El debate europeo sobre inclusión social
presenta matices propios según el colectivo del que
se trate. Frente a la población migrante, por ejemplo,
los discursos políticos actuales tienden a plantear la
inclusión casi como una prueba de la voluntad de
esas personas para adaptarse al país de acogida
aprendiendo el idioma y ajustándose a una visión
etnocéntrica de los valores locales más que como
una responsabilidad compartida (Nyström et al.,
2023). Algo similar ocurre en Finlandia, donde, pese
a que la inclusión social figura entre los objetivos
centrales de la política pública en sus tres niveles de
gobierno, el concepto conserva un margen de
ambigüedad que complica su traducción en
programas concretos y medibles (Nousiainen &
Leemann, 2024). Esa imprecisión conceptual
trasciende el ámbito migratorio; dentro y fuera del
deporte, la exclusión social sigue vinculada a
factores como el género, el origen étnico, el nivel de
ingresos, la discapacidad y la orientación sexual
(Richards et al., 2020), lo cual respalda la idea de
que las políticas deportivas deben abordar la
interseccionalidad de las desigualdades en lugar de
tratarlas como fenómenos aislados.
Dentro de este conjunto de desigualdades
estructurales, la brecha de género en el deporte
muestra una resistencia particular al cambio.
Históricamente, el deporte moderno se construyó
desde y para el universo masculino, razón por la cual
las mujeres sobre todo quienes incursionan en la
competición han sido tratadas durante largo tiempo
como intrusas en ese terreno. Y aunque la sociedad
ha avanzado en las últimas décadas, el deporte
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femenino sigue en una posición más precaria que el
masculino, tanto en el acceso a recursos como en el
reconocimiento que recibe de instituciones y
público (Donoso et al., 2022).
En el caso latinoamericano, estas
desigualdades no operan de manera aislada, sino que
se combinan con carencias socioeconómicas que
inciden de forma directa en la posibilidad de hacer
deporte. En México, por citar un caso, una parte
considerable de la población carece de acceso diario
a una alimentación básica, y son justamente los
menores de edad quienes más sufren las
consecuencias de esa inseguridad alimentaria,
presentando desnutrición, obesidad o problemas de
aprendizaje que terminan afectando también su
participación en actividades físicas (Fuentes, 2022).
La discapacidad constituye otro frente
relevante de exclusión deportiva en la región. Tener
una condición de diversidad funcional no debería,
en principio, impedir la práctica deportiva, aun
cuando las razones que motivan a este grupo a
practicar deporte no sean necesariamente las
mismas que las del resto de la población (González
& Macías, 2022). Dentro de las universidades, el
estudiantado con discapacidad sigue tropezando con
múltiples obstáculos; los servicios de orientación
resultan valiosos, pero las acciones emprendidas
hasta el momento no han bastado para asegurar una
educación realmente equitativa (Hinojosa et al.,
2024; Pozo et al., 2023). Buena parte de esta
insuficiencia proviene de que el sistema educativo,
pese a declararse inclusivo, no ha conseguido serlo
del todo, y no solo por la escasez presupuestal que
arrastran los gobiernos de turno, sino también por
resistencias mentales dentro de la propia comunidad
educativa, alimentadas por el desconocimiento o por
una limitada disposición al cambio (Mayanza et al.,
2024). Ese vacío formativo suele remontarse a la
preparación inicial del profesorado de Educación
Física, cuyos lineamientos ministeriales no abordan
con la profundidad necesaria el trabajo con
estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales, provocando un desajuste entre lo que
exige la docencia diaria, lo que indican las
orientaciones técnicas y lo que establece la
normativa (Castillo, 2022).
Estas carencias de formación e infraestructura
se traducen en situaciones muy concretas. En
Quetzaltenango, Guatemala, la escasez de
entrenadores especializados, la falta de presupuesto
y las barreras de acceso a los espacios de
entrenamiento frenan el desarrollo del movimiento
paralímpico local, mostrando que todavía no existen
las condiciones para que estos deportistas accedan
al deporte en igualdad de condiciones que los
convencionales (Gallardo et al., 2024). En Chile,
país donde una parte considerable de la población
presenta alguna discapacidad con mayor
prevalencia entre varones de 2 a 17 años, se suma
una brecha educativa marcada; mientras la mayoría
llega a cursar primaria, solo una minoría logra
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continuar hasta secundaria, un dato que se relaciona
con altos niveles de discriminación dentro del
sistema escolar (Campos et al., 2023). En sintonía
con ello, en el Perú se ha registrado que el rechazo,
la negación a aceptar la diferencia, el temor a actuar
sin la formación adecuada y la falta de profesionales
capacitados en atención a la diversidad siguen
marcando la actitud docente frente al alumnado con
discapacidad (Torres et al., 2023).
Frente a este mosaico de desigualdades
superpuestas, la manera en que los gobiernos locales
latinoamericanos han incorporado el deporte a sus
agendas de inclusión social ha sido muy dispareja;
unos países avanzaron con más decisión que otros.
La literatura revisada coincide en que el impacto de
las políticas deportivas comunitarias mejora
sustancialmente cuando los gobiernos locales
trabajan de la mano con organizaciones de la
sociedad civil y actores privados del territorio, de
forma que las iniciativas respondan a lo que la
comunidad realmente necesita, y cuando esas
políticas se articulan con otras áreas de la gestión
pública educación, salud, desarrollo urbano en lugar
de operar de manera aislada (Ordoñez et al., 2023;
Schaillée et al., 2019).
En la práctica se aprecia con particular
claridad en los gobiernos provinciales de
Cajamarca, donde la falta de programas deportivos
pensados desde un enfoque inclusivo reduce las
posibilidades de que personas con discapacidad,
mujeres y población en riesgo de exclusión
participen de la vida deportiva de su comunidad. A
partir de esta situación, el estudio se plantea la
siguiente pregunta central: ¿De qué manera las
políticas públicas deportivas comunitarias inciden
en la inclusión social dentro de los gobiernos locales
latinoamericanos durante el período 2021-2024?
Este trabajo tiene sentido en varios frentes.
Desde el punto de vista académico, aporta un marco
actualizado para entender cómo interactúan la
política deportiva y la inclusión social en el
escenario latinoamericano, algo que puede nutrir
investigaciones posteriores sobre el tema. Desde
una mirada más aplicada, sus hallazgos pueden
servir de referencia a los gobiernos locales al
momento de diseñar o ajustar sus políticas
deportivas, y en particular ofrecen un insumo
concreto para que municipalidades provinciales
como las de Cajamarca formulen programas de
desarrollo deportivo con enfoque inclusivo. Y en un
sentido más amplio, la revisión contribuye a mejorar
la calidad de vida de las comunidades al identificar
qué estrategias funcionan mejor cuando se usa el
deporte como puente hacia la inclusión.
De ahí que este estudio se haya propuesto
examinar de qué manera las políticas públicas
deportivas comunitarias inciden en la inclusión
social dentro de los gobiernos locales
latinoamericanos entre 2021 y 2024. Este propósito
general se desagregó en tres tareas específicas:
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reconocer los factores que hacen efectiva a una
política deportiva comunitaria en términos de
inclusión social, valorar cómo se articulan las
políticas deportivas locales con los objetivos de
inclusión social en la región, y precisar cuáles son
los obstáculos más frecuentes en la implementación
de políticas deportivas inclusivas a nivel local.
Entre los antecedentes que más aportan a esta
revisión destaca un estudio multicaso llevado a cabo
en España y Chile, que siguió durante seis meses a
114 estudiantes de entre 7 y 12 años, 56 de ellos
migrantes mediante entrevistas y observación
directa; sus autores comprobaron que los programas
deportivos extraescolares, cuando se sostienen en
valores socioeducativos y combinan distintos
métodos pedagógicos, sí logran mejorar las
relaciones interculturales, particularmente cuando
quienes los dirigen ya tenían experiencia previa
trabajando en contextos multiculturales (Carter et
al., 2023). Desde una mirada etnográfica, un trabajo
colombiano basado en entrevistas a personal
administrativo y entrenadores de dos organizaciones
juveniles llegó a una conclusión afín; el fútbol
practicado en comunidad no solo integra
socialmente, sino que también refuerza el trabajo en
equipo y el sentido de pertenencia de quienes
participan (Ponciano & Portela, 2024).
En el terreno de la justicia juvenil, una
indagación fenomenológica desarrollada en un
centro de medidas judiciales de Murcia con la voz
de menores infractores, educadores, psicólogas,
trabajadoras sociales y personal directivo encontró
que la práctica deportiva ayuda a desarrollar
habilidades sociales, favorece la integración y
mejora el control emocional, aunque los
estereotipos de género todavía funcionan como
barrera; sus autores concluyeron que el deporte es
una vía efectiva para promover inclusión y reducir
la reincidencia (Sandoval & Alonso, 2023). En
cuanto a la formación docente, un programa de
capacitación continua orientado a la Educación
Física inclusiva, aplicado a dieciséis profesores en
ejercicio bajo un diseño pre-experimental con
medición antes y después, logró elevar de forma
notable la autoeficacia percibida por los docentes
para trabajar con estudiantado con discapacidad
intelectual, física y visual (Grassi et al., 2022).
En una universidad mexicana, ochenta y cinco
estudiantes de la Licenciatura en Cultura Física y
Deporte respondieron un instrumento sobre
percepción de inclusión educativa; la mayoría
consideró que el profesorado adaptaría su
metodología si fuera necesario y que la institución
ya cuenta con apoyos tecnológicos para el
seguimiento académico, un dato que sugiere que la
propia disciplina deportiva puede convertirse en
catalizador de procesos inclusivos (Salas et al.,
2024). Desde un enfoque más comunitario, una
investigación longitudinal desarrollada en la
Colonia Ciudad Natura, en Apodaca, Nuevo León
con 1.212 habitantes distribuidos entre un grupo de
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control y otro experimental demostró que, cuando
los programas deportivos son conducidos por
líderes de la propia comunidad, mejora
sensiblemente la percepción de seguridad en el
hogar, la escuela y los espacios recreativos, además
de reforzar la cohesión social y abrir alternativas
frente a la actividad delictiva (Espino et al., 2024).
Un análisis sociocrítico realizado en Chile,
que combinó un corpus documental de siete
instituciones con entrevistas a profesionales y
participantes, detectó tres relatos institucionales
recurrentes en torno al deporte escolar como algo
intrínsecamente positivo, como vehículo de salud y
como formador de buena ciudadanía que, si bien
transmiten valores deseables, tienden a repetir
ideales socioculturales sin someterlos a
cuestionamiento ético o político; de ahí que sus
autores propongan repensar el deporte también
como espacio de reflexión crítica (Úrzua & Águila,
2024). En Ecuador, un estudio de metodología
mixta dirigido a docentes de Educación Física de
nivel básico permitió construir una estrategia
didáctica para enseñar fútbol a estudiantes con
discapacidad intelectual leve, valorada por los
propios participantes como un recurso útil para su
integración (Poma et al., 2024).
En Durango, México, un estudio mixto de
corte correlacional y longitudinal aplicado a 385
personas de entre 8 y 20 años, halló mejoras
notables en la autoestima, en las relaciones
familiares y sociales, en el sentido de pertenencia y
en el disfrute de la vida asociadas a la práctica
constante de actividad física, junto con un
fortalecimiento de la cohesión del vecindario (Tapia
& Rodríguez, 2024). En Brasil, diecinueve
deportistas paralímpicos de bochas, baloncesto en
silla de ruedas y voleibol sentado, entrevistados en
Maringá, coincidieron en que el deporte mejora su
calidad de vida, aunque advirtieron que esa
inclusión suele quedar confinada a espacios y
personas con discapacidad, sin proyectarse
necesariamente hacia una inclusión social más
amplia (Solera et al., 2021). Por último, una
investigación que rastreó los desplazamientos de
3.282 participantes en cuatro programas de Ciclovía
Recreativa en Bogotá, Ciudad de México, Cali y
Santiago concluyó que, este tipo de iniciativas
puede favorecer la mezcla social en ciudades
marcadas por la segregación urbana, al acercar
físicamente a grupos de distinto nivel
socioeconómico, aunque con grados desiguales de
movilidad social entre una ciudad y otra (Mejía et
al., 2021).
Marco Teórico
Para explicar por qué el deporte practicado en
comunidad puede generar inclusión, resulta útil
recurrir a la teoría del capital social planteada por
Putnam (2000). Según este autor, las redes de
relación, la confianza mutua y las normas de
reciprocidad que surgen de la vida asociativa
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constituyen un recurso colectivo que fortalece la
cohesión y el funcionamiento de una comunidad.
Visto así, el deporte comunitario deja de ser solo
actividad física para convertirse en un mecanismo
que produce capital social; convoca periódicamente
a personas de orígenes distintos alrededor de un
mismo propósito, y ese encuentro repetido va
tejiendo vínculos de confianza que después se
trasladan a otros ámbitos de la vida colectiva.
El deporte comunitario puede entenderse
como el conjunto de prácticas físico-deportivas que
se organizan a escala local, apoyadas en la
participación voluntaria y en el tejido asociativo del
territorio, y cuyo fin va más allá del rendimiento
competitivo para apuntar al bienestar, la cohesión y
la inclusión de quienes participan (Coalter, 2017;
Schaillée et al., 2019).
Puede observarse a través de tres
dimensiones: la planificación y el diseño
participativo de los programas deportivos, su puesta
en marcha y gestión articulada con otros sectores de
la política pública, y la evaluación continua de sus
resultados (Ordoñez et al., 2023).
La inclusión social, encuentra respaldo en el
enfoque de las capacidades que desarrolló Sen
(1999), para este autor, el desarrollo humano no se
agota en la disponibilidad de bienes o ingresos, sino
que depende de la libertad efectiva de las personas
para elegir el tipo de vida que valoran. Bajo esta
lógica, la exclusión aparece cuando ciertos grupos
ven recortada su posibilidad de tomar parte en
actividades que la sociedad valora como puede serlo
la práctica deportiva, y esa restricción no siempre se
explica por falta de dinero, sino por barreras de
acceso, actitudinales o normativas que impiden
ejercer esa libertad en la práctica.
La inclusión social puede definirse como el
proceso a través del cual las personas en riesgo de
pobreza o exclusión amplían sus oportunidades y
logran acceder a los recursos que necesitan para
participar plenamente en la vida social, alcanzando
así niveles de bienestar equiparables a los de su
entorno (Ríos et al., 2009) Sus dimensiones
económico-laboral, formativa, sociosanitaria,
residencial, relacional, y de ciudadanía y
participación, cada una integrada por indicadores
observables que dan cuenta del grado de
participación de una persona en su comunidad
(Subirats, 2004).
Este vínculo entre deporte y gobierno local
también encuentra respaldo normativo en distintas
latitudes. A escala internacional, el Consejo de
Europa fijó, mediante la Carta Europea del Deporte
en su versión revisada adoptada por el Comité de
Ministros el 13 de octubre de 2021, una serie de
principios que orientan a los Estados a construir sus
políticas y su legislación deportiva sobre la base del
acceso universal, el buen gobierno, la igualdad de
género y la coordinación entre las autoridades de
deporte, educación, salud y servicios sociales, tanto
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a nivel central como regional y local (Consejo de
Europa, 2021).
Dentro del derecho comparado, España
renovó por completo su marco legal mediante la Ley
39/2022, vigente desde enero de 2023, que califica
la práctica deportiva como un derecho y como una
actividad esencial, e incorpora disposiciones
específicas para reducir la brecha social y de género
en el deporte, así como medidas orientadas a
favorecer su práctica por personas con discapacidad
(Jefatura del Estado español, 2022).
Chile, por su parte, define en su Ley N.º 19712
al deporte como un medio de desarrollo integral
orientado, entre otros fines, a la integración social y
al fortalecimiento comunitario, y obliga al Estado a
distribuir recursos con criterios de equidad que
faciliten el acceso de niños, adultos mayores,
escolares y personas con discapacidad (Ministerio
del Deporte de Chile, 2001).
En Colombia, la Ley 181 de 1995 dio origen
al Sistema Nacional del Deporte y fijó, entre sus
fines, el desarrollo de programas específicos de
educación física, deporte y recreación para personas
con discapacidad y sectores sociales de mayor
necesidad, junto con el derecho de la comunidad a
intervenir en el control de la gestión deportiva
estatal (Congreso de la República de Colombia,
1995).
En el Perú, la propia Constitución habilita a
las municipalidades, en su artículo 195°, a organizar
y normar servicios relacionados con la recreación y
el deporte, mientras que el artículo 73° de la Ley N.º
27972 Ley Orgánica de Municipalidades ubica esa
atribución dentro de los servicios públicos locales
(Congreso de la República del Perú, 1993, 2003a).
A esto se suma la Ley N.º 28036, que describe el
llamado deporte para todos como una actividad de
carácter promocional, participativo, preventivo y
recreativo que corresponde impulsar, entre otras
instancias, a los municipios del país (Congreso de la
República del Perú, 2003b).
Comparando estos cuatro marcos, se aprecia
un punto de encuentro claro; tanto el instrumento
europeo como las leyes de España, Chile, Colombia
y Perú reconocen al deporte como un derecho
asociado al bienestar colectivo y les asignan a los
gobiernos subnacionales un rol activo en su
promoción. Las diferencias, sin embargo, aparecen
en el grado de desarrollo normativo específico sobre
inclusión; mientras la legislación europea y la
española detallan medidas concretas de igualdad de
género y atención a la discapacidad dentro del
propio texto legal, la chilena y la colombiana
mencionan a las poblaciones vulnerables como
parte de sus objetivos generales sin mayor
desarrollo técnico, y la peruana, aun reconociendo
con claridad la competencia municipal, no llega a
establecer lineamientos específicos orientados a la
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inclusión. Esa omisión, sumada a la falta de
recursos, a la débil coordinación entre sectores y a
la escasa profesionalización de la gestión deportiva
municipal, termina reduciendo el margen real de
acción de los gobiernos locales pese a que la ley se
lo permite.
Metodología
Para responder a las preguntas planteadas se
optó por un diseño de revisión literaria, entendido
como un procedimiento riguroso y verificable para
localizar, valorar y sintetizar la evidencia disponible
sobre un tema. La búsqueda se llevó a cabo en
Scopus, ScienceDirect, SciELO, y PubMed,
apoyada además en buscadores académicos de
acceso abierto que sirvieron como verificación
cruzada, y se acotó a publicaciones del período
2021-2024. Para garantizar la relevancia y la calidad
de los estudios incluidos en la revisión, se
establecieron los siguientes criterios:
Criterios de inclusión
Publicaciones entre 2021 y 2024, estudios que
aborden de forma directa la relación entre política
deportiva y algún componente de la inclusión social,
y artículos científicos originales en español, inglés y
portugués, con el fin de abarcar las publicaciones
más relevantes de la región.
Criterios de exclusión
Publicaciones anteriores a 2021, para
mantener el enfoque en datos recientes y relevantes;
trabajos cuyo objeto de estudio no se vinculará de
forma directa con la gestión pública del deporte en
regiones fuera de América Latina, debido al
diferente contexto cultural y económico; artículos
de opinión sin una base empírica o metodológica
clara; y documentos que no estén disponibles en su
totalidad.
La recopilación de datos se realizó en varias
etapas para garantizar la exhaustividad y relevancia
de la información obtenida. La búsqueda inicial
consistió en consultar las bases de datos
mencionadas utilizando palabras clave como
«política pública deportiva», «deporte
comunitario», «inclusión social» y «gobierno local»
junto con sus equivalentes en inglés «sport public
policy», «community sport», «social inclusion» y
«local government».
Posteriormente, los estudios identificados
fueron sometidos a un proceso de selección
conforme a los criterios de inclusión y exclusión
establecidos. En una primera etapa, se analizaron los
títulos y resúmenes con el propósito de determinar
cuáles investigaciones cumplían con las
características requeridas. Luego, se realizó una
revisión detallada del texto completo de los estudios
preseleccionados, con la finalidad de verificar su
pertinencia y obtener la información necesaria para
el análisis. Como resultado de este proceso, se
seleccionaron finalmente 24 artículos científicos
(Hernández-Muñoz et al., 2022) (Ver Tabla 1).
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Base de datos
Año de publicación
Total
%
2021
2022
2023
2024
Scopus
1
2
3
5
11
46%
ScienceDirect
0
1
1
3
5
21 %
SciELO
0
1
1
2
4
17 %
PubMed
0
0
1
1
2
8 %
Otras fuentes indexadas
1
1
0
0
2
8 %
Total
2
5
6
11
24
100 %
Tabla 1. Distribución de artículos seleccionados
Nota: En la Tabla 1, observamos 11 estudios de la fuente de datos Scopus, 5 de la fuente ScienceDirect, 4 de la fuente SciELO,
2 de la fuente PubMed, y finalmente 2 de otras fuentes indexadas.
Resultados
De la síntesis de la literatura revisada se
desprenden cuatro hallazgos que atraviesan de
forma transversal a las políticas públicas deportivas
comunitarias y su relación con la inclusión social en
los gobiernos locales de la región.
El primero tiene que ver con la accesibilidad
física y económica a la infraestructura deportiva,
condición sin la cual difícilmente puede sostenerse
cualquier estrategia de inclusión; cuando las
instalaciones no están adaptadas y, además,
escasean los recursos y el respaldo institucional, la
participación de personas con discapacidad y de
otros grupos vulnerables se ve directamente
limitada (Pozo et al., 2023; Gallardo et al., 2024). El
segundo hallazgo apunta a la articulación
intersectorial entre gobiernos locales, sociedad civil,
sector educativo y sector salud, que aparece una y
otra vez en la literatura como el rasgo que distingue
a los programas de mayor impacto social de aquellos
de alcance más limitado; los procesos de
formulación de política deportiva que incorporan
desde el inicio la participación de los grupos de
interés tienden a responder mejor a las
particularidades de cada comunidad (Ordoñez et al.,
2023; Carter et al., 2023).
El tercer hallazgo revela que las barreras
actitudinales y de género persisten más allá de la
disponibilidad de infraestructura; el
desconocimiento, el rechazo y la falta de formación
específica tanto del profesorado como de los
gestores deportivos siguen condicionando la
inclusión efectiva de mujeres y personas con
discapacidad, incluso donde ya existe normativa
favorable (Donoso et al., 2022; Torres et al., 2023;
Campos et al., 2023). El cuarto hallazgo muestra
que, cuando los programas deportivos comunitarios
están bien diseñados y cuentan con liderazgo local,
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sus efectos trascienden lo estrictamente deportivo;
mejoran la percepción de seguridad, fortalecen la
cohesión social y elevan indicadores de bienestar
psicosocial en la población participante (Espino et
al., 2024; Tapia & Rodríguez, 2024; Sandoval &
Alonso, 2023; Mejía et al., 2021).
N.º
Título del artículo
Concepto/Aporte destacado
Contextualización
Autor
1
Programas de deporte
extraescolar y procesos de
inclusión social en contextos
culturalmente diversos: resultados
de un estudio multicaso
internacional
Cuando los programas
deportivos extraescolares se
apoyan en valores
socioeducativos y combinan
distintos métodos
pedagógicos, logran mejorar
las relaciones interculturales,
sobre todo si quienes los
dirigen ya tienen experiencia
en contextos multiculturales.
Estudio multicaso desarrollado en
España y Chile con 114 escolares,
56 de ellos migrantes, que
documentó avances en la
inclusión social dentro de
entornos culturalmente diversos.
(Carter et
al., 2023)
2
Deporte como vehículo de
desarrollo e inclusión social desde
la perspectiva de los gestores
El fútbol practicado en
comunidad refuerza la
integración social, mejora el
trabajo en equipo y fortalece el
sentido de pertenencia de
quienes participan.
Investigación etnográfica en
Colombia basada en entrevistas a
gestores y entrenadores de dos
organizaciones juveniles.
(Ponciano
& Portela,
2024)
3
Hacia la inclusión social a través
del deporte: el caso de un
programa educativo para menores
en conflicto con la ley
La práctica deportiva
desarrolla habilidades sociales,
mejora el control emocional y
favorece la integración de
menores infractores, aunque
los estereotipos de género
persisten como obstáculo.
Estudio fenomenológico en un
centro de medidas judiciales de
Murcia, España, con participación
de menores, educadores y
personal técnico.
(Sandoval
& Alonso,
2023)
4
Efecto de un programa deportivo
en la seguridad de una comunidad
vulnerable a través de líderes
comunitarios
Cuando los programas
deportivos son conducidos por
líderes de la propia comunidad,
mejora la percepción de
seguridad y se fortalece la
cohesión social en zonas
vulnerables.
Estudio longitudinal en Apodaca,
México, con 1212 habitantes
distribuidos en grupos de control
y experimental.
(Espino et
al., 2024)
5
Análisis crítico de los discursos en
torno a los programas de deporte
en edad escolar en Chile
Los discursos institucionales
sobre el deporte escolar
tienden a reproducir narrativas
poco cuestionadas, lo que
exige mayor reflexión
pedagógica y política.
Análisis documental de siete
instituciones chilenas,
complementado con entrevistas a
profesionales y participantes.
(Úrzua &
Águila,
2024)
6
Inclusión social y actividad física
en programas de Ciclovía
Recreativa en América Latina
Los programas de ciclovía
recreativa acercan físicamente
a grupos socioeconómicos
distintos en ciudades marcadas
por la segregación urbana.
Estudio comparativo con 3282
participantes en cuatro ciudades
latinoamericanas: Bogotá, Ciudad
de México, Cali y Santiago.
(Mejía et al.,
2021)
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7
Formulación de la política pública
del deporte y la actividad física,
desde el enfoque participativo en
un municipio colombiano
Diseñar la política deportiva
municipal de forma
participativa, incorporando a
los grupos de interés desde el
inicio, permite responder
mejor a las problemáticas
locales.
Estudio de caso sobre la
formulación de la política
deportiva en un municipio
colombiano.
(Ordoñez et
al., 2023)
8
Efecto de una intervención basada
en deportes paralímpicos sobre las
actitudes hacia la inclusión de
estudiantes con discapacidad en
clases de Educación Física
La intervención basada en
deportes paralímpicos mejora
las actitudes del estudiantado
hacia la inclusión de
compañeros con discapacidad.
Investigación aplicada en clases
de Educación Física en Chile,
donde la discapacidad afecta a un
porcentaje considerable de la
población escolar.
(Campos et
al., 2023)
9
La actividad física y su impacto en
la conducta social
La práctica constante de
actividad física se asocia con
mejoras en la autoestima, en
las relaciones familiares y
sociales, y en la cohesión del
vecindario.
Estudio con 385 participantes de
entre 8 y 20 años en Durango,
México.
(Tapia &
Rodríguez,
2024)
10
Percepciones de los atletas
paralímpicos sobre la inclusión
social a través del deporte
El deporte mejora la calidad de
vida de las personas con
discapacidad, aunque esa
inclusión suele quedar limitada
a espacios y personas con
discapacidad, sin extenderse a
la sociedad en general.
Estudio cualitativo con 19
deportistas paralímpicos de
bochas, baloncesto en silla de
ruedas y voleibol sentado en
Maringá, Brasil.
(Solera et
al., 2021)
Tabla 2. Resultados de la Investigación
Discusión
Toca poner en diálogo estos hallazgos con el
marco conceptual disponible sobre deporte,
inclusión social y gestión pública local, siguiendo el
orden de los objetivos planteados al inicio. Sobre el
objetivo general analizar cómo inciden las políticas
públicas deportivas comunitarias en la inclusión
social dentro de los gobiernos locales
latinoamericanos, los resultados apuntan a un efecto
positivo pero desparejo entre países y entre
programas, que depende más de la calidad del
diseño institucional que del monto de los recursos
destinados. Esta lectura coincide con lo que plantea
Coalter (2017), para quien buena parte de la
investigación sobre los efectos sociales del deporte
arrastra inconsistencias conceptuales y
metodológicas que dificultan saber con precisión
qué elementos de un programa explican realmente
sus resultados; de ahí que los gobiernos locales
necesiten fundamentar sus decisiones en evidencia
y no solo en la creencia genérica de que el deporte,
por sí mismo, produce inclusión.
En una línea similar, Schaillée et al., (2019)
sostienen que el deporte comunitario solo se traduce
en inclusión social cuando se piensa y diseña
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deliberadamente con ese propósito, atendiendo a las
necesidades particulares de cada grupo destinatario,
lo que coincide con lo encontrado en los estudios de
Ordoñez et al., (2023) y Carter et al., (2023)
comentados anteriormente.
En torno al primer objetivo específico los
factores que determinan la efectividad de estas
políticas, la evidencia revisada señala tres
condiciones especialmente determinantes: la
accesibilidad de la infraestructura, la capacitación
específica de quienes ejecutan los programas y su
continuidad en el tiempo. Esto conecta con la
definición clásica de inclusión social de Ríos et al.,
(2009), quienes la conciben como el proceso que
permite a las personas en riesgo de pobreza y
exclusión ampliar sus oportunidades y acceder a los
recursos necesarios para participar plenamente en la
vida social, alcanzando niveles de bienestar
equiparables a los de su entorno; desde esa mirada,
un programa deportivo por sí solo no garantiza
inclusión si no viene acompañado de condiciones
materiales y actitudinales que hagan posible la
participación real de los grupos vulnerables, algo
que confirman también Gallardo et al., (2024) y
Grassi et al., (2022).
Respecto del segundo objetivo específico la
articulación entre las políticas deportivas locales y
los objetivos de inclusión social en la región, se
observa que esa articulación sigue siendo incipiente
en la mayoría de los gobiernos locales
latinoamericanos. Los trabajos de Espino et al.,
(2024) y Mejía et al., (2021) muestran que, cuando
el deporte se coordina con estrategias de seguridad
ciudadana, salud pública o movilidad urbana, sus
efectos sociales se multiplican; sin embargo, esa
coordinación intersectorial suele depender más de la
voluntad de una gestión particular que de
mecanismos ya institucionalizados, lo que pone en
riesgo la continuidad de los avances de una
administración municipal a la siguiente.
Finalmente, en cuanto al tercer objetivo
específico las principales barreras para implementar
políticas deportivas inclusivas a nivel local, la
revisión identifica de manera recurrente tres tipos:
económicas (presupuesto insuficiente e
infraestructura deficiente), actitudinales
(desconocimiento y resistencia al cambio dentro de
la comunidad educativa y deportiva) y normativas
(marcos legales que reconocen el derecho al
deporte, pero sin mecanismos de exigibilidad ni
indicadores específicos de inclusión). En el caso
peruano, aunque la Constitución Política y la Ley
N.º 27972 reconocen sin ambigüedad la
competencia municipal en materia deportiva, y la
Ley N.º 28036 ubica al deporte para todos dentro de
las responsabilidades municipales (Congreso de la
República del Perú, 1993, 2003a, 2003b), la falta de
lineamientos técnicos orientados específicamente a
la inclusión social dentro de ese marco deja un vacío
que los gobiernos provinciales como los de la región
Cajamarca tienen que resolver con instrumentos de
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gestión propios, tales como ordenanzas y programas
municipales de desarrollo deportivo inclusivo.
Conclusiones
De lo expuesto a lo largo de este trabajo puede
concluirse, en primer término, que las políticas
públicas deportivas comunitarias sí inciden
positivamente en la inclusión social de los gobiernos
locales latinoamericanos, aunque de manera
desigual, y que ese impacto depende más de la
calidad del diseño institucional, de contar con
infraestructura accesible y de sostener los
programas en el tiempo, que del monto total de
recursos invertidos.
En segundo lugar, la efectividad de estas
políticas descansa principalmente en tres factores:
que los espacios deportivos sean física y
económicamente accesibles, que el profesorado y
los gestores deportivos reciban capacitación
específica para trabajar con poblaciones
vulnerables, y que los programas se mantengan más
allá de un único período de gestión municipal.
En tercer lugar, la conexión entre las políticas
deportivas locales y los objetivos de inclusión social
en la región sigue siendo débil, y mejora sobre todo
cuando el deporte se coordina de manera intencional
con otras áreas de la política pública seguridad
ciudadana, salud, desarrollo urbano y cuando su
diseño incorpora desde el inicio la participación
activa de la sociedad civil.
En cuarto lugar, las barreras más frecuentes
para implementar políticas deportivas inclusivas a
nivel local son de tipo económico, actitudinal y
normativo; en el Perú, si bien la competencia
municipal en materia deportiva está claramente
reconocida en la Constitución y en la legislación
específica, la ausencia de lineamientos técnicos
orientados a la inclusión social representa un vacío
que los gobiernos provinciales deben cubrir con sus
propios instrumentos de gestión.
Queda pendiente, para investigaciones
posteriores, profundizar mediante estudios
empíricos de diseño mixto en el diseño y la
evaluación de programas municipales de desarrollo
deportivo inclusivo en contextos provinciales
concretos como el de la región Cajamarca, de
manera que sus hallazgos puedan retroalimentar,
más adelante, el marco normativo nacional en
materia de deporte comunitario e inclusión social.
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