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DEL RIESGO PERMITIDO A LA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL
CORPORATIVA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
FROM PERMITTED RISK TO THE EXCLUSION OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: A
SYSTEMATIC REVIEW
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Aplicadas
Recibido: 07/10/2026
Aceptado: 09/11/2026
Publicado: 12/11/2026
Código Único AV: e857
Páginas: 1(2244-2266)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24164062
Autores:
Víctor Daniel Scipion Salazar
Abogado
Doctor en Derecho
https://orcid.org/0009-0009-8310-7578
E-mail: vscipions@upao.edu.pe
Afiliación: Escuela de Posgrado de la
Universidad Privada Antenor Orrego
País: República del Perú
Luis Angel Delgado Flores
Abogado
Doctor en Derecho
https://orcid.org/0009-0007-7603-1013
E-mail: angel.delgadof7@gmail.com
Afiliación: Escuela de Posgrado de la
Universidad Privada Antenor Orrego
País: República del Perú
Alejandro Abel Cáceda Alva
Abogado
https://orcid.org/0009-0004-6267-7807
E-mail: acacedaa1@upao.edu.pe
Afiliación: Escuela de Posgrado de la
Universidad Privada Antenor Orrego
País: República del Perú
Víctor Fernando Templo Corcino
Abogado
Magister en Derecho y Ciencias Políticas,
mención Derecho Penal
https://orcid.org/0009-0001-1452-5620
E-mail: victor.templo@udh.edu.pe
Afiliación: Universidad de Huánuco
País: República del Perú
Resumen
La responsabilidad penal corporativa por delitos financieros requiere
criterios que permitan distinguir entre la mera producción de un resultado
delictivo y la existencia de un riesgo jurídicamente desaprobado atribuible a
la organización. Este estudio evaluó la función de los programas de
compliance como mecanismo de exclusión de dicho riesgo dentro de la
imputación objetiva aplicada a la responsabilidad penal corporativa. Se
realizó una revisión sistemática conforme a PRISMA 2020, mediante una
búsqueda en Scopus de estudios publicados entre 2006 y 2026, aplicando
criterios de inclusión y exclusión y un análisis cualitativo de 21 artículos.
Los resultados muestran que la literatura se concentra en categorías como
riesgo permitido o tolerable, riesgo jurídicamente desaprobado, defecto de
organización, debida diligencia y reducción significativa del riesgo.
Asimismo, los estándares de eficacia del compliance se agrupan en
identificación del riesgo, diseño preventivo, autonomía, cultura de legalidad,
detección, reacción, seguimiento, actualización y evidencia de
funcionamiento efectivo. Se concluye que el compliance puede excluir o
debilitar la imputación corporativa cuando acredita una gestión preventiva
real, idónea y proporcional, manteniendo el riesgo residual dentro de niveles
jurídicamente admisibles.
Palabras Clave
Programas de compliance, imputación objetiva, riesgo
jurídicamente desaprobado, responsabilidad penal
corporativa
Abstract
Corporate criminal liability for financial crimes requires criteria capable of
distinguishing between the mere occurrence of a criminal result and the
existence of a legally disapproved risk attributable to the organization. This
study evaluated the function of compliance programs as a mechanism for
excluding such risk within the framework of objective imputation applied to
corporate criminal liability. A systematic review was conducted in
accordance with PRISMA 2020 guidelines, using a Scopus search of studies
published between 2006 and 2026, predefined inclusion and exclusion
criteria, and qualitative analysis of 21 articles. The results show that the
literature focuses on categories such as permitted or tolerable risk, legally
disapproved risk, organizational fault, due diligence, and significant risk
reduction. Compliance effectiveness standards were also grouped into risk
identification, preventive design, autonomy, culture of legality, detection,
response, monitoring, updating, and evidence of effective implementation.
The study concludes that compliance may exclude or weaken corporate
imputation when it demonstrates genuine, suitable, and proportionate
preventive risk management, keeping residual risk within legally acceptable
levels.
Keywords
Compliance programs, objective imputation, legally
disapproved risk, corporate criminal liability
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Introducción
La responsabilidad penal corporativa
constituye uno de los ámbitos que mayor desarrollo
dogmático ha experimentado en el derecho penal
contemporáneo. La progresiva superación del
principio societas delinquere non potest ha
planteado la necesidad de construir criterios de
imputación capaces de responder a la particular
naturaleza de las personas jurídicas. En este
escenario, el defecto de organización adquiere
especial relevancia, pues permite explicar la
atribución de responsabilidad a la empresa a partir
de las deficiencias existentes en su estructura,
funcionamiento o mecanismos internos de
prevención (Bendezú, 2023).
A este debate se suma la teoría de la
imputación objetiva. Sus principales categorías —el
riesgo permitido, el riesgo jurídicamente
desaprobado, el principio de confianza y la
prohibición de regreso— fueron desarrolladas
inicialmente para delimitar la responsabilidad penal
individual. Sin embargo, su aplicación comienza a
proyectarse también sobre estructuras empresariales
complejas, donde determinar quién creó un riesgo,
quién tenía el deber de controlarlo y hasta dónde
alcanzaba la competencia de cada integrante de la
organización resulta mucho menos sencillo que en
la actuación de una persona individualmente
considerada (Ponce, 2023). Además, los programas
de compliance han adquirido una importancia
creciente como instrumentos de autorregulación
dirigidos a prevenir la comisión de ilícitos dentro de
las organizaciones y, dependiendo del ordenamiento
jurídico aplicable, pueden incidir en la exclusión o
atenuación de la responsabilidad corporativa
(Bacigalupo, 2021).
El fundamento teórico de la presente revisión
se articula en torno a tres pilares dogmáticos
estrechamente relacionados. El primero
corresponde a la teoría de la imputación objetiva,
que proporciona criterios normativos para
establecer cuándo un determinado resultado puede
ser jurídicamente atribuido a una conducta. Desde
esta perspectiva, no basta con comprobar una
relación causal; se requiere, además, que el sujeto
haya creado o incrementado un riesgo jurídicamente
desaprobado y que dicho riesgo se haya concretado
precisamente en el resultado producido. Ponce
(2023) sostiene que esta construcción dogmática
ofrece herramientas especialmente útiles para
delimitar la responsabilidad penal del empresario,
sobre todo en contextos organizacionales
caracterizados por la distribución de funciones,
competencias y deberes de vigilancia.
El segundo pilar está constituido por el
defecto de organización como categoría específica
de imputación de responsabilidad a las personas
jurídicas. Bendezú (2023) plantea que las políticas
corporativas ilícitas pueden configurar una vía
adicional para fundamentar el déficit organizativo
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empresarial, junto con los tradicionalmente
reconocidos defectos estructurales y culturales. Esta
perspectiva resulta particularmente relevante
porque desplaza el análisis desde la conducta aislada
de un directivo o trabajador hacia el funcionamiento
de la organización en su conjunto. En otras palabras,
el problema ya no consiste únicamente en identificar
quién realizó materialmente el delito, sino también
en determinar si la propia estructura empresarial
favoreció, toleró o no impidió adecuadamente la
creación del riesgo delictivo.
El tercer pilar comprende los programas de
compliance, entendidos como una manifestación
concreta de la autorregulación empresarial. Desde
esta perspectiva, su importancia no debería
reducirse a la existencia formal de códigos éticos,
manuales o protocolos internos. Sánchez-Vera
Gómez-Trelles & Almodóvar Puig (2022) relaciona
la eficacia de estos programas con la delimitación
del riesgo jurídicamente desaprobado y sostiene que
un sistema de cumplimiento verdaderamente
efectivo puede contribuir a mantener la actuación
empresarial dentro del ámbito del riesgo permitido.
Esta conexión resulta especialmente sugerente, ya
que permite examinar el compliance no solo como
una herramienta de gestión corporativa, sino como
un elemento con potencial incidencia directa en la
estructura de la imputación jurídica.
Diversas investigaciones recientes han
contribuido a comprender con mayor precisión la
relación entre compliance, imputación objetiva y
responsabilidad penal corporativa. Mongillo (2024),
por ejemplo, analiza el modelo italiano de
responsabilidad corporativa establecido mediante el
Decreto Legislativo N.º 231/2001 y destaca la
relevancia que ha adquirido el defecto de
organización como fundamento de la
responsabilidad de la persona jurídica. De particular
interés resulta el análisis de la jurisprudencia de la
Corte di Cassazione, en la que se han empleado
criterios vinculados con el denominado pronóstico
póstumo, construcción tradicionalmente
relacionada con la imputación objetiva del resultado
en los delitos imprudentes. Esta experiencia
constituye un referente importante porque muestra
cómo categorías originalmente diseñadas para la
responsabilidad individual pueden ser
reinterpretadas frente a estructuras corporativas
complejas (Mongillo, 2024).
Por su parte, Matallín (2024) examina las
dificultades existentes para valorar la eficacia de los
programas de prevención de delitos en el
ordenamiento español. Uno de los problemas
centrales radica en que el Código Penal no establece
de manera exhaustiva criterios concretos que
permitan determinar cuándo un modelo de
prevención puede considerarse realmente eficaz.
Esta ausencia genera un margen considerable de
incertidumbre en la valoración judicial. Frente a
ello, la autora propone desarrollar indicadores que
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permitan sistematizar dicha evaluación a partir de
las condiciones previstas en el artículo 31 bis del
Código Penal español (Matallín, 2024).
Desde otra perspectiva, Suárez (2023) analiza
la responsabilidad del oficial de cumplimiento en
Colombia y vincula expresamente su delimitación
con categorías propias de la imputación objetiva,
especialmente con el riesgo permitido. Además,
subraya la importancia de atender a principios como
la división del trabajo, la especialización y la
complementariedad al momento de determinar el
ámbito de competencia funcional de quienes
intervienen en una organización empresarial. Este
enfoque es particularmente útil, pues recuerda que
dentro de una empresa las responsabilidades no
pueden atribuirse de manera automática: cada actor
ocupa una posición concreta y dispone de
determinadas facultades de decisión, supervisión y
control.
A pesar de estos avances, la literatura todavía
presenta vacíos relevantes que justifican la presente
investigación. Uno de ellos se encuentra en la
dificultad para establecer parámetros objetivos que
permitan valorar la eficacia preventiva de los
programas de compliance. Fonseca Fortes-Furtado
(2023b) advierte que su evaluación continúa
enfrentando la ausencia de criterios externos
suficientemente definidos ex ante. Desde esta
perspectiva, cuando una organización ha adoptado
previamente medidas razonables de prevención y ha
satisfecho las expectativas normativas de una
adecuada organización, podría resultar discutible
atribuirle un resultado delictivo que escapaba
razonablemente de su capacidad de control. El
problema se desplaza, entonces, hacia una cuestión
dogmática esencial: determinar cuándo ese
resultado constituye la materialización de un riesgo
jurídicamente desaprobado y cuándo permanece
dentro del riesgo permitido o, incluso, de un riesgo
no controlable.
Este problema revela que todavía no se
encuentra suficientemente desarrollada una
articulación sistemática entre los estándares
utilizados para valorar la eficacia del compliance y
las categorías propias de la imputación objetiva. Y
es que disponer de un programa de cumplimiento no
significa, por sí mismo, que la empresa haya actuado
correctamente. Del mismo modo, la comisión de un
delito dentro de la organización tampoco demuestra
automáticamente que el sistema preventivo haya
sido defectuoso. Precisamente entre ambos
extremos se encuentra uno de los problemas
jurídicos que requiere mayor precisión.
Un segundo vacío aparece en la forma en que
algunos ordenamientos vinculan el hecho cometido
por la persona física con la eventual responsabilidad
de la persona jurídica. Chirino (2023), al analizar
modelos como el costarricense, advierte dificultades
para identificar un verdadero nexo de conexión
entre el comportamiento individual y la
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responsabilidad corporativa, así como para otorgar
al defecto de organización y al programa de
cumplimiento una función suficientemente definida
dentro del modelo de imputación. Esta situación
evidencia que la relación entre prevención,
organización empresarial e imputación penal
continúa siendo desigual entre los distintos sistemas
jurídicos.
Finalmente, Palomino (2023) identifica
dificultades particulares en el ordenamiento
peruano. El autor cuestiona la tendencia a confundir
la imputación del delito cometido individualmente
por miembros de la alta dirección con la atribución
de un verdadero ilícito corporativo derivado del
funcionamiento de estructuras empresariales
complejas. La distinción no es menor. Imputar la
conducta de una persona natural a la empresa no
equivale necesariamente a demostrar que la propia
organización generó, incrementó o permitió un
riesgo penalmente relevante. De ahí la necesidad de
desarrollar criterios diferenciados que permitan
compatibilizar la responsabilidad corporativa con
los principios de culpabilidad y proporcionalidad.
A partir de los vacíos identificados, el
presente artículo tiene como objetivo evaluar la
función de los programas de compliance como
mecanismo de exclusión del riesgo jurídicamente
desaprobado dentro de la teoría de la imputación
objetiva aplicada a la responsabilidad penal
corporativa por delitos financieros. De este modo,
se busca determinar en qué medida la existencia y,
sobre todo, la eficacia real de un sistema de
cumplimiento puede incidir en la delimitación del
riesgo permitido y, consecuentemente, en la
atribución o exclusión de responsabilidad a la
persona jurídica.
Metodología
La investigación se desarrolló mediante una
revisión sistemática de la literatura, cuya
presentación se orientó por las directrices de
PRISMA 2020 (Page et al., 2021), con el propósito
de evaluar la función de los programas de
compliance en la delimitación del riesgo
jurídicamente desaprobado y su incidencia en la
imputación de responsabilidad penal corporativa
por delitos financieros. Se examinaron
publicaciones científicas sobre imputación objetiva,
riesgo permitido, defecto de organización y
prevención de ilícitos corporativos. La revisión
comprendió las fases de identificación, cribado,
evaluación de elegibilidad e inclusión, seguidas de
la extracción de información y la síntesis cualitativa
de los estudios seleccionados.
La investigación se organizó en torno a tres
preguntas:
PI1: ¿Qué criterios dogmáticos de imputación
objetiva —riesgo permitido, riesgo jurídicamente
desaprobado, principio de confianza y prohibición
de regreso— han sido empleados en la doctrina y
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jurisprudencia comparada para vincular los
programas de compliance con la exclusión de
responsabilidad penal corporativa por delitos
financieros?
PI2: ¿Cuál es la distribución temporal,
geográfica y temática de las publicaciones
seleccionadas sobre programas de compliance,
imputación objetiva y responsabilidad penal
corporativa en el periodo 2006–2026?
PI3: ¿Qué estándares de eficacia de los
programas de compliance han sido propuestos como
indicadores de mantenimiento de la persona jurídica
dentro del ámbito del riesgo permitido en el
contexto de delitos financieros?
La búsqueda bibliográfica se realizó en
Scopus el 20 de agosto de 2026. La elección de esta
base respondió a su cobertura multidisciplinaria y a
la posibilidad de recuperar publicaciones jurídicas
mediante campos bibliográficos estructurados, así
como de organizar sus metadatos para la selección y
el análisis. Su utilización como única fuente
delimitó el universo documental de la revisión; en
consecuencia, los resultados se circunscriben a los
estudios recuperados mediante la estrategia aplicada
y no representan la totalidad de la producción
doctrinal o jurisprudencial sobre la materia.
El intervalo de búsqueda comprendió
publicaciones de 2006 a 2026, hasta la fecha de
consulta. La estrategia combinó cuatro bloques
temáticos: programas de compliance,
responsabilidad penal corporativa, categorías de
imputación objetiva y criminalidad económica o
financiera. Se emplearon operadores booleanos y
truncamientos en los campos de título, resumen y
palabras clave mediante la siguiente ecuación:
TITLE-ABS-KEY (("compliance program*"
OR "compliance programme*" OR "criminal
compliance" OR "corporate compliance" OR
"programa* de cumplimiento" OR "modelo* de
prevención") AND ("corporate criminal liability"
OR "corporate criminal responsibility" OR
"criminal liability of legal persons" OR
"responsabilidad penal corporativa" OR
"responsabilidad penal de las personas jurídicas")
AND ("objective imputation" OR "objective
attribution" OR "permitted risk" OR "legally
disapproved risk" OR "organizational fault" OR
"imputación objetiva" OR "riesgo permitido" OR
"riesgo jurídicamente desaprobado" OR "defecto de
organización") AND ("financial crime*" OR
"economic crime*" OR "money laundering" OR
fraud OR bribery OR corruption OR "delitos
financieros" OR "delitos económicos" OR "lavado
de activos")) AND PUBYEAR > 2005 AND
PUBYEAR < 2027
La selección se efectuó conforme a los
criterios de inclusión y exclusión de la Tabla 1. La
evaluación atendió al contenido sustantivo de los
documentos y a su contribución a las preguntas de
investigación.
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Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Estudios publicados entre
2006 y 2026.
Publicaciones anteriores a
2006.
Publicaciones en español,
inglés, portugués, italiano,
alemán o francés.
Publicaciones en idiomas
distintos de los establecidos.
Artículos originales, de
revisión o doctrinales
publicados en revistas
científicas indexadas y
sometidas a revisión por pares.
Libros, capítulos de libros,
tesis, actas de congresos,
working papers y otros
documentos no publicados
como artículos científicos
arbitrados.
Estudios que aborden al
menos dos de los cuatro ejes
temáticos: compliance,
imputación objetiva,
responsabilidad penal
corporativa y delitos
financieros.
Estudios sin relación
sustantiva entre los ejes
temáticos analizados.
Investigaciones vinculadas
especialmente con compliance
e imputación objetiva o
compliance y responsabilidad
penal corporativa en delitos
financieros.
Estudios sobre compliance
exclusivamente regulatorio,
administrativo o empresarial,
sin enfoque penal.
Estudios que analicen la
responsabilidad penal de la
persona jurídica.
Estudios centrados
exclusivamente en la
responsabilidad penal
individual del empresario o
compliance officer.
Artículos relacionados con
delitos financieros,
económicos, lavado de
activos, fraude o criminalidad
de cuello blanco.
Estudios sobre compliance
ambiental, sanitario o laboral
sin conexión con
criminalidad económica o
financiera.
Artículos disponibles en texto
completo, mediante acceso
abierto o suscripción
institucional.
Artículos cuyo texto
completo no estuviera
disponible.
Versiones definitivas y no
duplicadas de los estudios
seleccionados.
Registros duplicados o
versiones preliminares de
artículos ya incluidos.
Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión
Fuente: elaboración propia
La búsqueda permitió identificar 66 registros.
Antes del cribado se retiraron dos por no ser texto
completo, por lo que se examinaron los títulos y
resúmenes de 64 publicaciones. En esta etapa se
excluyeron 17 registros por incumplimiento de los
criterios de elegibilidad y se buscó recuperar el texto
completo de los 47 documentos restantes. Diez
textos no pudieron recuperarse; por tanto, 37
documentos pasaron a la evaluación de elegibilidad
a texto completo.
El cribado fue realizado por los autores. La
evaluación de los textos completos estuvo a cargo
de todos los autores, mediante revisión
independiente. Las discrepancias fueron resueltas
en consenso por los autores. Tras la lectura completa
se excluyeron 16 documentos razones concretas
vinculadas con los criterios de elegibilidad. Cada
documento se registró con su correspondiente
criterio de exclusión y justificación. Los diez textos
no recuperados se contabilizaron separadamente,
puesto que no fueron sometidos a evaluación de su
contenido completo. El proceso concluyó con 21
artículos incluidos, según el recuento del
flujograma. La Figura 1 presenta las cantidades
correspondientes a cada etapa y el desglose de las
razones de exclusión.
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Figura 1. Flujograma del método PRISMA
Fuente: elaboración propia
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Resultados
Autor
Ámbito
Criterio dogmático
identificado
Función del compliance
Efecto sobre la
imputación corporativa
Gómez-Jara Díez
(2011)
EE. UU. /
comparado
Control del riesgo; defecto
organizativo; culpabilidad
corporativa
Acreditar organización
diligente y cultura de
legalidad
Ausencia de defecto
organizativo → exclusión
de culpabilidad corporativa
Fasterling (2016)
Comparado
internacional
Due diligence; riesgo
jurídico; falta organizativa
Gestionar preventivamente
riesgos jurídico-penales
Diligencia organizativa →
reducción o exclusión de
atribución
Neira Pena (2016)
España–Italia–
Chile
Riesgo permitido; riesgo
excesivo; defecto
organizativo
Mantener riesgos en niveles
jurídico-penalmente
aceptables
Riesgo controlado →
atipicidad, ausencia de
culpabilidad o exención
Bu (2018)
China–EE. UU.–
Reino Unido
Riesgo jurídicamente
desaprobado; debida
diligencia
Identificar y mitigar riesgos
de soborno transnacional
Gestión adecuada del riesgo
→ menor exposición penal
Campbell (2018)
Reino Unido
Failure to prevent; riesgo
organizacional
Implementar
procedimientos adecuados y
proporcionales
Procedimientos adecuados
→ defensa frente a
responsabilidad
Bacigalupo (2021)
España
Reducción significativa
del riesgo; idoneidad del
control
Prevenir o disminuir la
concreción del riesgo penal
Control idóneo → exención
o reducción de
responsabilidad
Anzola & Oliveira
Teixeira dos Santos
(2022)
España / UE
Riesgo jurídicamente
desaprobado
Identificar, evaluar y
mitigar riesgo de lavado de
activos
Compliance efectivo →
posible exclusión de
responsabilidad
Sánchez-Vera
Gómez-Trelles &
Almodóvar Puig
(2022)
España
Riesgo jurídicamente
desaprobado; imputación
objetiva
Mantener a la persona
jurídica fuera del riesgo
desaprobado
Ausencia de imputación
objetiva → exclusión de
responsabilidad
Fonseca Fortes-
Furtado (2023a)
España / UE
Riesgo permitido;
idoneidad objetiva
Detectar y controlar riesgos
de infracciones de
competencia
Riesgo dentro de
parámetros permitidos →
posible exención
Gullo (2023)
Italia /
comparado
Riesgo tolerable; culpa de
organización
Reducir significativamente
el riesgo mediante gestión
preventiva
Riesgo tolerable →
ausencia de culpa
organizativa
Aguilera Gordillo
(2024)
España /
Latinoamérica
Riesgo permitido; riesgo
jurídicamente
desaprobado; defecto
organizativo
Reducir oportunidades
delictivas mediante
controles reales
Ausencia de contexto
criminógeno →
debilitamiento de
imputación
Vargas Almonacid
(2025)
Chile
Riesgo permitido; defecto
de organización
Identificar actividades
riesgosas y establecer
controles preventivos
Modelo eficaz → posible
eficacia eximente
Tabla 2. Criterios de imputación objetiva y compliance
Fuente: elaboración propia
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Autor
Año
Ámbito
geográfico
Enfoque
Núcleo temático
Delito/sector
predominante
Gómez-Jara Díez
2011
EE. UU. /
comparado
Jurídico-dogmático
Culpabilidad corporativa
y autorregulación
Criminalidad corporativa
/ white-collar crime
Fasterling
2016
Comparado
internacional
Jurídico-crítico
Criminal compliance y
gestión del riesgo
Delitos económicos
Neira Pena
2016
España–Italia–
Chile
Jurídico-procesal
comparado
Eficacia probatoria del
compliance
Criminalidad empresarial
Bu
2018
China–EE. UU.–
Reino Unido
Jurídico-comparado
Compliance
transnacional
Soborno transnacional
Campbell
2018
Reino Unido
Jurídico-doctrinal
Failure to prevent
Soborno y evasión fiscal
Jimenez
2019
EE. UU. /
Latinoamérica
Jurídico-comparado
Compliance-oriented
liability
Corrupción y FCPA
Bacigalupo
2021
España
Jurídico-dogmático
Criminal compliance
Corrupción, blanqueo y
criminalidad empresarial
Anzola & Oliveira
Teixeira dos Santos
2022
España / UE
Jurídico-doctrinal
Compliance basado en
riesgos
Lavado de activos /
activos virtuales
Li & Liu
2022
China
Revisión doctrinal
Evolución del corporate
compliance
Delitos económicos y
corrupción
Sánchez-Vera Gómez-
Trelles & Almodóvar
Puig
2022
España
Jurídico-dogmático
Compliance e imputación
objetiva
Delitos empresariales
Fonseca Fortes-Furtado
2023a
España / UE
Jurídico-dogmático
Compliance antitrust
Cárteles y licitaciones
Gullo
2023
Italia
Jurídico-dogmático
comparado
Criminal compliance y
culpa organizativa
Lavado, corrupción y
delitos tributarios
Kotlán et al.,
2023
República Checa /
UE
Jurídico-
jurisprudencial
Exculpación mediante
compliance
Fraude, corrupción,
lavado y delitos
tributarios
Teichmann, Wittmann
& Boticiu
2023
Suiza / comparado
Jurídico-doctrinal
Compliance como
defensa
Delitos financieros y
white-collar crime
Aguilera Gordillo
2024
España /
Latinoamérica
Jurídico-sociolegal
Compliance y
fundamento de
responsabilidad
Criminalidad empresarial
Christmann & Klein
2024
Alemania
Económico-jurídico
Monitoreo e incentivos
preventivos
Corporate / white-collar
crime
Menéndez Conca
2024
Perú–Argentina
Jurídico-comparado
Modelos de prevención
Cohecho, lavado,
terrorismo y colusión
Vargas & Vargas
Lozano
2024
Colombia
Jurídico-procesal
RPPJ y prueba del
compliance
Orden económico y
corrupción
Vargas Almonacid
2025
Chile
Jurídico-dogmático
Modelos de prevención
Delitos económicos
Ramalho & Almeida
2025
Portugal
Sociojurídico
Imputación penal y
compliance
Criminalidad económica
Zazzaro
2025
Unión Europea
Jurídico-normativo
Responsabilidad
corporativa en directivas
UE
Fraude financiero UE y
corrupción
Tabla 3. Producción científica sobre compliance e imputación corporativa
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Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
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Fuente: elaboración propia
Autor
Estándar de
eficacia
Indicadores sintetizados
Función sobre el
riesgo
Efecto jurídico asociado
Gómez-Jara Díez
(2011)
Diligencia
organizativa
Prevención; investigación;
disciplina; control; cultura de
legalidad
Evitar defecto
organizativo
Exclusión de culpabilidad
Fasterling (2016)
Eficacia material
Due diligence; integración
organizativa; cultura ética;
apoyo directivo
Reducir riesgo real
Valor favorable frente a
responsabilidad
Neira Pena (2016)
Adecuación e
implementación
efectiva
Mapa de riesgos; protocolos;
autonomía; denuncia;
sanciones; revisión
Mantener riesgos en
niveles aceptables
Atipicidad, exención o
atenuación
Bu (2018)
Compliance
dinámico basado en
riesgos
Due diligence; red flags;
adaptación jurisdiccional;
actualización
Reducir riesgo de
soborno
Menor exposición penal
Campbell (2018)
Procedimientos
adecuados y
proporcionales
Evaluación realista; controles;
cultura preventiva
Mitigar riesgos de
soborno/evasión
Defensa frente a failure to
prevent
Jimenez (2019)
Implementación
sustantiva
Recursos; autonomía;
monitoreo; dirección;
capacidad de
prevención/detección
Reducir misconduct
Mitigación o decisión
favorable
Bacigalupo (2021)
Idoneidad
preventiva
Mapa de riesgos; protocolos;
formación; supervisión;
denuncia; revisión
Prevenir y reducir
riesgo
Exención o atenuación
Anzola & Oliveira
Teixeira dos
Santos (2022)
Sistema basado en
riesgos
Evaluación; compliance
officer; capacitación; debida
diligencia; controles
Mitigar lavado de
activos
Exención posible
Li & Liu (2022)
Integración
organizativa efectiva
Riesgos; supervisión; control;
deberes de evitación
Cumplir deber
organizativo
Exclusión o reducción
Sánchez-Vera
Gómez-Trelles &
Almodóvar Puig
(2022)
Capacidad real de
control
Organización; prevención;
identificación de riesgos
Evitar riesgo
desaprobado
Exclusión de imputación
Fonseca Fortes-
Furtado (2023b)
Idoneidad y eficacia
preventiva
Compliance antitrust;
controles previos; cultura; ISO
37301
Evitar infracciones
de competencia
Exención o reducción
Gullo (2023)
Reducción
significativa del
riesgo
Risk assessment; risk
management; vigilancia;
riesgo tolerable
Mantener riesgo
tolerable
Exclusión por ausencia de
culpa organizativa
Kotlán et al.,
(2023)
Implementación real
y proporcional
Prevención; detección;
reacción; capacitación;
auditoría; sanciones
Control contextual
del riesgo
Exculpación
Teichmann,
Wittmann &
Boticiu (2023)
Sistema integral y
actualizado
Reporting; auditoría; cultura;
actualización; cooperación
Reducir exposición
al riesgo
Mitigación o exclusión
ISSN: 2665-0398
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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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Autor
Estándar de
eficacia
Indicadores sintetizados
Función sobre el
riesgo
Efecto jurídico asociado
Aguilera Gordillo
(2024)
Control efectivo
Separación de funciones;
supervisión; procedimientos;
incentivos
Reducir
oportunidades
delictivas
Exclusión/debilitamiento de
imputación
Christmann &
Klein (2024)
Inversión preventiva
adecuada
Monitoreo; prevención ex
ante; investigación;
autodenuncia
Disminuir
oportunidades y
aumentar detección
Exclusión bajo modelo de
negligencia
Menéndez Conca
(2024)
Modelo
adecuadamente
ejecutado
Diseño; implementación;
gestión de riesgos;
certificación
Reducir déficit
preventivo
Exención o atenuación
Vargas & Vargas
Lozano (2024)
Idoneidad concreta y
funcionamiento
Identificación; medidas;
implementación; detección;
investigación; corrección
Control integral del
riesgo
Exención, atenuación o
mecanismos alternativos
Vargas Almonacid
(2025)
Funcionamiento
efectivo
Riesgos; protocolos;
denuncias; investigación;
sanciones; revisión
Prevenir y responder
Eficacia eximente
Ramalho &
Almeida (2025)
Vigilancia y control
adecuados
Análisis; monitorización;
prevención; detección;
reacción; corrección
Disminuir riesgo
empresarial
Exclusión de responsabilidad
Zazzaro (2025)
Estructura
organizativa basada
en riesgos
Controles; ética; vigilancia;
compliance preventivo;
remediación
Evitar negligencia
estructural
Mitigación y posible
evolución hacia exoneración
Tabla 4. Estándares de eficacia del compliance
Fuente: elaboración propia
Discusión de los resultados
La revisión sistemática comprendió 21
artículos científicos, de los cuales 12 aportaron
evidencia directa para examinar los criterios de
imputación objetiva vinculados con los programas
de compliance, mientras que los 21 contribuyeron a
caracterizar la producción científica y los estándares
de eficacia. En conjunto, los resultados muestran
que la función jurídico-penal del compliance se
concentra en determinar si la organización
identificó y controló adecuadamente los riesgos
derivados de su actividad antes de la comisión del
delito. Su relevancia, por tanto, no deriva de la mera
existencia de protocolos internos, sino de su
capacidad para demostrar una organización
razonablemente diligente frente al riesgo penal. Este
hallazgo responde directamente al objetivo de
evaluar los programas de cumplimiento como
mecanismo de exclusión del riesgo jurídicamente
desaprobado dentro de la imputación objetiva
aplicada a la responsabilidad penal corporativa por
delitos financieros.
En relación con la PI1, los 12 estudios
identificados muestran una recepción selectiva de
las categorías de imputación objetiva. Cinco
trabajos emplean de forma directa las nociones de
riesgo permitido o tolerable —Neira Pena (2016),
Fonseca Fortes-Furtado (2023a), Gullo (2023),
Aguilera Gordillo (2024) y Vargas Almonacid
ISSN: 2665-0398
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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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(2025)—, mientras que cuatro utilizan
expresamente el riesgo jurídicamente desaprobado
—Bu (2018), Anzola & Oliveira Teixeira dos
Santos (2022), Sánchez-Vera Gómez-Trelles &
Almodóvar Puig (2022) y Aguilera Gordillo
(2024)—. Los restantes trabajos articulan el
problema mediante categorías funcionalmente
próximas, como due diligence, reducción
significativa del riesgo, defecto de organización,
idoneidad preventiva o failure to prevent. En
cambio, ninguno de los 12 estudios desarrolla de
manera autónoma el principio de confianza o la
prohibición de regreso como criterios de exclusión
de responsabilidad de la persona jurídica.
Este resultado coincide parcialmente con
Ponce (2023), quien reconoce la utilidad de la
imputación objetiva para delimitar responsabilidad
dentro de estructuras caracterizadas por la división
de funciones, competencias y deberes de vigilancia.
Sin embargo, la revisión muestra que su recepción
en el ámbito corporativo no reproduce de manera
completa las categorías construidas para la
responsabilidad individual. La discusión doctrinal
se ha concentrado principalmente en determinar si
la propia organización generó o toleró un riesgo
jurídicamente relevante. Este enfoque se aproxima a
Bendezú (2023), quien sitúa el déficit organizativo
en las deficiencias estructurales, culturales y
político-empresariales capaces de favorecer la
comisión del delito.
La conexión entre defecto organizativo y
riesgo aparece con especial claridad en Neira Pena
(2016), Sánchez-Vera Gómez-Trelles y Almodóvar
Puig (2022) y Gullo (2023). Neira Pena vincula la
imputación de la persona jurídica con la generación
de un riesgo superior al permitido y atribuye
relevancia exoneradora a los sistemas capaces de
mantenerlo dentro de niveles jurídico-penalmente
aceptables. Sánchez-Vera Gómez-Trelles &
Almodóvar Puig sostienen que el programa puede
mantener a la persona jurídica fuera del ámbito del
riesgo jurídicamente desaprobado, mientras que
Gullo utiliza la noción de riesgo tolerable para
valorar si la organización redujo suficientemente la
probabilidad de comisión delictiva. Estos
planteamientos convergen en un aspecto: la
responsabilidad corporativa no deriva
automáticamente de la existencia de un delito
cometido dentro de la empresa, sino de la relación
entre ese resultado y las condiciones organizativas
que permitieron su producción.
Bacigalupo (2021) y Fasterling (2016) llegan
a una conclusión funcionalmente semejante desde
categorías distintas. Bacigalupo sitúa la eficacia del
programa en su idoneidad para prevenir delitos o
reducir significativamente su riesgo, mientras que
Fasterling vincula el criminal compliance con la
gestión del riesgo y la due diligence. En ambos
casos, la relevancia penal del programa depende de
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la diligencia organizativa demostrada y no de su sola
formalización documental.
En los delitos financieros concretos, esta
misma lógica adquiere expresiones sectoriales.
Anzola & Oliveira Teixeira dos Santos (2022)
vinculan la eficacia del programa con la
identificación, evaluación y mitigación del riesgo de
lavado de activos en proveedores de activos
virtuales. Bu (2018) enfatiza la debida diligencia y
la adaptación de los controles a los riesgos de
soborno transnacional, mientras que Campbell
(2018) examina procedimientos adecuados y
proporcionales frente al soborno y la facilitación de
evasión fiscal. Fonseca Fortes-Furtado (2023a), por
su parte, sitúa la prevención de cárteles dentro del
análisis de riesgo permitido e idoneidad de los
controles. Las diferencias entre estos trabajos
responden principalmente al modelo jurídico
considerado: algunos ordenamientos conciben el
compliance como elemento del defecto
organizativo, otros como defensa, eximente o factor
de mitigación.
Aguilera Gordillo (2024) y Vargas Almonacid
(2025) refuerzan esta tendencia desde perspectivas
diferentes. Aguilera Gordillo relaciona la
responsabilidad con la existencia de un contexto
organizativo criminógeno y con la capacidad de los
controles para reducir oportunidades delictivas,
mientras que Vargas Almonacid vincula la eficacia
del modelo preventivo con la identificación de
actividades riesgosas y la implementación de
mecanismos de control dentro del sistema chileno
de delitos económicos. En ambos casos, la
evaluación se desplaza desde la conducta aislada de
la persona física hacia la calidad de la organización
empresarial.
La ausencia de un desarrollo equivalente del
principio de confianza y de la prohibición de regreso
delimita el alcance de estos resultados. Suárez
(2023) muestra que categorías relacionadas con la
división del trabajo, la especialización y la
delimitación de competencias resultan útiles para
analizar la responsabilidad del oficial de
cumplimiento. No obstante, ese análisis permanece
centrado en responsabilidad individual. Por ello, la
revisión no permite afirmar que exista una recepción
integral de la imputación objetiva en la
responsabilidad de la persona jurídica, sino una
utilización predominantemente vinculada con la
creación, incremento y control del riesgo.
Respecto de la PI2, la distribución temporal de
los 21 estudios fue: un artículo en 2011; dos en
2016; dos en 2018; uno en 2019; uno en 2021; tres
en 2022; cuatro en 2023; cuatro en 2024; y tres en
2025. De los 21 artículos, 15 fueron publicados
entre 2021 y 2025, mientras que seis corresponden
al periodo 2011-2019. Los años con mayor número
de publicaciones fueron 2023 y 2024, con cuatro
estudios cada uno. Esta evolución temporal es
coherente con Li & Liu (2022), quienes describen la
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expansión del corporate compliance en la
investigación penal china, y con Zazzaro (2025),
quien identifica una creciente consideración de la
culpa organizativa y de los mecanismos internos de
prevención en el Derecho de la Unión Europea.
La distribución geográfica tampoco revela un
único modelo de responsabilidad. España aparece
como ámbito exclusivo o compartido en seis
estudios, mientras que el corpus incorpora además
investigaciones correspondientes a Italia, Reino
Unido, Alemania, Portugal, República Checa,
Suiza, China, Estados Unidos, Perú, Argentina,
Colombia, Chile y la Unión Europea. Esta
diversidad coincide con Chirino (2023), quien
advierte que el defecto de organización y los
programas de cumplimiento reciben funciones
diferentes según el modelo nacional de
responsabilidad. Menéndez Conca (2024) confirma
esta heterogeneidad en la comparación entre Perú y
Argentina, mientras que Vargas & Vargas Lozano
(2024) muestran que incluso el valor procesal del
programa depende del modelo sustantivo adoptado.
Por ello, los efectos identificados en la revisión —
exención, exculpación, atenuación, mitigación o
defensa— deben interpretarse dentro de cada
sistema y no como categorías equivalentes.
Esta cuestión resulta especialmente relevante
para el contexto peruano. Palomino (2023) advierte
que no debe confundirse la atribución de la conducta
realizada por miembros de la dirección con la
acreditación de un ilícito propio de la persona
jurídica. Los resultados de la revisión respaldan esa
distinción: la atribución corporativa exige
comprobar si el delito se relaciona con un déficit
propio de organización y no únicamente con la
actuación ilícita de una persona natural vinculada
con la empresa.
La PI3 muestra la mayor convergencia entre
los estudios incluidos. Los 21 artículos aportan
criterios de eficacia que pudieron sistematizarse en
ocho dimensiones: identificación del riesgo, diseño
preventivo, autonomía de la función de
cumplimiento, cultura de legalidad, detección,
reacción, seguimiento y actualización, y evidencia
del funcionamiento efectivo. Esta sistematización
coincide con Matallín (2024), quien plantea la
necesidad de desarrollar parámetros capaces de
objetivar la eficacia de los programas previstos en el
artículo 31 bis del Código Penal español.
La comparación entre Neira Pena (2016),
Kotlán et al., (2023) y Vargas & Vargas Lozano
(2024) permite precisar que el elemento decisivo es
la ejecución del sistema. Neira Pena exige
adecuación al riesgo concreto e implementación
efectiva; Kotlán et al., (2023) incorporan
prevención, detección y reacción; y Vargas &
Vargas Lozano requieren verificar la correcta
identificación de riesgos, la idoneidad de las
medidas y su aplicación práctica. Estos resultados
permiten diferenciar la existencia formal del
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programa de su eficacia jurídico-penal sin necesidad
de asumir que toda infracción cometida dentro de la
empresa evidencia automáticamente un fallo del
sistema.
Precisamente, Gullo (2023) formula la
eficacia en términos de reducción significativa y
riesgo tolerable, mientras que Teichmann,
Wittmann & Boticiu (2023) consideran que un
sistema integral puede disminuir la exposición penal
sin eliminarla completamente. Christmann & Klein
(2024) añaden que la estructura normativa de
incentivos también condiciona la eficacia del
monitoreo interno. Estos hallazgos permiten
sostener que el criterio relevante no es el riesgo cero,
sino la existencia de medidas proporcionadas al
riesgo que podían razonablemente exigirse antes de
la comisión del hecho.
Una diferencia adicional aparece entre el valor
del compliance anterior y posterior al delito. El
primero resulta relevante para valorar la creación y
control del riesgo; el segundo aparece
principalmente asociado con investigación interna,
cooperación, remediación, autodenuncia o
reorganización. Jimenez (2019), Teichmann,
Wittmann & Boticiu (2023), Vargas & Vargas
Lozano (2024) y Zazzaro (2025) incorporan estas
actuaciones posteriores con efectos que oscilan
entre mitigación, reducción de consecuencias y
valoración favorable de la respuesta corporativa.
Esta diferenciación es relevante porque las
actuaciones posteriores no modifican
retrospectivamente la calidad del riesgo creado,
aunque sí pueden resultar jurídicamente
significativas para otras consecuencias.
A partir de estos resultados, la principal
aportación de la revisión consiste en identificar una
secuencia común para valorar la función
exoneradora del compliance: identificación previa
de los riesgos, adopción de controles adecuados y
proporcionales, implementación efectiva y
mantenimiento del riesgo residual dentro de
parámetros jurídicamente aceptables. El efecto del
programa depende, por ello, del modelo de
responsabilidad adoptado y de la relación entre el
riesgo materializado y las medidas que
razonablemente podían exigirse a la organización.
La revisión presenta cinco limitaciones
principales. La búsqueda se realizó exclusivamente
en Scopus, por lo que pudieron quedar fuera
artículos relevantes publicados en revistas no
indexadas en dicha base. Además, los criterios de
inclusión excluyeron libros, capítulos, tesis, actas y
working papers, formatos particularmente
relevantes para la elaboración dogmática en
Derecho penal. Una tercera limitación deriva de la
heterogeneidad de los modelos jurídicos analizados,
que impide equiparar automáticamente los efectos
de exención, atenuación, defensa o mitigación. La
cuarta corresponde al predominio de
investigaciones doctrinales y normativas, lo que no
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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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permite establecer causalmente cuánto reduce un
programa la comisión efectiva de delitos
financieros. Finalmente, la ausencia de estudios que
desarrollen autónomamente el principio de
confianza y la prohibición de regreso restringe la
posibilidad de evaluar todas las categorías
inicialmente previstas en PI1.
Estas limitaciones delimitan las futuras líneas
de investigación. Resulta necesario estudiar
específicamente la aplicación corporativa del
principio de confianza y de la prohibición de
regreso, especialmente en empresas con división
funcional del trabajo y competencias fragmentadas.
También se requieren estudios jurisprudenciales
comparados que examinen cómo los tribunales
valoran la idoneidad del programa y el riesgo
permitido. Mongillo (2024) ofrece una referencia
relevante al mostrar la utilización de categorías
próximas al pronóstico póstumo en la jurisprudencia
italiana.
Otra línea debería orientarse a construir
indicadores verificables de eficacia ex ante. Las
ocho dimensiones identificadas en esta revisión
podrían utilizarse para elaborar instrumentos
comparativos que permitan valorar mapas de riesgo,
controles internos, autonomía, capacitación,
monitoreo, canales de denuncia, investigación,
reacción y actualización según el delito financiero
considerado. Ello permitiría avanzar frente al
problema señalado por Matallín (2024) y Fonseca
Fortes-Furtado (2023b) respecto de la
indeterminación de los estándares jurídicos de
eficacia.
Finalmente, se requieren estudios empíricos
que complementen la construcción dogmática. La
literatura incluida permite conocer qué medidas son
consideradas jurídicamente relevantes, pero no
establecer cuál es su eficacia real para disminuir
lavado de activos, fraude, corrupción, delitos
tributarios o infracciones de competencia. La
integración de métodos de criminología corporativa,
análisis organizacional, auditoría y Derecho penal
permitiría determinar qué configuraciones de
compliance producen una reducción verificable del
riesgo.
Donde los resultados nos permiten sostener
que el compliance puede cumplir una función de
exclusión o debilitamiento de la imputación
corporativa cuando acredita que la organización
gestionó de manera adecuada los riesgos propios de
su actividad. La conclusión no depende de la
presencia formal del programa ni de la sola
ocurrencia del delito, sino de comprobar si, antes de
la materialización del resultado, la empresa había
identificado el riesgo relevante, establecido
controles idóneos y ejecutado efectivamente las
medidas necesarias para mantenerlo dentro de
límites jurídicamente admisibles. Esta función
aparece consolidada principalmente alrededor del
riesgo permitido, el riesgo jurídicamente
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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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desaprobado y el defecto de organización, mientras
que el principio de confianza y la prohibición de
regreso permanecen como categorías pendientes de
mayor desarrollo en la responsabilidad penal
corporativa.
Conclusiones
La revisión sistemática integró 21 artículos
científicos y permitió identificar una relación
consistente entre la eficacia material de los
programas de compliance y la delimitación del
riesgo penalmente relevante en la responsabilidad
corporativa por delitos financieros. De los 21
estudios, 12 respondieron directamente a la
pregunta vinculada con los criterios de imputación
objetiva, mientras que los 21 aportaron información
sobre producción científica y estándares de eficacia.
Los resultados muestran que las categorías con
mayor presencia fueron el riesgo permitido o
tolerable, el riesgo jurídicamente desaprobado, la
debida diligencia, la reducción significativa del
riesgo y el defecto de organización.
En contraste, el principio de confianza y la
prohibición de regreso no fueron desarrollados de
manera autónoma como criterios de exclusión de
responsabilidad de la persona jurídica. Asimismo,
los estándares de eficacia identificados
convergieron en ocho dimensiones: identificación
del riesgo, diseño preventivo, autonomía de la
función de cumplimiento, cultura de legalidad,
detección, reacción, seguimiento y actualización, y
evidencia del funcionamiento efectivo.
En respuesta al objetivo de investigación, se
concluye que los programas de compliance pueden
funcionar como mecanismos de exclusión o
debilitamiento del riesgo jurídicamente
desaprobado cuando permiten demostrar que la
persona jurídica identificó previamente los riesgos
propios de su actividad, adoptó medidas idóneas y
proporcionales para controlarlos y las implementó
efectivamente antes de la materialización del
resultado.
La relevancia exoneradora del compliance no
deriva de su mera existencia formal ni de la
presencia de códigos, protocolos o certificaciones,
sino de su capacidad real para mantener el riesgo
residual dentro de niveles jurídicamente admisibles.
En consecuencia, la comisión de un delito financiero
dentro de la organización no acredita por sí sola la
existencia de un defecto organizativo, del mismo
modo que la existencia de un programa de
cumplimiento no excluye automáticamente la
imputación corporativa.
Por tratarse de un artículo de revisión
sistemática, estas conclusiones representan una
síntesis de la evidencia doctrinal, comparada,
normativa y jurisprudencial disponible en los
estudios incluidos, y no una medición empírica del
efecto causal del compliance sobre la reducción
efectiva de la criminalidad financiera. La
ISSN: 2665-0398
Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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heterogeneidad de los modelos de responsabilidad
analizados también exige distinguir los efectos
jurídicos atribuidos al programa, pues en los
distintos ordenamientos pueden presentarse como
exención, exclusión, exculpación, atenuación,
mitigación o defensa. Por ello, la principal
contribución del estudio consiste en sistematizar el
vínculo entre gestión del riesgo, defecto de
organización y eficacia del compliance dentro de la
estructura de imputación corporativa.
Finalmente, los resultados evidencian la
necesidad de profundizar en aquellos criterios de
imputación objetiva que permanecen
insuficientemente desarrollados en el ámbito
corporativo, en particular el principio de confianza
y la prohibición de regreso. También resulta
necesario avanzar hacia estudios jurisprudenciales
comparados y hacia la construcción de indicadores
verificables de eficacia ex ante que permitan valorar
de forma homogénea la calidad del diseño,
implementación, monitoreo y reacción del
programa frente a riesgos financieros concretos. Del
mismo modo, futuras investigaciones empíricas
podrían complementar la aproximación dogmática y
establecer en qué medida determinadas
configuraciones de compliance reducen
efectivamente la incidencia de lavado de activos,
corrupción, fraude, delitos tributarios y otras formas
de criminalidad económica.
Referencias
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