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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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PRECISIONES SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN PERÚ
DETAILS ON EXERCISING THE RIGHT OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION IN
PERU
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Aplicadas
Recibido: 25/07/2026
Aceptado: 28/08/2026
Publicado: 07/10/2026
Código Único AV: e845
Páginas: 1(1837-1862)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23282071
Autores:
Kelly Stephany Bastidas Romero
Abogada
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
https://orcid.org/0009-0007-6581-6122
E-mail: kbastidas@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Luis David Arriaga Huamani
Licenciado en Educación, especialidad en
Computación e Informática
Maestría en Gestión Pública
https://orcid.org/0000-0002-9610-8256
E-mail: larriagah@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Resumen
El estudio tuvo como objetivo evaluar críticamente la forma en que se
garantiza el derecho de acceso a la información pública en el Perú. Se
desarrolló una revisión sistemática de literatura con marco PICO y reporte
conforme a PRISMA 2020. La búsqueda comprendió publicaciones de
2021 a 2025 en Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc y Google
Scholar, e incorporó evidencia peruana y estudios comparados pertinentes.
Tras el proceso de selección se incluyeron 18 estudios en la síntesis
cualitativa. Los hallazgos muestran que la efectividad del derecho no
depende únicamente de su reconocimiento normativo, sino también de la
capacidad administrativa, la gestión documental, la interoperabilidad de
los sistemas, la motivación de las restricciones y la accesibilidad de los
mecanismos digitales. Se concluye que la garantía efectiva requiere
articular regulación, organización institucional, transparencia activa,
criterios interpretativos previsibles y mecanismos de control capaces de
reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y el ejercicio material
del derecho.
Palabras Clave
Acceso a la información, información pública,
transparencia, gobierno abierto, Perú.
Abstract
This study critically evaluated how the right of access to public information
is guaranteed in Peru. A systematic literature review was conducted using
the PICO framework and reported in accordance with PRISMA 2020. The
search covered publications from 2021 to 2025 in Scopus, Web of Science,
SciELO, Redalyc, and Google Scholar, incorporating Peruvian evidence
and relevant comparative studies. Eighteen studies were included in the
qualitative synthesis. The findings show that effectiveness depends not
only on legal recognition, but also on administrative capacity, records
management, system interoperability, reasoned application of exceptions,
and the accessibility of digital mechanisms. The study concludes that
effective protection requires coordinated regulation, institutional
organization, proactive transparency, predictable interpretive criteria, and
review mechanisms capable of narrowing the gap between formal
recognition and the practical exercise of the right.
Keywords
Access to information, public information,
transparency, open government, Peru.
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Introducción
El acceso a la información pública constituye
una condición institucional de la transparencia y del
control democrático. En el Perú, este derecho cuenta
con reconocimiento normativo y con un régimen
legal específico; sin embargo, la existencia de reglas
formales no elimina las dificultades que se
presentan durante su implementación
administrativa, circunstancia que incide en la
confianza ciudadana y en la capacidad de
fiscalización del poder público (OECD, 2024).
La efectividad del derecho presenta
dimensiones jurídicas, administrativas y
tecnológicas. Aunque el país dispone de portales
digitales y participa en iniciativas de gobierno
abierto, persisten desafíos vinculados con la calidad,
actualización, interoperabilidad y accesibilidad de
la información publicada (Open Government
Partnership, s. f.; EITI, 2025).
La relevancia del acceso oportuno a
información estatal también se advierte en ámbitos
sectoriales. En el sistema agrario peruano, por
ejemplo, la transferencia insuficiente de
información técnica limita la capacidad de los
productores para responder a riesgos climáticos y
adoptar decisiones informadas, lo que evidencia que
la disponibilidad de datos públicos puede tener
efectos materiales sobre políticas y servicios
(Blázquez-Soriano & Ramos-Sandoval, 2022).
El contexto institucional peruano refuerza la
necesidad de examinar este derecho como
mecanismo de rendición de cuentas. La percepción
de corrupción y las dificultades de transparencia
afectan la posibilidad de que ciudadanía y medios de
comunicación ejerzan una vigilancia informada
sobre la actuación estatal (Transparency
International, 2024).
Desde una perspectiva jurídica, el acceso a la
información pública se integra al sistema de
garantías constitucionales y se desarrolla mediante
la Ley N.º 27806 y su normativa complementaria.
Su contenido comprende la facultad de solicitar y
obtener información que obre en poder de las
entidades públicas, con sujeción a las excepciones
expresamente previstas por el ordenamiento.
La comparación regional permite identificar
problemas comunes y respuestas institucionales
diferenciadas. En Ecuador, el acceso a la
información ha sido examinado en relación con la
tutela constitucional y los mecanismos de
reparación frente a su vulneración, lo que aporta un
parámetro útil para el contraste con el régimen
peruano (Zúñiga & Izurieta, 2023).
En el caso peruano, el artículo 7 del Texto
Único Ordenado de la Ley N.º 27806 reconoce la
legitimación de toda persona para solicitar
información pública sin necesidad de expresar
causa. El análisis contemporáneo también ha
advertido que el ejercicio del derecho exige
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delimitar adecuadamente sus alcances y evitar
interpretaciones que desnaturalicen su finalidad
(Salazar Pedemonte, 2024).
La garantía no se agota en reconocer la
posibilidad de formular una solicitud. Comprende
también el deber de tramitarla dentro de los plazos
legales, entregar información completa cuando
corresponda y motivar de manera suficiente
cualquier restricción, sin perjuicio de las
responsabilidades que puedan derivarse del
incumplimiento del régimen de transparencia.
El estudio resulta pertinente porque examina
la distancia entre reconocimiento normativo y
garantía efectiva en un contexto latinoamericano
caracterizado por desafíos de confianza
institucional. La experiencia peruana, contrastada
con evidencia comparada, permite identificar
condiciones administrativas y tecnológicas
vinculadas con el cumplimiento del ODS 16 y con
estándares regionales de acceso a la información.
Pese a los avances regulatorios y a la
expansión de mecanismos digitales, continúan
registrándose problemas relacionados con demoras,
información incompleta, débil articulación
interinstitucional y prácticas administrativas poco
orientadas a la transparencia (OECD, 2024; Open
Government Partnership, s. f.).
A partir de esta problemática se formuló la
pregunta de investigación: ¿cómo se garantiza el
derecho de acceso a la información pública en el
Perú? El objetivo consistió en evaluar críticamente
la evidencia disponible para determinar los
mecanismos que sustentan dicha garantía y las
condiciones que afectan su efectividad.
El derecho de acceso a la información pública
mantiene una estrecha relación con la libertad de
expresión y con la posibilidad de que las personas
busquen, reciban y utilicen información producida o
custodiada por las instituciones estatales. Su
reconocimiento posee una función instrumental para
la transparencia, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas, en la medida en que permite
reducir asimetrías de información entre la
Administración y quienes se encuentran legitimados
para fiscalizar su actuación (UNESCO, 2021).
Mendel (2024) sostiene que la protección del
derecho no debe limitarse a responder solicitudes
individuales, sino que debe complementarse con
políticas de divulgación proactiva y con
herramientas digitales que faciliten el acceso a
información de interés público. Esta perspectiva
desplaza el análisis desde una lógica estrictamente
reactiva hacia un modelo de transparencia sostenida.
La literatura comparada muestra que la
eficacia del acceso depende de la articulación entre
normas, capacidades institucionales y mecanismos
de control. En materia ambiental, el Acuerdo de
Escazú ha reforzado el estándar regional relativo al
acceso a la información y a la participación,
poniendo de relieve el deber estatal de establecer
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procedimientos funcionales y accesibles (Morales,
2021).
La sola existencia de una regulación de
transparencia no garantiza su aplicación efectiva.
Pérez & Henninger (2022), al examinar el marco del
derecho a la información en Filipinas, identifican
dificultades de implementación que permiten
distinguir entre reconocimiento jurídico y
condiciones reales de ejercicio.
En Bélgica, Mabillard et al., (2025)
identifican barreras de cumplimiento en el ámbito
municipal asociadas, entre otros factores, a
restricciones de recursos y desconocimiento de la
información solicitada. Mojapelo (2024), desde el
contexto sudafricano, propone un marco de
implementación que destaca la relevancia de la
voluntad institucional, la gestión documental y
reglas claras para la efectividad del acceso.
Las investigaciones sobre gobierno abierto
también subrayan el papel de la infraestructura
digital y de la confianza en la información pública.
Fernandez & Singaravelloo (2023) examinan la
accesibilidad de la información en Malasia y
resaltan la utilidad de plataformas institucionales
comprensibles y funcionales. Mensah et al., (2023),
por su parte, muestran que la percepción de
transparencia gubernamental puede incidir en la
adopción de información pública difundida
mediante redes sociales.
En India, Singh & Chauhan (2023) analizan
los efectos administrativos del derecho a la
información y señalan avances en participación
junto con dificultades procedimentales. Ramasamy
(2022) vincula la normativa de libertad de
información con la rendición de cuentas y el control
de la corrupción, destacando que su impacto
depende de las condiciones de implementación y
supervisión institucional.
Liambomba (2023) aborda el acceso a la
información pública desde su conexión con los
derechos humanos, la transparencia y la buena
gobernanza, y destaca la incidencia de las prácticas
institucionales, la participación ciudadana y la
libertad de expresión sobre su efectividad.
En el Perú, la Ley N.º 27806 y sus
modificaciones proporcionan el marco normativo
básico; no obstante, la evidencia reciente sugiere
que los mecanismos formales no siempre producen
resultados homogéneos en la práctica (OECD,
2024). La investigación sobre transferencia de
información en el sector agrario ilustra, además, que
las deficiencias de circulación de información
pública pueden incidir en la capacidad de respuesta
frente al cambio climático (Blázquez-Soriano &
Ramos-Sandoval, 2022).
Los informes de la Alianza para el Gobierno
Abierto, finalmente, muestran avances parciales en
materia de datos abiertos y señalan la necesidad de
fortalecer interoperabilidad, seguimiento y
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cumplimiento de los compromisos asumidos (Open
Government Partnership, s. f.).
Metodología
Se realizó una revisión sistemática de la
literatura orientada a responder la pregunta: ¿cómo
se garantiza el derecho de acceso a la información
pública en el Perú? Para estructurarla se empleó el
marco PICO, adaptado al análisis jurídico-
institucional: P = ámbito normativo y práctica del
acceso a la información en el Perú; I = mecanismos
normativos, administrativos, institucionales y
jurisprudenciales de garantía; C = estándares
internacionales y experiencias comparadas; O =
condiciones de efectividad, expresadas en
cumplimiento normativo, respuesta administrativa,
acceso material y mecanismos de revisión. Esta
adaptación permitió convertir la pregunta jurídica
en componentes de búsqueda explícitos y
reproducibles (Schardt et al., 2007).
El proceso de identificación, cribado,
elegibilidad e inclusión se reportó conforme a
PRISMA 2020 (Page et al., 2021). La revisión
combinó evidencia académica con documentos
institucionales y normativos relevantes,
diferenciando estos últimos de los estudios
incluidos en la síntesis cualitativa.
Las fuentes bibliográficas fueron Scopus,
Web of Science, SciELO, Redalyc y Google
Scholar. La ventana temporal comprendió
publicaciones de 2021 a 2025, inclusive, en español
o inglés. Para el componente normativo peruano se
examinaron la Ley N.º 27806, su Texto Único
Ordenado, el Reglamento vigente y documentos
institucionales vinculados con transparencia y
acceso a la información.
La estrategia se armonizó mediante los
descriptores “access to public information”, “right
to information”, “freedom of information”, “acceso
a la información pública”, “derecho de acceso a la
información” y términos asociados a transparencia,
Perú y gobierno abierto. En Scopus se utilizó:
TITLE-ABS-KEY ("access to public information"
OR "right to information" OR "freedom of
information" OR "acceso a la información pública"
OR "derecho de acceso a la información") AND
PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2026, con
filtros de idioma español/inglés y tipo artículo. En
Web of Science se aplicó la búsqueda temática
equivalente, TS=(...), con PY=2021-2025 y filtro de
idioma. En SciELO y Redalyc se emplearon las
mismas expresiones en título, resumen y palabras
clave, delimitando manualmente el período 2021-
2025. En Google Scholar se realizaron búsquedas
combinadas en español e inglés con rango
personalizado 2021-2025, incorporando los
términos Perú, transparency y open government
para aumentar la pertinencia.
Se incluyeron: a) artículos académicos y
revisiones publicados entre 2021 y 2025 que
analizaran directamente el acceso a la información
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pública, la libertad de información o la transparencia
institucional; b) estudios referidos al Perú; y c)
investigaciones de otros ordenamientos cuando
aportaran evidencia comparativa sobre
implementación, límites, capacidades
institucionales, gestión documental, plataformas
digitales o mecanismos de control susceptibles de
contrastarse con el caso peruano. Se excluyeron
libros no arbitrados, capítulos sin revisión por pares,
tesis no publicadas, documentos sin acceso
verificable, duplicados y trabajos en los que el
acceso a la información apareciera únicamente de
manera tangencial. Esta delimitación explica la
incorporación de estudios de España, Polonia,
Brasil, México, Ecuador y otros países como
componente comparado de la revisión.
La selección fue realizada en etapas. Primero
se depuraron los duplicados; luego se revisaron
títulos y resúmenes conforme a los criterios de
elegibilidad; finalmente se efectuó la lectura a texto
completo. Los registros preseleccionados fueron
examinados por dos revisores y las discrepancias se
resolvieron mediante contraste de criterios y,
cuando fue necesario, intervención de un tercer
revisor.
La calidad metodológica se valoró mediante
una matriz aplicada a cada estudio incluido, con
cinco dimensiones: claridad del objetivo;
congruencia entre objetivo, fuentes y diseño;
trazabilidad del corpus o de los datos analizados;
suficiencia del procedimiento de análisis; y
pertinencia de los hallazgos para la pregunta de
revisión. Cada dimensión se calificó de 0 a 2 puntos
(0 = insuficiente, 1 = parcialmente descrita, 2 =
adecuadamente descrita), con un máximo de 10. Se
consideraron de calidad alta los estudios con 7–10
puntos, moderada los de 5–6 y baja los inferiores a
5. En estudios doctrinales, la congruencia y
trazabilidad se valoraron respecto de la
identificación y tratamiento de fuentes normativas o
jurisprudenciales; en estudios empíricos, respecto
del diseño, corpus, muestra y procedimiento
analítico. Los estudios de calidad baja no fueron
incorporados a la síntesis.
La extracción se efectuó en una matriz que
registró autoría, año, país o contexto, fuente,
objetivo, metodología o diseño, hallazgos
vinculados con la garantía del derecho y
recomendaciones. Esta matriz permitió separar la
evidencia descriptiva de los elementos utilizados
para el análisis comparado.
La síntesis fue narrativa y temática. Los
hallazgos se organizaron en dimensiones relativas a
capacidad administrativa, gestión documental,
interpretación de excepciones, transparencia activa,
transformación digital, cultura institucional y
mecanismos de control. La evidencia normativa e
institucional peruana se utilizó para contextualizar y
contrastar los resultados de los estudios académicos,
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sin contabilizarla como artículo incluido en el
corpus sistemático.
Resultados
La revisión examinó el Derecho de Acceso a
la Información Pública (DAIP) en el Perú y en
experiencias comparadas publicadas entre 2021 y
2025. En el plano nacional, el marco reglamentario
y los informes institucionales permiten observar una
progresiva especificación de procedimientos y
obligaciones; en el plano comparado, los estudios
incluidos muestran que la efectividad del acceso
depende de capacidades administrativas, reglas de
aplicación y mecanismos de revisión, además de la
existencia de una ley de transparencia.
Los estudios seleccionados permiten
identificar dimensiones recurrentes: organización
interna de las entidades, gestión y recuperación
documental, aplicación de excepciones,
transparencia activa, uso de plataformas digitales,
competencias de los servidores y acceso material de
la ciudadanía. La comparación evidencia que la
digitalización contribuye a la transparencia cuando
se acompaña de procedimientos interoperables,
información actualizada y condiciones
institucionales capaces de sostener el cumplimiento.
El proceso de selección se documentó
mediante el flujograma PRISMA. Se identificaron
385 registros; después de eliminar 204 duplicados
quedaron 181 para cribado. En la revisión de títulos
y resúmenes se excluyeron 66 registros, por lo que
115 informes fueron evaluados a texto completo. En
esta etapa se excluyeron 97 por incumplir los
criterios de elegibilidad, principalmente por falta de
relación directa con el acceso a la información
pública, período no pertinente o insuficiente
trazabilidad metodológica. La síntesis cualitativa
quedó integrada por 18 estudios.
Figura 1. Flujograma PRISMA de selección de estudios
(2021–2025)
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Autor(es)/Año
País / Fuente
Resultado
Metodología/Diseño
Villar-Campos, A. J.
(2025)
Perú / Revista
Española de la
Transparencia
Evidencia que el acceso a información es
herramienta clave del periodismo investigativo en
crisis políticas (Perú 2021–2022), con uso efectivo
de solicitudes en programas dominicales.
Estudio empírico
con análisis de
casos/documentos.
Rams Ramos, L.
(2024)
España / Cuadernos
de Derecho Local
Identifica cumplimiento irregular y retos en la
respuesta a solicitudes durante la gestión local de
fondos NextGenerationEU; enfatiza trazabilidad y
publicidad activa.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Carranza, G. G.
(2024)
México / Revista de
Estudios Políticos
Muestra tensiones entre ‘máxima publicidad’ y
reserva: el régimen de información clasificada en
México genera zonas de opacidad frente al estándar
español.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Zawacka-Klonowska,
D. (2024)
Polonia / Studia
Iuridica Toruniensia
Confirma que, en sentido funcional, órganos de la
administración están obligados a proporcionar
información pública conforme a la ley polaca.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Tomaszewska, K.
(2024a)
Polonia / Krytyka
Prawa
Cuestiona la compatibilidad de la comisión sobre
influencia rusa con el derecho universal a la
información; advierte riesgo de restricciones
injustificadas.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
González-Juliana
Muñoz, Á. (2024)
España / Anuario de
la Facultad de
Derecho.
Universidad de
Extremadura
Aclara alcances de transparencia sobre identidad de
asistentes parlamentarios, ponderando protección de
datos e interés público.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Pereira, W. B., &
Leandro da Mata, M.
(2024)
Brasil / Encontros
Bibli
Muestra variabilidad en decisiones de la plataforma
Fala.BR ante solicitudes; la competencia
informacional incide en calidad de gestión y acceso
percibido.
Estudio empírico
con análisis de
casos/documentos.
Tomaszewska, K.
(2024b)
Polonia / Prawo i
Więź
Sistematiza reglas procedimentales para acceso y
reuso de información del sector público (ley de
11/08/2021), destacando aspectos subjetivos del
procedimiento.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Marques et al.,
(2022)
Brasil / AtoZ
Evidencia que la apertura de datos en institutos
federales potencia transparencia y control social;
identifica temas prioritarios sugeridos por la CGU.
Estudio empírico
con análisis de
casos/documentos.
Negro Alvarado, D.
M. (2022)
América Latina /
Revista Electrónica
Iberoamericana
Delimita el alcance del derecho de acceso en
Latinoamérica desde el derecho internacional,
precisando elementos conceptuales y efectos
internos.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Valenzuela-Mendoza
et al., (2021)
México / Estudios en
Derecho a la
Información
Identifica retos de las unidades de transparencia en
Coahuila (capacitación, cargas de trabajo, criterios
de clasificación), pese a avances normativos.
Estudio empírico
con análisis de
casos/documentos.
López López et al.,
(2021)
España / Revista
Española de la
Transparencia
Evidencia institucionalización débil de la
transparencia en ayuntamientos españoles y brechas
entre norma y práctica desde la Ley 19/2013.
Estudio empírico
con análisis de
casos/documentos.
Skoczylas, D. (2021)
Polonia / Forum
Prawnicze
Subraya el deber de formular solicitudes de
información pública de forma precisa y clara según
doctrina del Tribunal Supremo Administrativo.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
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1(1847)
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Bielecki, M. (2021)
Polonia / Studia z
Prawa
Wyznaniowego
Sostiene la obligación de entidades eclesiásticas de
brindar información pública cuando gestionan
cementerios, conforme sentencia de 04/12/2020.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Rosa & Moro Cabero
(2021)
Brasil-España /
Ciência da
Informação
Mapea la producción científica Brasil‑España sobre
acceso a información pública (2009–2019),
mostrando crecimiento y áreas temáticas recurrentes.
Estudio empírico
con análisis de
casos/documentos.
Badowski, M. (2022)
Polonia / Prawo i
Więź
Detecta problemas prácticos y necesidades de
capacitación en gobiernos locales; alerta sobre usos
abusivos del derecho de acceso.
Estudio empírico
basado en encuesta y
análisis jurídico.
Encarnación Ordoñez
et al., (2021)
Ecuador / Revista
Eurolatinoamericana
de Derecho
Administrativo
Describe el marco jurídico de gobierno electrónico
en Ecuador y su vínculo con participación ciudadana
y acceso a información.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Nosarzewski, Ł.
(2021)
Polonia / Krytyka
Prawa
Presenta perspectivas de reforma en Polonia sobre
acceso y reutilización de información pública;
propone direcciones de cambio normativo.
Estudio
doctrinal/analítico de
fuentes normativas y
jurisprudenciales.
Tabla 1. Artículos incluidos en la revisión sistemática
Dimensiones recurrentes en la efectividad del
derecho de acceso a la información pública
La lectura transversal de los documentos
seleccionados permitió advertir que las dificultades
asociadas al ejercicio del derecho de acceso a la
información pública no responden a una sola causa.
Los estudios examinados muestran, con diferentes
intensidades y según el contexto institucional
analizado, la concurrencia de factores normativos,
administrativos, tecnológicos y culturales. Esta
constatación resulta relevante porque impide reducir
el problema a la existencia o inexistencia de
legislación sobre transparencia. En los sistemas
examinados, la regulación constituye el punto de
partida, pero su capacidad para producir resultados
depende de las condiciones institucionales dentro de
las cuales debe aplicarse.
Una primera dimensión identificada se
encuentra vinculada con la capacidad administrativa
de las entidades obligadas. Las investigaciones que
examinan experiencias locales muestran que la
oportunidad y calidad de las respuestas dependen,
en buena medida, de la organización interna, de la
delimitación de responsabilidades y de la
preparación de los servidores que intervienen en la
localización, clasificación y entrega de la
información. Esta situación resulta particularmente
visible cuando las solicitudes requieren información
proveniente de distintas dependencias o archivos
institucionales. En tales casos, una regulación
formalmente adecuada puede perder eficacia
cuando la entidad carece de procedimientos internos
capaces de ubicar la documentación solicitada
dentro de los plazos establecidos.
La revisión muestra, además, que la gestión
documental constituye una condición material del
derecho. No puede garantizarse adecuadamente el
acceso cuando la propia Administración desconoce
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qué información conserva, dónde se encuentra o
bajo qué criterios ha sido archivada. El derecho del
ciudadano a solicitar información presupone, por
consiguiente, una obligación administrativa
anterior: producir, conservar, ordenar y mantener
disponible aquella documentación generada en el
ejercicio de las funciones públicas. Desde esta
perspectiva, transparencia y gestión documental
aparecen estrechamente relacionadas. La ausencia
de archivos organizados no constituye solamente
una deficiencia administrativa interna, pues termina
proyectándose sobre la posibilidad real de ejercicio
de un derecho reconocido jurídicamente.
La segunda dimensión corresponde a la
interpretación de las excepciones al principio de
publicidad. Los estudios jurídicos incluidos en la
revisión evidencian que una parte importante de las
controversias surge precisamente al determinar
cuándo resulta legítimo restringir el acceso. La
tensión entre publicidad y reserva aparece en
diversos ordenamientos y adquiere especial
importancia cuando la información solicitada puede
involucrar datos personales, intereses de seguridad,
procedimientos internos o información sometida a
algún régimen de protección especial. Los hallazgos
permiten apreciar que la sola enumeración
normativa de excepciones no elimina el problema
interpretativo. La efectividad del derecho requiere
que dichas restricciones sean aplicadas de manera
excepcional, razonada y suficientemente motivada,
evitando que la categoría de información reservada
se transforme en una respuesta administrativa
ordinaria frente a solicitudes incómodas o
complejas.
Esta cuestión guarda relación con el principio
de máxima publicidad. En la lógica del derecho de
acceso, la regla consiste en permitir el conocimiento
de la información que posee la Administración,
mientras que la limitación exige una justificación
específica. De los estudios revisados se desprende
que los sistemas en los que existen criterios
administrativos y jurisprudenciales relativamente
estables ofrecen mayores condiciones de
previsibilidad tanto para el solicitante como para la
entidad requerida. La claridad interpretativa reduce
el margen para respuestas contradictorias y permite
que situaciones semejantes reciban un tratamiento
institucional semejante.
Una tercera dimensión identificada es la
transformación digital de la transparencia pública.
Los trabajos relacionados con plataformas
electrónicas y datos abiertos muestran que la
tecnología ha modificado de manera significativa la
forma de interacción entre ciudadanía y
Administración. La posibilidad de formular
solicitudes por medios electrónicos, efectuar
seguimiento de su estado o consultar información
previamente publicada disminuye costos y facilita el
acceso, especialmente cuando el ciudadano se
encuentra geográficamente distante de la entidad
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pública. Sin embargo, los resultados revisados
también descartan que la digitalización sea
suficiente por sí misma para garantizar el derecho.
Una plataforma puede encontrarse
formalmente disponible y, pese a ello, presentar
información desactualizada, archivos de difícil
consulta, procedimientos poco intuitivos o
contenidos que no permiten al ciudadano identificar
aquello que necesita. La accesibilidad tecnológica,
por tanto, debe diferenciarse de la accesibilidad
jurídica y material de la información. Publicar
documentos no significa necesariamente hacerlos
comprensibles ni convertirlos en información
efectivamente utilizable. Esta distinción adquiere
particular importancia en contextos caracterizados
por desigualdades en conectividad y alfabetización
digital.
A ello se añade una cuarta dimensión: la
transparencia como práctica institucional. La
literatura examinada permite reconocer que las
diferencias entre sistemas no dependen únicamente
del contenido de sus leyes. También interviene la
forma en que las propias instituciones conciben la
información que producen. Cuando predomina una
cultura administrativa orientada a la reserva, el
requerimiento ciudadano puede ser tratado como
una carga adicional o como una forma de
fiscalización externa que genera resistencia. En
cambio, cuando la publicidad se incorpora como
criterio ordinario del funcionamiento institucional,
la atención de las solicitudes se integra a las
responsabilidades habituales de la entidad y no se
concibe como una obligación extraordinaria.
Esta diferencia permite comprender por qué
ordenamientos con regulaciones semejantes pueden
presentar grados distintos de efectividad. La
existencia de una ley de transparencia determina
obligaciones jurídicas, pero su aplicación cotidiana
depende de rutinas, capacidades y criterios
institucionales que se desarrollan dentro de cada
organización. En consecuencia, la cultura
administrativa constituye una variable relevante
para interpretar la distancia que todavía puede
observarse entre el reconocimiento formal del
derecho y la experiencia concreta de quienes
intentan ejercerlo.
Finalmente, la evidencia revisada relaciona el
acceso a la información con el control ciudadano y
la rendición de cuentas. La información pública
adquiere utilidad democrática cuando permite
conocer cómo se adoptan decisiones, cómo se
emplean recursos públicos o cuáles son las razones
que justifican una determinada actuación estatal.
Por ello, su importancia no se agota en la
satisfacción individual del solicitante. La
posibilidad de acceder a datos estatales reduce las
asimetrías informativas existentes entre
Administración y ciudadanía y crea condiciones
para una fiscalización social más informada.
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En conjunto, estas dimensiones permiten
sistematizar los hallazgos de la revisión en una
secuencia explicativa: la norma reconoce el
derecho; la organización administrativa determina
las condiciones de cumplimiento; la gestión
documental posibilita localizar la información; los
criterios interpretativos delimitan legítimamente su
publicidad o reserva; la infraestructura tecnológica
facilita su acceso; y la cultura institucional influye
finalmente en la manera en que cada una de estas
condiciones funciona en la práctica. La efectividad
del derecho depende, por ello, de la articulación de
todos estos componentes y no exclusivamente del
perfeccionamiento legislativo.
El análisis integral de la evidencia permite
sostener que el derecho de acceso a la información
pública en el Perú dispone de un marco normativo
relevante, pero su materialización continúa
condicionada por la capacidad de las entidades para
aplicarlo de manera regular. Los estudios revisados
convergen en que la distancia entre norma y práctica
se vincula con deficiencias organizativas, gestión
documental insuficiente, capacitación desigual y
culturas administrativas que todavía pueden
privilegiar la reserva frente a la publicidad.
Aunque la Ley N.º 27806 y su normativa de
desarrollo establecen deberes, plazos y
procedimientos, la eficacia de esas previsiones
depende de su ejecución. Las demoras
injustificadas, las respuestas parciales y la
aplicación extensiva de excepciones reducen la
utilidad del derecho como instrumento de control y
afectan la previsibilidad de la actuación
administrativa.
La transparencia activa presenta una
problemática semejante. Los Portales de
Transparencia Estándar y otros mecanismos de
publicación permiten ampliar el acceso sin
necesidad de solicitud previa, pero su utilidad
disminuye cuando la información no se actualiza, se
presenta bajo formatos heterogéneos o carece de
interoperabilidad. Estas dificultades adquieren
especial relevancia para personas con menor
conectividad o competencias digitales, porque
pueden profundizar desigualdades en el ejercicio
material del derecho.
El contraste internacional refuerza esta
interpretación. Los ordenamientos que muestran
mejores condiciones de acceso no se caracterizan
únicamente por disponer de normas formales, sino
también por contar con capacidades institucionales,
sistemas de gestión documental y prácticas
administrativas orientadas a la apertura. La
tecnología funciona como facilitador cuando se
integra a estas condiciones; de lo contrario, puede
reproducir deficiencias preexistentes bajo un canal
distinto.
Desde el punto de vista metodológico, la
revisión sistemática permitió identificar patrones,
divergencias y vacíos relevantes. La aplicación de
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PRISMA aportó trazabilidad al proceso de
selección, mientras que la incorporación de estudios
provenientes de distintos contextos jurídicos hizo
posible analizar el acceso a la información como una
garantía institucional multidimensional,
condicionada por factores normativos,
organizativos, tecnológicos y culturales.
En conjunto, los hallazgos describen un
sistema peruano en proceso de consolidación. Los
avances normativos y digitales son relevantes, pero
su impacto se encuentra limitado cuando no existe
una correspondencia suficiente con la gestión
interna de las entidades. La mejora de la garantía
exige, por ello, no solo ajustes regulatorios, sino
también fortalecimiento administrativo, gestión
documental adecuada, capacitación y una cultura
institucional que trate la publicidad como regla
ordinaria de actuación.
Discusión
El corpus final estuvo integrado por dieciocho
estudios publicados entre 2021 y 2025 y respondió
deliberadamente a un diseño comparado. Junto con
trabajos referidos al Perú se incorporaron
investigaciones de España, Polonia, Brasil, México,
Ecuador y otros contextos, seleccionadas por su
capacidad para aportar evidencia sobre
implementación, excepciones, organización
administrativa, gestión documental y digitalización.
Esta diversidad territorial permite contrastar
mecanismos institucionales sin asumir que las
soluciones extranjeras sean automáticamente
trasladables al ordenamiento peruano.
La distribución temporal muestra continuidad
del interés académico durante el quinquenio
analizado, con una mayor presencia de
publicaciones en los extremos inicial y reciente del
período. Más que inferir una tendencia causal a
partir del número de trabajos por año, la revisión
permite advertir que la agenda se ha desplazado
progresivamente desde el reconocimiento
normativo hacia problemas de implementación,
datos abiertos, plataformas digitales, límites a la
publicidad y capacidades institucionales.
Desde el punto de vista metodológico, el
corpus reúne estudios doctrinales y normativo-
jurisprudenciales, investigaciones empíricas y
análisis de casos. Esta heterogeneidad resulta útil
para una pregunta jurídico-institucional: los trabajos
doctrinales delimitan contenido y restricciones del
derecho; los estudios empíricos muestran cómo
operan los mecanismos de acceso; y los análisis
jurisprudenciales permiten observar los criterios con
los que se resuelven controversias concretas.
Las investigaciones españolas se concentran
en transparencia local, publicidad activa y conflictos
entre acceso y protección de otros intereses. Los
trabajos polacos examinan, entre otras materias, la
precisión de las solicitudes, los sujetos obligados y
la interpretación judicial del deber de informar. En
Brasil, los estudios sobre datos abiertos y la
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plataforma Fala.BR permiten analizar la relación
entre infraestructura digital, competencia
informacional y experiencia del usuario; mientras
que la evidencia mexicana aporta elementos sobre
unidades de transparencia, clasificación y máxima
publicidad.
Los aportes latinoamericanos y europeos,
considerados de forma conjunta, muestran que el
acceso a la información se relaciona estrechamente
con gobierno abierto, participación, rendición de
cuentas y capacidad estatal. El valor del análisis
comparado radica en identificar factores recurrentes
de efectividad y no en homogeneizar ordenamientos
con estructuras jurídicas distintas.
Los resultados obtenidos en la presente
investigación permiten profundizar en la
comprensión del derecho de acceso a la información
pública no solo como una garantía normativa, sino
como un fenómeno institucional complejo cuya
efectividad depende, en gran medida, de la
coherencia entre el diseño jurídico y las prácticas
administrativas que lo concretan. En este sentido,
los hallazgos confirman que el principal desafío del
modelo peruano no reside en la ausencia de
regulación, sino en la debilidad de su
implementación, lo cual coincide con las
observaciones realizadas en diversos contextos
comparados donde la sola existencia de leyes de
transparencia no ha sido suficiente para consolidar
una cultura efectiva de apertura gubernamental.
Desde una perspectiva institucional, la
distancia entre reconocimiento normativo y
aplicación efectiva puede explicarse por la
capacidad del Estado para transformar el deber de
transparencia en rutinas administrativas
verificables. Cuando la atención de solicitudes es
tardía, fragmentaria o inconsistente, se debilitan
simultáneamente la fiscalización social, la rendición
de cuentas y la confianza en la actuación pública. En
el caso peruano, las demoras, respuestas
incompletas y barreras procedimentales
identificadas muestran que la protección formal del
derecho requiere condiciones de implementación
capaces de hacer operativo el principio de
publicidad.
La transformación digital constituye un
instrumento relevante para ampliar el acceso, pero
sus efectos no son automáticos. La evidencia
examinada indica que la digitalización produce
mejores resultados cuando se acompaña de
reorganización administrativa, capacitación
continua, interoperabilidad y mecanismos internos
de seguimiento. En ausencia de estas condiciones,
una plataforma electrónica puede reproducir
deficiencias burocráticas preexistentes sin
modificar sustancialmente la calidad de la respuesta
ni la relación entre el Estado y la ciudadanía.
El análisis comparado permite advertir que los
sistemas con mejores niveles de efectividad
combinan regulación con capacidades
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institucionales estables. La estandarización de
procedimientos, la consolidación de criterios
administrativos y jurisprudenciales y la existencia
de mecanismos especializados de supervisión
reducen la discrecionalidad y favorecen respuestas
oportunas, completas y comprensibles. Este
hallazgo resulta pertinente para el Perú, donde la
predictibilidad de la actuación administrativa y la
uniformidad interpretativa siguen siendo
condiciones necesarias para reforzar la seguridad
jurídica en materia de acceso a la información.
La discusión confirma que el acceso a la
información pública cumple una función transversal
en la gobernanza democrática, pues facilita el
control ciudadano, reduce asimetrías informativas y
mejora las condiciones para una deliberación
pública fundada. Cuando el acceso es oportuno y
comprensible, se fortalecen los mecanismos
sociales de fiscalización y la interacción entre
ciudadanía y Estado; cuando existen barreras
persistentes, aumentan la desconfianza institucional
y la percepción de opacidad en la toma de decisiones
públicas.
Los hallazgos permiten sostener que la
consolidación del derecho de acceso a la
información pública en el Perú exige una estrategia
integral que trascienda la producción normativa. El
fortalecimiento de capacidades administrativas, la
modernización de la gestión documental, la
accesibilidad de las plataformas digitales, la
capacitación de los servidores y la incorporación de
la transparencia como criterio ordinario de
actuación institucional constituyen componentes
complementarios. La articulación de estas medidas
es necesaria para aproximar la garantía jurídica del
derecho a sus condiciones reales de ejercicio.
De la garantía formal a la capacidad institucional
de hacer efectivo el derecho
Los resultados permiten formular una
precisión adicional respecto del problema planteado
en la investigación. Preguntar cómo se garantiza el
derecho de acceso a la información pública en el
Perú obliga a diferenciar entre garantía normativa y
garantía efectiva. La primera se configura cuando el
ordenamiento reconoce el derecho, determina los
sujetos obligados, establece procedimientos y fija
consecuencias frente al incumplimiento. La segunda
exige comprobar si ese conjunto normativo permite
realmente al ciudadano obtener información de
manera oportuna, completa y utilizable. La revisión
realizada muestra que ambos niveles no
necesariamente evolucionan en forma paralela.
Esta distinción resulta especialmente
significativa para el caso peruano. La existencia de
la Ley N.º 27806 y de disposiciones reglamentarias
constituye una base normativa indispensable, pero
el análisis realizado evidencia que los problemas
más persistentes se localizan en la fase de
aplicación. No se trata, por consiguiente, de negar la
relevancia del desarrollo legislativo, sino de
reconocer sus límites. Una regulación técnicamente
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adecuada pierde parte de su capacidad garantista
cuando los procedimientos administrativos no
funcionan con igual nivel de precisión o cuando las
instituciones carecen de condiciones materiales para
cumplir oportunamente las obligaciones que la ley
les atribuye.
Los hallazgos comparados respaldan esta
interpretación. Rams Ramos (2024), al estudiar la
transparencia vinculada con la gestión local,
identifica dificultades en el cumplimiento y destaca
la importancia de la trazabilidad y la publicidad
activa. Valenzuela-Mendoza et al., (2021), desde
otra realidad institucional, advierten que las
unidades encargadas de transparencia enfrentan
problemas asociados con capacitación, cargas de
trabajo y criterios de clasificación. Aunque ambos
estudios corresponden a contextos diferentes, sus
resultados convergen en un aspecto: la eficacia de
las normas de acceso depende de la arquitectura
administrativa construida para ejecutarlas.
Esta coincidencia permite desplazar el análisis
desde una perspectiva exclusivamente normativa
hacia una perspectiva de capacidad estatal. Desde
ella, garantizar información supone disponer de
servidores capacitados, archivos funcionales,
procedimientos internos conocidos, criterios
interpretativos relativamente uniformes y sistemas
que permitan supervisar el cumplimiento. Cada uno
de estos elementos incide en el resultado final que
recibe el solicitante. El problema jurídico, entonces,
no concluye cuando se reconoce una facultad
subjetiva; alcanza también la organización que el
Estado adopta para hacer posible su ejercicio.
La gestión documental adquiere especial
importancia dentro de esa estructura. Una entidad
puede encontrarse jurídicamente obligada a entregar
determinada información y, sin embargo,
experimentar dificultades para cumplir si sus
archivos presentan problemas de conservación,
clasificación o recuperación. En estos supuestos la
vulneración del acceso no necesariamente se origina
en una decisión expresa de ocultamiento, sino en
una organización deficiente de la información
pública. Esta constatación introduce una cuestión
relevante: la transparencia empieza antes de que el
ciudadano presente una solicitud. Comienza en el
momento en que la Administración produce el
documento, lo clasifica, determina su ubicación,
conserva su integridad y establece las condiciones
para su posterior recuperación.
La digitalización puede contribuir a resolver
parte de estas dificultades, pero los estudios
examinados aconsejan evitar una comprensión
tecnológica simplificadora. Marques et al. (2022)
relacionan la apertura de datos con mayores
posibilidades de transparencia y control social,
mientras que Pereira & Leandro da Mata (2024), al
estudiar solicitudes efectuadas mediante la
plataforma Fala.BR, muestran que la competencia
informacional influye en la gestión y en la
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experiencia del acceso. Ambas aproximaciones
permiten entender que la tecnología modifica el
canal, pero no sustituye la calidad administrativa de
la respuesta.
De esta forma, un sistema digital puede
ampliar considerablemente la cobertura del derecho
y, al mismo tiempo, reproducir las mismas
deficiencias existentes en los procedimientos
tradicionales. Si la información no se encuentra
ordenada, si las responsabilidades internas
permanecen indefinidas o si los criterios de
clasificación son inconsistentes, trasladar el
procedimiento a una plataforma electrónica no
elimina tales deficiencias. Incluso puede hacerlas
menos visibles al ciudadano, quien observa una
interfaz aparentemente funcional sin conocer las
dificultades internas que determinan la demora o
insuficiencia de la contestación.
También debe considerarse que la progresiva
digitalización introduce un problema de igualdad. El
ejercicio del derecho no puede quedar condicionado
a que todos los ciudadanos posean idénticas
posibilidades de conectividad, competencias
digitales o recursos tecnológicos. Un modelo
centrado exclusivamente en canales electrónicos
puede facilitar el acceso para determinados sectores
y dificultarlo para otros. Por ello, la modernización
de los mecanismos de transparencia requiere
combinar eficiencia digital con condiciones de
accesibilidad que permitan ejercer el derecho
independientemente de la situación socioeconómica
o de las competencias tecnológicas del solicitante.
El análisis comparado aporta, igualmente,
elementos para discutir la relación entre publicidad
y reserva. Carranza (2024) evidencia que la
delimitación de información clasificada puede
generar zonas de opacidad cuando la regulación o su
interpretación amplían excesivamente las
restricciones. González-Juliana Muñoz (2024), por
su parte, aborda una controversia en la que
transparencia, protección de datos e interés público
requieren ponderación. Estos trabajos muestran que
garantizar el acceso no equivale a defender una
publicidad absoluta. La cuestión central consiste en
asegurar que toda restricción responda a una
finalidad jurídicamente legítima y sea interpretada
dentro de límites compatibles con la naturaleza
fundamental del derecho.
Este punto resulta particularmente relevante
porque el verdadero funcionamiento de un sistema
de transparencia se aprecia con mayor nitidez
cuando la Administración debe decidir sobre
información cuya publicidad puede generar
controversia. En solicitudes ordinarias, la
obligación de entrega presenta pocas dificultades
interpretativas. Los problemas aparecen cuando
concurren intereses contrapuestos. Es precisamente
allí donde la motivación adquiere una función
garantista: permite al ciudadano conocer por qué se
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restringe el acceso y posibilita posteriormente que
esa decisión sea sometida a revisión.
La revisión efectuada permite sostener, por
tanto, que la garantía del derecho no debe evaluarse
únicamente mediante indicadores cuantitativos,
como el número de solicitudes atendidas. También
interesa la oportunidad de las respuestas, su
integridad, la fundamentación de las denegatorias,
la facilidad de los procedimientos, la actualización
de la información publicada y la posibilidad de
cuestionar eficazmente una negativa. Una tasa
elevada de atención podría coexistir con respuestas
incompletas o poco útiles; del mismo modo, una
plataforma con gran cantidad de documentos
publicados podría presentar bajos niveles de
accesibilidad material.
Bajo esta perspectiva, la brecha identificada
entre reconocimiento jurídico y ejercicio efectivo
debe ser entendida como un problema
multidimensional. Comprende aspectos normativos,
pero también institucionales, organizativos,
tecnológicos y culturales. Esta conclusión es
compatible con la evidencia internacional revisada
y permite responder con mayor precisión al objetivo
de la investigación: en el Perú, el derecho se
encuentra respaldado por una estructura jurídica
reconocible, aunque su garantía material permanece
condicionada por la capacidad de las instituciones
para convertir las obligaciones legales de
transparencia en prácticas administrativas
ordinarias, previsibles y accesibles para la
ciudadanía.
Esta constatación posee una consecuencia
relevante para la política pública. Las mejoras
futuras no deberían concentrarse únicamente en
reformar las reglas vigentes. Resulta igualmente
necesario evaluar cómo se encuentran organizadas
las entidades para atender solicitudes, qué
dificultades presentan sus sistemas de archivo,
cuáles son las materias que generan mayores
divergencias interpretativas y qué tan accesibles son
los mecanismos digitales implementados. Solo a
partir de un diagnóstico de esas condiciones resulta
posible identificar si una deficiencia requiere una
solución normativa, administrativa, tecnológica o de
capacitación.
La comparación internacional cumple aquí
una función analítica y no simplemente descriptiva.
Las experiencias examinadas no deben ser
trasladadas mecánicamente al ordenamiento
peruano, pues cada sistema responde a estructuras
institucionales distintas. Su utilidad consiste en
revelar problemas comunes y distintas formas de
enfrentarlos. El contraste permite advertir que allí
donde el acceso presenta mayor estabilidad suelen
concurrir reglas claras, órganos administrativos con
capacidades suficientes, mecanismos de revisión
identificables y políticas de publicación que reducen
la necesidad de formular solicitudes individuales.
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En consecuencia, la investigación permite
superar una lectura limitada del acceso a la
información como procedimiento administrativo
destinado únicamente a responder requerimientos.
Se trata de una garantía cuya efectividad refleja la
calidad de la relación entre Estado y ciudadanía.
Cuanto mayor sea la previsibilidad, apertura y
disponibilidad de la información estatal, menor será
la asimetría informativa existente entre quien ejerce
el poder público y quien se encuentra legitimado
para fiscalizarlo. Esta dimensión explica por qué la
transparencia se relaciona directamente con
rendición de cuentas, participación y confianza
institucional.
La evidencia comparada confirma que la
tensión entre publicidad y reserva no puede
resolverse mediante fórmulas absolutas. A pesar de
los avances regulatorios, persisten problemas
vinculados con procedimientos, plazos,
clasificación de información, motivación de las
restricciones, gestión documental y capacidad
institucional. La reducción de la brecha entre norma
y práctica requiere combinar reglas claras, sistemas
digitales accesibles, archivos funcionales y criterios
administrativos y jurisprudenciales suficientemente
previsibles.
Conclusiones
La revisión sistemática realizada permite
concluir que el derecho de acceso a la información
pública en el Perú dispone de una base normativa
que reconoce mecanismos destinados a posibilitar
su ejercicio; sin embargo, su garantía efectiva no
depende exclusivamente de la existencia de reglas
jurídicas. La evidencia examinada entre 2021 y
2025 muestra que la capacidad real de acceder a
información estatal está condicionada por factores
administrativos, documentales, tecnológicos e
institucionales que determinan la forma en que las
obligaciones legales son ejecutadas. En
consecuencia, la principal dificultad advertida no se
localiza en el reconocimiento formal del derecho,
sino en la distancia que todavía puede producirse
entre el contenido de la regulación y las prácticas
mediante las cuales las entidades públicas la hacen
efectiva.
El análisis permitió establecer que la
capacidad institucional constituye uno de los
componentes centrales de esta garantía. La atención
oportuna y suficiente de una solicitud presupone que
las entidades cuenten con responsabilidades internas
delimitadas, servidores preparados para tramitar los
requerimientos y mecanismos que permitan
localizar información dentro de los plazos
correspondientes. Cuando estas condiciones
presentan deficiencias, el procedimiento
formalmente establecido deja de ofrecer al
ciudadano una respuesta equivalente a la protección
prevista por el ordenamiento.
La gestión documental aparece igualmente
como un presupuesto material del acceso. La
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información pública no puede ser entregada de
manera adecuada cuando ha sido producida,
conservada o clasificada mediante sistemas que
dificultan su recuperación. De ahí que el deber
estatal de transparencia no surja únicamente con la
presentación de una solicitud, sino desde la
producción y organización del documento público.
Esta relación entre archivo, conservación y acceso
permite comprender que determinadas dificultades
atribuidas al régimen jurídico de transparencia
tienen, en realidad, un componente organizativo que
debe ser atendido dentro de la propia gestión
administrativa.
La revisión también evidencia que la
incorporación de herramientas digitales ha ampliado
las posibilidades de acceso y difusión de
información, pero su sola implementación no
asegura mayor transparencia. La utilidad de
plataformas, portales y mecanismos electrónicos
depende de la calidad y actualización de sus
contenidos, de la interoperabilidad de los sistemas,
de la sencillez de los procedimientos y de la
capacidad de los usuarios para utilizarlos. Por esta
razón, la digitalización debe ser concebida como
instrumento de una política de transparencia y no
como equivalente de esta. Un procedimiento puede
encontrarse íntegramente digitalizado y continuar
reproduciendo demoras, respuestas incompletas o
dificultades administrativas previamente existentes.
Respecto de las limitaciones al acceso, la
evidencia revisada muestra que la eficacia del
derecho requiere criterios suficientemente claros
para determinar cuándo una información puede ser
legítimamente excluida del principio de publicidad.
La presencia de excepciones es compatible con el
régimen de transparencia, pero su interpretación
extensiva puede debilitar la garantía que se pretende
proteger. De ahí la importancia de la motivación de
las decisiones administrativas y de mecanismos de
revisión que reduzcan espacios de discrecionalidad.
La máxima publicidad conserva su función
ordenadora precisamente porque obliga a justificar
la excepción y no al ciudadano a demostrar por qué
debería conocer información que, en principio,
pertenece al ámbito de la actuación pública.
La comparación de los estudios incluidos
permite advertir que los problemas identificados en
Perú no son exclusivos de su ordenamiento.
Experiencias provenientes de España, Polonia,
Brasil, México y otros contextos examinados
muestran tensiones semejantes entre
reconocimiento jurídico, organización
administrativa, publicidad, reserva y transformación
digital. Sin embargo, también evidencian que la
existencia de capacidades institucionales estables,
procedimientos estandarizados y mecanismos
especializados de control puede reducir de manera
significativa la distancia entre norma y práctica. El
aporte del análisis comparado reside, por ello, no en
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reproducir soluciones extranjeras, sino en
identificar factores que explican mejores
condiciones de efectividad.
En respuesta a la pregunta que orientó la
revisión, puede sostenerse que el derecho de acceso
a la información pública en el Perú se garantiza
mediante la concurrencia de mecanismos
normativos, administrativos, institucionales y
tecnológicos, cuya efectividad depende de su
funcionamiento articulado. El ordenamiento
jurídico proporciona el fundamento y determina las
obligaciones; la organización administrativa hace
posible su cumplimiento; la gestión documental
asegura la disponibilidad de la información; la
tecnología facilita su circulación; y los mecanismos
de control permiten corregir denegatorias o
interpretaciones incompatibles con el principio de
publicidad. La insuficiencia de cualquiera de estos
componentes repercute sobre la protección integral
del derecho.
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